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Esta semana se dio a conocer el resultado del programa de Monitoreo Ciudadano en Agencias del Ministerio Público que realizan en colaboración la organización México Unido Contra la Delincuencia y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla. El método fue la aplicación de encuestas para medir la percepción del servicio que recibieron las y los usuarios que acudieron a realizar una denuncia en alguna de las siguientes unidades de la Fiscalía General del Estado (FGE): la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, la Unidad de Atención Temprana Metropolitana y la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos.
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Durante 14 meses, un equipo de tres monitoras y posteriormente un monitor, realizaron más de 2 mil 200 entrevistas a quienes habían sido despojados de un reloj o de un vehículo, personas a quienes además de quitarle su patrimonio les fue robada su tranquilidad. También, conocieron casos de violencia sexual contra muchas mujeres, algunos hombres, niñas, niños y adolescentes. Historias muchas, soluciones pocas.
La credibilidad y confianza hacia el sistema de procuración de justicia en México están ampliamente debilitadas. Simple y sencillamente las personas ni acuden a denunciar ni esperan que pase algo con su denuncia, mucho menos que haya castigo para los delincuentes. Puebla no está en otro contexto. El desgaste gubernamental mantiene enfermas a las instituciones.
En Puebla la cifra negra es de 93.2%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018. Las principales causas para la no denuncia son la pérdida de tiempo, la desconfianza en la autoridad, minimización del delito, actitudes hostiles y el miedo a las represalias. Pero la principal razón por la cual no se inició una carpeta de investigación es la actitud hostil, y esta es totalmente atribuida a las y los funcionarios públicos que forman parte de los procesos de atención a víctimas del delito.
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Para transformar hay que diagnosticar. A partir de un convenio de colaboración con la Fiscalía del Estado y la apertura para contar con una aproximación verás de la situación real de la atención a denunciantes, fue que desde marzo de 2018 y hasta julio de 2019 se operó la primera etapa de este monitoreo. El cambio con el que las Unidades evaluadas han respondido se aprecia en tres momentos. La calificación promedio en el primer diagnóstico fue de 4.9 puntos de 10, es decir, reprobatoria. Para el primer semestre, octubre 2018, la calificación fue de 7.2 puntos. La calificación global de este periodo con corte al reciente julio culminó en 7.0 puntos.
A partir de este ejercicio, se han realizado recomendaciones a las y los tomadores de decisiones en la FGE, traduciéndose en avances en los procesos de atención hacia las personas. Mejor trato a las víctimas, disminución en los tiempos de atención, brindar orientación e información sobre las etapas de la denuncia son algunos de los progresos obtenidos.
Por otro lado, la falta de estándares que permitan a la víctima ser plenamente informada sobre su situación, la ausencia de procesos de atención institucionalizados y la sensibilización del personal ante la situación de quienes denuncian son los pendientes y retos que la FGE habrá de subsanar para reconstruir la confianza y así asegurar el siguiente paso, incrementar la denuncia.
Aún hay mucho por hacer, el reto es que en una segunda etapa estas Unidades alcancen una mayor calificación y que los resultados de hoy sean los ajustes de mañana. Aunque este programa es realizado por la sociedad civil, la calificación final la otorga la ciudadanía.
