Una tregua de 50 años ha llegado a su fin. La relación entre el gobierno del estado y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) arribó a un punto de quiebre con el asomo de una “persecución política” hacia el rector Alfonso Esparza Ortiz y la posibilidad de una movilización estudiantil masiva como respuesta.
La liga parece haberse roto desde que la Auditoría Superior del Estado (ASE) —un órgano autónomo pero con un titular afín al gobernador Miguel Barbosa Huerta— denunció penalmente al rector por los presuntos delitos de operaciones simuladas, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Una semana después, la tarde del jueves 29 de octubre, Esparza Ortiz se dijo objeto de amenazas y de “varias denuncias sin fundamento” contra él y otros integrantes de su familia, y aseguró que el origen de éstas es resultado de haberse negado a renunciar para que el gobierno del estado impusiera a un rector.
También consideró que el momento actual es uno de los más grandes episodios de persecución en la historia de la universidad y llamó a evitar “cualquier manifestación que pueda tornarse violenta”, con lo que trajo al presente el recuerdo de los convulsos años 60.
“Estoy aquí para dar la cara por los estudiantes, catedráticos, trabajadores de esta institución y, si es necesario, por todos y cada uno de los poblanos que quieren un estado más justo. Si es necesario, vamos a rebasar las fronteras de esta universidad para defender el Estado de derecho”, afirmó durante una sesión del Consejo Universitario.
La declaración bien podría considerarse un banderazo electoral si se agrega que, minutos antes del posicionamiento del rector, el Consejo Universitario proyectó un video que capitulaba no sólo los amagos de Barbosa Huerta contra Esparza Ortiz, sino sus contradicciones en otros temas, como la supuesta venta de niños a través del Sistema Estatal DIF, su baja aprobación en encuestas y protestas policiacas.
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La advertencia de la movilización
El posicionamiento del rector capituló una sesión en la que el Consejo Universitario acusó una “persecución política” hacia Esparza Ortiz y su familia, a la cual advirtió que respondería, entre otras acciones, con una masiva movilización estudiantil.
“¿Acaso quieren que salgamos a las calles? ¿Qué hagamos marchas? ¿Qué regresemos a esas viejas prácticas?”, amagó Fernando Lazcano, director de la Facultad de Ingeniería.
Y casi instantáneamente lo secundó el director de Fisiología, Eduardo Monjaraz: “Estamos listos para movilizarnos… no sólo en la ciudad o el estado, ¡sino en todo el país!”.
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Por su parte, Francisco Manuel Vélez Pliego, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” (ICSyH), sugirió que se convoque a los diputados federales y senadores que integran las comisiones de Cultura y Educación en San Lázaro para denunciar las acciones del gobierno del estado frente a la universidad.
“Hay varios otros órganos a partir de los cuales se está configurando una ofensiva política que tiene un claro interés con los procesos electorales que vamos a vivir el año que entra”, aseveró.
Un par de horas después, el gobierno del estado respondió a través de un comunicado que no existía persecución ni hostigamiento hacia ninguna persona en particular, además de que respetaba la autonomía de la universidad, aunque ésta no era sinónimo de “aislamiento, ni actuar al margen del ordenamiento jurídico”.
“El rector no personifica la autonomía universitaria de la BUAP (…) Que se deje de utilizar como argumento la autonomía universitaria para confundir a la comunidad de la BUAP y a la opinión pública”, manifestó.
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El origen de la disputa
Miguel Barbosa visitó al Consejo Universitario durante las dos campañas a la gubernatura realizadas en 2018 y 2019 y, al menos en lo público, no parecía tener diferencias con el rector.
Pero un par de meses después de rendir protesta al cargo, en octubre de 2019, instó a Esparza Ortiz a transparentar el uso de recursos ejercidos en el equipo de futbol Lobos BUAP.
Después, el auditor general Francisco Romero Serrano, quien públicamente participó en la campaña del gobernador antes de ser nombrado titular de la ASE, apuntaló una auditoría en tiempo real a los recursos que la universidad ejerció durante el año pasado.
En enero, las autoridades universitarias promovieron un amparo al aducir que los recursos que recibía la institución eran federales, por lo que su fiscalización no era competencia de la ASE, sino de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Después, la universidad plantó cara al gobierno del estado con una campaña en contra del reemplacamiento de vehículos, una medida con la cual la administración de Barbosa Huerta pretendía recaudar al menos 500 millones de pesos durante este año
La universidad dispuso todo un bufete jurídico para que los ciudadanos tramitaran amparos en contra del reemplacamiento. Hasta finales de febrero pasado, la institución presumía que más de 2 mil ciudadanos ya habían realizado el registro previo al amparo.
La disputa se mantuvo en vilo hasta junio, cuando se hizo público que la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno del estado había denunciado penalmente a la hija del rector, Luz Andrea Esparza Vergara, por una presunta discrepancia en sus ingresos durante el periodo 2013-2017.
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