MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
A las 2:30 de la madrugada del viernes 11 de septiembre, el juez Mario Cortés Aldama convocó a los equipos jurídicos del primer juicio en México por desaparición forzada cometida por particulares para anunciarles su fallo.
Hora y media más tarde, el juez declaró la absolución de los tres presuntos autores materiales del crimen cometido en contra del activista Sergio Rivera Hernández, quien hasta el 23 de agosto de 2018, día en el que fue secuestrado y desaparecido, ocupaba un papel central en el movimiento de resistencia indígena en contra de la instalación de un proyecto hidroeléctrico en Zoquitlán, municipio enclavado en la Sierra Negra de Puebla.
En su fallo, Cortés Aldama desechó el testimonio de dos mujeres que atestiguaron directamente el momento en que cuatro sujetos que viajaban a bordo de una camioneta Nissan Blanca interceptaron a Sergio Hernández, lo golpearon y lo hicieron subir al vehículo aquella tarde.
También descartó el testimonio del director del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien durante el juicio declaró el riesgo en el que Sergio Hernández se encontraba a causa de su activismo.
A decir del abogado David Peña, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, el fallo fue la culminación de un juicio plagado de irregularidades, sospechas de corrupción y racismo.
Todo el tiempo el juez nos generaba una sospecha de que tuviera algún interés de corrupción, que pudiera haber sido comprado por la contraparte, porque durante todo el juicio mantuvo esta conducta. Incluso se presentó una denuncia en su contra ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Puebla”, narró Peña en entrevista con Aristegui Noticias.
Un juez con sospechas de corrupción
Los tres presuntos responsables, Rogelio N., Victorino N. y Antonio N., fueron detenidos el 18 de septiembre del 2018 en las comunidades de Coyolapa y Tepexilotla, en el municipio de Zoquitlán, y desde entonces estuvieron encarcelados en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán.
Las dos mujeres que atestiguaron el secuestro de Sergio Rivera los identificaron, participaron como testigos en el juicio y, desde entonces, sus familias y ellas mismas se encuentran amenazadas, de acuerdo con Martín Barrios Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán.
“Todos los testigos están amenazados de muerte. Han estado protegidos por la Policía Estatal y el Mecanismo de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Pero las amenazas no han cesado”, declaró en entrevista con Manatí.
El testimonio de las dos mujeres fue minimizado por el juez Cortés Aldama debido a la sencilla razón de que eran hablantes náhuatl. Durante las audiencias forzó a las testigos a tratar de responder en español, bajo el argumento de que habrían sido “aleccionadas” para rendir su testimonio en el juicio.
“Para el juez esos testimonios no tuvieron ningún valor, y una parte importante fue porque las personas era indígenas, no hablaban muy bien el español, y el juez señaló que para él los testimonios no eran creíbles simplemente porque no eran en español”, abundó Peña.
Una minera, un alcalde, un crimen
El abogado explicó que los tres presuntos responsables actuaron con la aquiescencia de las autoridades municipales del ayuntamiento de Zoquitlán, que en aquel año era presidido por el perredista Fermín González León.
González León era promotor del complejo hidroeléctrico Coyolapa-Atzala, un proyecto impulsado por la empresa minera Autlán que en los municipios de Coyomeapan, San Sebastián Tlacotepec y, sobre todo, Zoquitlán.
Por esta razón, Barrios Hernández asegura que el motivo de fondo de la desaparición de Sergio Rivera fue la imposición de un proyecto que podría afectar gravemente al medioambiente de la región.
“Ese es el fondo de todo este conflicto. El proyecto hidroeléctrico causó la desaparición, junto con la vinculación del crimen entre las autoridades municipales. Porque los responsables de la desaparición no son pistoleros tradicionales, se volvieron sicarios”, insistió.
Tras el fallo de Cortés Aldama, el abogado David Peña anunció que se tratará de impugnar la sentencia ante otras instancias jurisdiccionales, además de que se presentará una nueva denuncia en contra del juez por su parcialidad y los vicios detectados durante el todo el proceso.
Además, hizo responsable al gobierno del estado por la integridad de la familia de Sergio Rivera, de su esposa y de sus cinco hijos, así como de las dos mujeres que participaron como testigos durante el juicio.
