BRENDA ELGUEA | @CCSJPuebla

Cada dato generado en materia de seguridad y justicia por distintos organismos y gobiernos es un reflejo certero de la realidad a la que nos enfrentamos. Citamos por ejemplo al INEGI, que en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) nos permite conocer que 93 de cada 100 personas en México no denunciaron el delito del que fueron víctimas. Otro ejemplo, en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), del mismo instituto, la percepción de inseguridad en Puebla alcanzó el 88 por ciento.

Ante estas y otras tantas cifras que a diario robustecen la percepción negativa sobre la seguridad en nuestras comunidades, la población tiene más estímulos para mostrar apatía y desanimo, incluso decidiendo no involucrase en la solución de estos problemas. En algunos casos esto va más allá, al no ser parte de los procesos más relacionados a la participación ciudadana, los electorales. De ello ya tuvimos cuenta en los pasados comicios celebrados en todo el país. 

Mauricio Merino en La participación ciudadana en la democracia (INE, 2013) señala que, una vez constituidos los órganos de gobierno, ejecutivos o legislativos en distintos ámbitos de gobierno, la participación se convierte en el medio para hacerse presente en la toma de decisiones políticas. Esa es la parte central del asunto, incidir en los procesos sociales, políticos y económicos de nuestro entrono y desde luego en materia de seguridad pública.

El actuar de la autoridad ha venido desarrollándose en su mayoría de forma aislada, sin procesos claros y abiertos que permitan detonar mecanismos de gobernanza que legitimen sus acciones. También reconocemos la existencia de apertura por parte de actores políticos, cada vez más, pero aún resta mucho para lo óptimo. Es preciso ahora hacernos la siguiente pregunta ¿qué pasaría si colaboramos con la autoridad continua y efectivamente? Seguramente una sociedad organizada y colaborativa permitiría el desarrollo de un mejor trabajo por parte de las instituciones policiales y en general de todo el aparato público. La relación ciudadanía – autoridad debe estar más sana y viva que nunca.

La dimensión de los problemas en materia de seguridad que nos aquejan ha rebasado a las autoridades, no es tema exclusivo de la decisión política sino de la sociedad en su conjunto. Así como ésta produce a los gobernantes que tenemos, también produce a los delincuentes que nos acechan. El contrato social mediante el cual cedíamos ciertas libertades a cambio de seguridad cada día se agota más, al menos en nuestro contexto. La seguridad ciudadana tan necesaria ahora nos corresponsabiliza a ambas partes, personas e instituciones.

En el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado nos preocupamos y ocupamos por ser un canal pertinente y de confianza entre las autoridades y la ciudadanía. Fomentamos en distintas colonias y comunidades la prevención de la violencia y la delincuencia provocando la acción de quienes viven en ellas para tener un protagonismo central en la generación de ambientes seguros. 

Un punto importante es la concienciación sobre la importancia de denunciar los hechos delictivos. Principalmente para abatir la cifra negra, aquella cifra que estima los delitos cometidos, pero no denunciados; lo que permitiría conocer con mayor certeza la actuación, operatividad y comportamiento de quienes delinquen, facilitando datos para actuar con base en información.

Actualmente el proceso de denuncia se percibe como lento e incluso revictimizante en muchos casos. La desconfianza en la autoridad nos aleja de las ventanillas, sin embargo, debemos denunciar para coadyuvar en el abatimiento de la impunidad y lograr mediante la participación de las y los actores sociales transformar para bien nuestros entornos, haciéndolos más seguros.

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