En el estado, 14 municipios concentraron el 44 % de los homicidios con armas en 2019. Se encuentran exactamente sobre las cuatro rutas del tráfico de armas en Puebla. Segunda parte de un reportaje sobre homicidios, impunidad y armas.
MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
En los últimos cinco años, las autoridades locales han decomisado un arma de fuego cada dos días. Éstas han sido aseguradas en 118 municipios, pero eso no ha evitado que los homicidios con armas hayan aumentado 174% en el mismo lapso, es decir, de 2015 a 2019.
El trazo de las armas es también el trazo de la violencia. Porque los 14 municipios donde más armas se aseguraron en ese periodo fueron, a su vez, escenario del 44% de los 876 homicidios cometidos con armas el año pasado.
La lista la integran Puebla, San Martín Texmelucan, Palmar de Bravo, Tehuacán, Tepeaca, Huauchinango, Amozoc, Acatzingo, Izúcar de Matamoros, Esperanza, Chignahuapan, Acatlán, Cuautlancingo y Quecholac, donde en suma se cometieron 385 crímenes.
“Tiene todo el sentido que estos municipios tengan ese efecto de mayor aseguramiento”, dice el especialista Mauricio Saldaña Rodríguez. “En primer lugar, porque los grupos delictivos necesitan de esos insumos para trabajar, por lo que no pueden dejar de comprarlos. Y, en segundo lugar, esos municipios son parte de las rutas de tráfico de armas”.
Saldaña Rodríguez, que acumula una obra compuesta por más de dos docenas de libros en temas de seguridad, comunicación política y propaganda, ha rastreado al menos cuatro rutas de tráfico de armas en Puebla.
Éstas son la Sierra Norte, vía Veracruz; el corredor de Tehuacán y la Sierra Negra; la ruta Acatlán de Osorio-Izúcar de Matamoros, y la nodal, que es la de la ciudad de Puebla, con sus ramificaciones hacia la zona metropolitana del estado.
“El tema es que las armas no llegan solas a Puebla ni se trata de un producto que se compra por antojo; el incremento en el flujo de armas señala dos cosas: hay una gran cantidad de grupos delictivos que se están enfrentando en Puebla, y muchas personas están comprando un arma para protegerse”, explica el especialista.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado por lo menos 581 carpetas de investigación entre 2017 y 2019 por posesión ilegal de armas de fuego.
Por lo que respecta a las autoridades locales, entre 2015 y 2018 se aseguraron en promedio 172 armas. Ni más, ni menos. La tendencia es casi sospechosa, si se considera que para 2019, tras un cambio en el régimen político, se aseguraron 276 armas.
“Indudablemente que (el tráfico de armas en Puebla) cuenta con el beneplácito de las autoridades”, considera Saldaña Rodríguez. Y añade: “Hay personal policiaco que tiene los contactos apropiados para fungir como comisionista y vender un arma sin siquiera tenerla en las manos.”
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Las armas y la criminalidad
Los homicidios, sin embargo, son sólo uno de los 28 delitos que se encuentran asociados con la portación ilegal de armas, al menos en Puebla. Y prueba de ello son las cárceles del estado.
Hasta diciembre de 2019, en los centros penitenciarios de Puebla había por lo menos 262 personas recluidas por portación ilegal de arma, pero el 64% se encontraba en prisión por éste y por más delitos
Entre las 82 personas detenidas sólo por posesión ilegal, nueve de cada 10 portaban armas de uso exclusivo del Ejército y la Marina, como pistolas de 9 milímetros, metralletas, subametralladoras y un largo arsenal en el que lo mismo caben proyectiles que granadas.
El 97% de los detenidos son hombres y el 92% se encuentra recluido en el centro de reinserción social de San Miguel, ubicado en la capital. El resto se divide en la prisión de Tepexi de Rodríguez y en la cárcel de Ciudad Serdán, según información obtenida a través de solicitudes de información.
El resto de los reos fue apresado por poseer un arma y por haber cometido otro o varios delitos. Es frecuente que a un solo detenido se le impute el delito de portación ilegal de armas y otros cinco o hasta seis delitos.
Por ejemplo, en 75 casos a los reos se les imputaron también delitos contra la salud, que incluye la producción, el transporte, el comercio, el suministro, la importación, la “propaganda o actos de publicidad” y la posesión de drogas.
Entre estos 75 casos, en 27 se trató de personas presuntamente vinculadas al tráfico de metanfetamina, 20 de marihuana, 18 por clorhidrato de clobenzorex —un estimulante similar a las anfetaminas—, ocho por cocaína y dos por heroína.
Los siguientes delitos más frecuentes que se impusieron a los reclusos fueron homicidio calificado y homicidio simple en grado de tentativa, con 25 y 26 casos; robo de autotransporte, con 26 casos; delitos cometidos contra servidores públicos, con 20; secuestro exprés y secuestro tradicional, con 18 y 10 casos, respectivamente; y detentación de vehículo robado y robo de vehículo, con 14 y 9 casos.
Sólo a dos presos se les impuso delito de delincuencia organizada; a cuatro más se les imputó el delito de asociación delictuosa y a ocho más delitos en materia de hidrocarburos.
