PALOMA FERNÁNDEZ | @PalomaPEN

Puebla fue testigo de la manifestación estudiantil más grande de los últimos años la mañana del jueves 5 de marzo de 2020. Cientos de miles de estudiantes salieron a las calles para exigir justicia por el triple homicidio de alumnos de dos de las principales universidades del estado y de un conductor de Uber.

La marcha sentó a los representantes del movimiento, agrupados en el Comité Estudiantil Interuniversitario Puebla (CEIP) y la Asamblea 25/02, en una mesa de negociación con el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Se pactaron varias cosas, aunque quizá la más importante haya sido la promesa de crear una Fiscalía especializada para la atención de la comunidad estudiantil.

La propuesta no surgió de ningún representante del CEIP ni de la Asamblea, sino de un joven al que el gobernador llamó directamente a la mesa de negociación, Javier Morán, egresado de la Facultad de Medicina de la BUAP que, tras haber discutido brevemente con el gobernador durante la marcha, fue invitado a participar en la mesa.

Desde entonces, la Fiscalía especializada ha provocado al CEIP más dudas que certezas. En parte porque fue propuesta por Morán, cuya fortuita aparición generó suspicacias entre los representantes estudiantiles, a tal grado que incluso llegarían a vetarlo de las futuras reuniones con las autoridades, según su testimonio.

La operatividad de este órgano de procuración de justicia escindió las opiniones del movimiento estudiantil, y esto fue aprovechado por las autoridades. La creación de la Fiscalía especializada nunca se hizo oficial y el gobernador de Puebla responsabiliza por esto a los propios estudiantes.

El gobierno del estado: el dedo que apunta hacia los universitarios

El resultado inmediato de la megamarcha estudiantil fueron las mesas de negociación entre grupos estudiantiles y el gobierno del estado. Ambas partes se dijeron abiertas al diálogo y al trabajo conjunto para dotar de seguridad y justicia a la comunidad estudiantil poblana.

Al gobierno del estado le tomó pocos días habilitar lo necesario para la Fiscalía especializada para la atención de la comunidad estudiantil.

Según Javier Morán, lo que él propuso fue la adecuación de un módulo especial de atención a universitarios. Pero, cinco días después de la marcha, el fiscal general Gilberto Higuera Bernal ya había habilitado un inmueble para establecer allí una Fiscalía especializada.

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El 13 de marzo, el Congreso de Puebla aprobó varias modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para crear varias Fiscalías especializadas propuestas por el gobernador. Pero nunca se incluyó la referente a la comunidad universitaria.

La oposición, revestida entre diputados del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, propuso en dos ocasiones que se incluyera la creación de esta Fiscalía. Pero dos veces fue rechazada por los votos de una mayoría integrada por Morena y sus aliados.

La primera con 16 votos en contra, y únicamente cinco a favor; la segunda ocasión con 12 votos a favor y 15 votos en contra.

Al día siguiente, 14 de abril, Miguel Barbosa declaró la cancelación de la Fiscalía ya que, según él, los mismos estudiantes declararon el proyecto como “algo pendiente y sin definición”, omitiendo que la reticencia de los diputados del grupo en el poder ya había influido en la constitución del marco jurídico de este órgano.

Universitarios: las dudas sobre la Fiscalía

Y, en parte, es cierto. Días antes, el 10 de marzo, representantes del CEIP se reunieron con el fiscal general Gilberto Higuera Bernal. Al salir del encuentro, los estudiantes dijeron que la Fiscalía especializada debía contar con una verdadera “utilidad social”, un reglamento y una línea operativa que requería más tiempo.

Esto fue utilizado por Barbosa Huerta para decir que por decisión de los estudiantes el órgano de procuración de justicia ya no sería creado.

