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Hace más de un mes que Alejandra no ve a su hija Sofía, pero han ocurrido tantas cosas que parece haber pasado mucho más tiempo.

Para denunciar la sustracción de su pequeña a manos de su pareja, Arturo R., Alejandra ha ido a la Fiscalía local, a varias dependencias, a la Comisión Estatal de Búsqueda; ha sido revictimizada y ha tenido que sortear la lenta burocracia que impera en el proceso de levantar de una denuncia.

Y aun con todo este peregrinaje, como ella lo califica, no hay una sola autoridad que intervenga de forma directa para devolver a su pequeña de cinco años a su lado.

El conflicto entre Alejandra y su pareja comenzó el 21 de agosto. Ambos tuvieron una discusión que escaló al punto en el que los familiares de la madre intervinieron para proteger a Sofía, pues su padre, acompañado de su hermano —que es abogado—, amenazaban con llevarse a la menor.

Ambos se encontraban “bastante alterados”, como relata Alejandra en entrevista con Manatí, y comenzaron a tomar documentos oficiales de Sofía e incluso de ella. Documentos como el acta de matrimonio de ambos y el acta de nacimiento de la niña.

Todo eso ocurría por consejo del hermano de Arturo R., quien decía que se llevaría a Sofía para que visitara a su abuela paterna.

Mientras Sofía se encontraba a resguardo de su tío, un hermano de Alejandra, Arturo irrumpió y de forma violenta tomó a la niña frente a la mirada temerosa de otras dos pequeñas que se encontraban presentes.

El peregrinaje de institución a institución

En los días posteriores a lo sucedido, Alejandra intentó comunicarse con su esposo sin conseguirlo. La condición de encontrarse casada con él no es un hecho menor: fue uno de los pretextos para que la Fiscalía de Puebla decidiera no intervenir en el caso.

Cuando Alejandra visitaba la casa de la madre de Arturo, nadie le respondía. Después, cuando las llamadas ni siquiera daban tono, supo que habían bloqueado su número, junto con el de toda su familia.

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Para ella no hubo más camino que la vía legal. Entonces decidió acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se abriera una carpeta de investigación por la sustracción de su hija.

Pero cuando quiso denunciarlo, el ministerio público que la atendió le dijo que la investigación y las actuaciones policiales podrían ser mucho más sencilla si antes tramitaba su divorcio.

Alejandra se sintió desorientada al no saber ni el qué ni el cómo de todos los procesos legales de los que le hablaban, pues hasta entonces no había tenido ningún asesoramiento legal para enfrentarse a todo el peregrinaje.

Yo fui a cada institución que se me atravesó enfrente: llámese el DIF, llámese la Secretaría de Igualdad Sustantiva… fui a la Comisión de Derechos Humanos, fui a la Fiscalía…”, relata.

Ocho días después de que Arturo tomara a su hija, Alejandra acudió a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en donde las autoridades levantaron una ficha de búsqueda de la menor.

Pero 10 días después, el hermano de Arturo apareció en la comisión con una demanda de guardia y custodia de la niña ante juzgados civiles, con la que justificó que la niña no se encontraba desaparecida.

Lo que el hermano de Arturo no dijo es que el juez aclaraba, en el mismo proceso, que ninguno de los dos mantenía de forma provisional la custodia de la niña.

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Para Alejandra, su relación con Arturo tuvo pasajes marcados por la violencia. Él, según la madre, suele celarla y padece alcoholismo y abuso de sustancias.

“Mejoró muy parcialmente, o sea muy poquito pero sí se notó algo de mejoría. Por la misma situación yo viví mucha violencia de todo tipo y nunca denuncié nada, entonces no dejé ningún precedente”, explica.

Casos desvelan negligencia de la Fiscalía

Y, más de un mes después, Alejandra sigue separa de su hija. Su caso, que desvela toda una cadena de negligencias y revictimización, no ha sido el único.

A finales de abril, el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem) narró la historia de Karina Velázquez Martínez, quien tras decidir separase de su expareja, él sustrajo a uno de sus hijos y golpeó a otra de sus hijas.

Cuando quiso denunciarlo, la Fiscalía de Puebla le dijo un argumento similar al que le dieron a Alejandra: que la denuncia no procedía porque el menor era “hijo de los dos”.

Recientemente, la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género dijo que en el contexto de la contingencia sanitaria se registró un aumento de sustracción de menores en casos en los que los padres y las madres se encontraban divorciándose.

“Desafortunadamente la contingencia ocasionó la separación de familias, de los padres. Y este tipo de situaciones las hacen los padres en venganza contra la pareja en lugar de llegar a una conciliación“, explicó Catalina Pérez Osorio, titular de la dependencia.