PALOMA FERNÁNDEZ | @PalomaPEN
Los efectos del confinamiento en los índices de violencia de género ya han arrojado sus primeros indicios.
En marzo, la Fiscalía General del Estado (FGE) contabilizó 981 denuncias por violencia familiar, la cifra más alta de la que se tenga registro en los últimos cinco años.
Además, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) colocan a Puebla como el quinto estado con mayor número de llamadas al 911 por violencia contra la mujer durante el primer trienio del año, al registrar un repunte del 27%.
El gobierno del estado, sin embargo, ha minimizado esta posible alza de casos de violencia contra las mujeres a causa de la adopción del confinamiento para prevenir los contagios por Covid-19.
En una conferencia de prensa ofrecida el 21 de abril, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, Raciel López Salazar, y el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, comentaron que en Puebla no se había registrado un alza en casos de violencia familiar, y que inclusive algunos de estos casos resultan “chuscos”.
Esta perspectiva preocupa a algunas activistas y organizaciones civiles que han velado por la erradicación de la violencia de género, como Natali Arias, directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (CAFIS) A.C.
“Me parece importante que un mandatario del nivel del gobernador se tome con seriedad este tema, que sea responsable con este tema y haga un llamado serio y no a trivializar este tipo de situaciones que están costando la vida de muchas mujeres”, sostiene.
Edurne Ochoa, presidenta de la asociación 33 Mujeres, agrega que la demanda de refugios de protección a mujeres en situación de violencia ha incrementado durante la contingencia sanitaria, y las autoridades no han destinado los recursos necesarios para atender estos recintos.
“Los centros de justicia para mujeres en Puebla nunca han funcionado su modalidad de refugios de tres días… sólo son tres días en lo que las mujeres buscan, y hasta la fecha no funcionan”, detalla.
A nivel nacional, dice, se prepara una estrategia denominada “Puerta Violeta”, que consiste en la apertura de refugios. “Pero en Puebla tenemos tres centros de justicia: uno en Puebla, otro en Tehuacán y otro en Acatlán de Osorio, aunque éste último no opera. Sólo tenemos dos, Tehuacán y Puebla, y ninguno tiene los recursos suficientes para operar como refugios de modalidad de tres días. ¿Para qué se abre otro elefante blanco como estos de “Puerta Violeta”?”, inquiere.
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Arias, por su parte, ha notado que las llamadas de atención psicológica a mujeres han aumentado. La mayoría llama para sobrellevar estados de ansiedad, depresión, estrés y otros efectos adversos causados por el confinamiento.
CAFIS, explica, ha puesto a disposición del público información de ayuda en casos de violencia de género, y ha acompañado las denuncias y el seguimiento de los procesos de casos relacionados con violencia familiar.
“Yo creo que es necesario el poner también en el centro, desde la perspectiva de género, a la población de mujeres; es decir, el tema de la violencia ya de por sí viene siendo una problemática muy importante en el contexto de Puebla, y creo que si bien estamos en un contexto que exige que también se invierta recursos en el tema de la salud, es muy importante seguir analizando estos temas que son estructurales de alguna manera y que siguen reproduciendo la desigualdad contra las mujeres”, insiste.
En tanto, Ochoa considera que la preocupación sobre el incremento de violencia contra mujeres durante el confinamiento en realidad tiene alcance internacional. Pero México, sin embargo, no cuenta con una estrategia integral para prevenir estos hechos.
“No se ha destinado presupuesto extraordinario ni se tiene una implementación integral… o no como la de otros países”, ilustra.
