CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
Esta semana el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realiza la edición XI de la Semana de la Seguridad Ciudadana, este evento es considerado el más importante en América Latina y el Caribe en materia de seguridad y justicia. Expertos, analistas, académicos y representantes de gobiernos nacionales y locales se reúnen para debatir problemáticas comunes y distintas propuestas de solución en la región.
Como antesala del foro se compartieron datos significativos: América Latina concentra el 33% de los homicidios en el mundo tan sólo con el 9% de la población, de estos, la mitad son cometidos por personas menores a los 29 años. Y aunque el porcentaje de homicidios que se resuelve, según el mismo BID, es menor a 10%, las poblaciones que habitan las cárceles son más altas. En suma, el costo de la violencia en Latinoamérica se estima en 3% del PIB.
Para este organismo multilateral “… un enfoque balanceado de prevención social y fortalecimiento del Estado de Derecho son la combinación idónea para lograr el objetivo de seguridad sostenible al que todos aspiramos”, y en ambas una buena relación autoridad – ciudadanía es imprescindible.
Nathalie Alvarado, coordinadora del área de seguridad ciudadana y justicia del BID y encargada del discurso de apertura de la Semana de Seguridad Ciudadana compartió algunas de las premisas surgidas de un poco más de 20 años de intervenciones para mejorar la seguridad en la región, todas basadas en evidencias y el propio conocimiento acumulado que a continuación compartimos.
Es interesante cómo es que a partir de un conocimiento general de la actividad criminal en muchos países que no son del todo diferentes, se pueden delinear políticas sostenibles para enfrentar un problema de tan distintas y convergentes causas. Los principales esfuerzos se han centrado en prevenir la violencia en zonas de riesgo y la que afecta directamente a grupos en situaciones vulnerables. Otro más se centra en mejorar las instituciones encargadas de combatir y prevenir el crimen.
La población objetivo ha sido identificada en jóvenes de entre 15 y 19 y mujeres. El patrón común de la violencia alrededor de la juventud se relaciona con violencia intrafamiliar, abuso de drogas y alcohol, entornos violentos, falta de oportunidades educativas o laborales; sin dejar de mencionar la indiferencia del Estado. Estos entornos acercan a la juventud hacia la delincuencia. Para las mujeres, la violencia de género y la desigualdad siguen siendo el gran pendiente en nuestras sociedades. En los últimos años estos dos grupos se han visto inmersos en la violencia que rodea al fenómeno de la migración. Vulnerables en casa, vulnerables en todos lados.
Trabajar en la prevención es sin duda la inversión del futuro. Existen ya ejemplos de los buenos resultados de programas aterrizados en las comunidades para protección de los grupos señalados. Otros programas han puesto sus esfuerzos en reducir la probabilidad de reincidencia delictiva mediante cambios conductuales.
Otro elemento importante es la transformación de las instituciones de seguridad y justicia, donde el desarrollo institucional debería ser una premisa sin descanso. La falta de voluntad política, la resistencia natural de las instituciones y sobre todo la falta de inversión pública obstaculizan la tan necesaria innovación. Mantener ese ritmo institucional no solo representa costos económicos en términos de eficiencia en el manejo de los recursos, también implica pérdida de confianza y alta percepción de impunidad. Casi el 40% de ciudadanos de la región confía en la policía y las instituciones de justicia, según Latinobarómetro.
Invertir más no necesariamente significar invertir bien. El BID ha guiado intervenciones en Argentina, Chile y Costa Rica mediante Planes Estratégicos que focalizan su actuar en el capital humano y en promover políticas de género incluyentes. Los apoyos también han significado adquirir herramientas tecnológicas que permiten desarrollar inteligencia no solo para atacar sino para predecir el crimen. La transparencia y rendición de cuentas no solo permiten gastar mejor, también incentivan la confianza ciudadana, jugando un papel primordial en los rediseños institucionales.
El BID en su rama de seguridad vislumbran retos en cuanto a la seguridad en la región que habrán de consumir recursos tecnológicos, de inteligencia, económicos y de capital humano que los gobiernos deben ya considerar: los delitos cibernéticos y la violencia y delincuencia generada alrededor de la migración.
En cada uno de los ejemplos mencionados la participación ciudadana es actor, vigilante de la operación y fiel evaluador de los resultados.
Al cierre de su intervención, Nathalie Alvarado comparte una frase de Bill Bratton, un referente en la transformación de los principales cuerpos policíacos en EEUU que encierra una necesidad colectiva para revitalizar las instituciones de seguridad y justicia que merecemos y que promueve la corresponsabilidad: “Reducir el crimen no solo depende de tener buenos policías, sino también de una sociedad que no abandona”, y ahí está la tarea de todas y todos, no abandonar.
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