No obstante, José M. Saavedra, vocero oficial de dicho Comité, asegura en primera instancia que ningún integrante del movimiento ha cancelado ni rechazado la creación de la Fiscalía especializada, sino que se ha pedido explicar más a fondo cómo se constituirá: desde las instalaciones, hasta el personal que ahí laboraría.

 “No la rechazamos; lo que pedimos fue que se nos informara qué iba a ser, no queríamos que simplemente se dijera: ah sí, ya está el edificio, ya está el nombre, y que hasta ahí se queda. Sabemos muy bien que hay propuestas como hospitales que se crean y están vacíos, hay propuestas que no tienen realmente un trasfondo, entonces no queremos que pase eso, queremos que, si se hace, se haga bien”, afirma en entrevista con Manatí.

Igualmente afirma que las instalaciones que se ofrecieron no han sido visitadas por ningún miembro del CEIP, por lo que hace falta que éstas sean revisadas.

Un solo asistente a la marcha conoció el inmueble: Javier Morán. Aunque las organizaciones dijeron que no acudirían a revisar las instalaciones porque era 9 de marzo, Día del Paro Nacional de Mujeres, Morán, por cuenta propia, decidió ir y reunirse con el fiscal general y el abogado general de la BUAP.

“Yo le dije al fiscal: ‘no, no, si quiere el lunes, el lunes nos vemos’, y que nos vemos el lunes en la Fiscalía nada más el fiscal, el abogado de la BUAP y yo, porque mis compañeros no quisieron ir porque el 9 ninguna se mueve“, afirma en una entrevista solicitada a Manatí para dar su versión de los hechos.

La Fiscalía para universitarios: ¿una propuesta sembrada?

La reticencia del CEIP a la creación exprés de la Fiscalía especializada se debe a que no se discutió en las mesas previas de debate organizadas entre las universidades que conforman el movimiento.

El vocero oficial del CEIP reconoce que la propuesta, en principio, les generó sospechas al proceder de una persona a la que el gobernador invitó a la mesa de negociación.

 “Esa fiscalía surge de la idea de un muchacho, que invita el gobernador el día de la marcha. Ese día el gobernador salió a dar unas palabras, este chico lo increpa y el gobernador le dice: pues pasa (a las mesas de negociación). La verdad es algo que nosotros no teníamos contemplado, las personas que entraron de CEIP ya llevaban los pliegos petitorios, estaban revisados por expertos, tenían propuestas concretas. Entonces, de repente este chavo entra a la junta, se la plantea al gobernador y el gobernador dice ‘va’. La verdad a nosotros nos causó un poco de ruido porque no había surgido esa propuesta en las mesas de trabajo que habíamos tenido y no está incluida en los pliegos petitorios, entonces poco a poco se ha ido viendo la viabilidad”, explica.

Algunos de los estudiantes de Medicina han reprochado al Comité su supuesta exclusión de las mesas de negociación del gobierno y el movimiento estudiantil.

Morán lo explica: “Decidieron sacarnos a los representantes de la Facultad de Medicina siendo que ahí empezó todo. Se nos excluye a mi compañera Daniela (Daniela Soto, estudiante de la Facultad de Medicina) y a mí, entonces ya no supimos qué pasó”.

El egresado de Medicina asegura que los representantes del CEIP lo acusaron de tener motivos políticos, “intereses personales que jamás demostraron”, e impulsaron un acuerdo de confidencialidad entre las organizaciones y el gobierno para cerrarle toda posibilidad de participación.

Entre divergencias, declaraciones, acusaciones y deslindes, el principal acuerdo de aquella mesa de negociación no se ha cumplido. Las escuelas son el lugar en el que la gente se percibe más insegura en la capital del estado, según la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del Inegi.

Aunado a esto, la contingencia que atraviesa el país ralentizó todos los procesos para que este órgano de constituya.  No hay un plazo para que la promesa del gobierno del estado se cumpla al fin.

Aquel vocerío del 5 de marzo, esa extraordinaria multitud, es ya una vieja postal.