MARÍA FERNANDA SANTOS |@FerechosHumanos
El caso Atenco, también conocido como caso “Selvas Gómez y otras vs México”, marcó un precedente en materia de derechos humanos de las mujeres, al igual que lo hizo el caso “Campo Algodonero vs México” en 2009, ambos llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a la ineficacia y falta de diligencia de las autoridades mexicanas.
Resulta necesario destacar que, tanto el caso Campo Algodonero como el caso Atenco, son el reflejo de la sociedad machista que se resiste a cambiar de postura porque, asegura, es la forma en que las cosas se han llevado a cabo desde que tienen memoria. Sin embargo, los que tenemos memoria somos las personas involucradas en la defensa y difusión de los derechos humanos desde la sociedad civil.
Desde la trinchera del riesgo, periodistas, abogadas y abogados, psicólogas y psicólogos, criminólogas y criminólogos, sólo por mencionar a algunos, son quienes persiguen al Estado para que, de manera lastimosa, destine recursos suficientes, tanto humanos como económicos, para que las víctimas de violaciones a derechos humanos y víctimas de delitos obtengan el derecho a la verdad y justicia.
Hablando de un caso en particular, los hechos ocurridos en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006 denotaron 3 cosas: las mujeres son el blanco sexual por excelencia, no existen protocolos de respuesta ante descontentos sociales y la fuerza desproporcionada es la solución ante denuncias de las dos primeras. Recordemos que el caso Atenco es aquel llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por 11 mujeres víctimas de tortura sexual, quienes fueron detenidas ilegalmente en el marco de un operativo de reubicación del comercio informal en San Salvador Atenco, Texcoco, donde al menos otras 50 mujeres declararon haber sufrido abuso sexual por parte de elementos policiales.
En ese sentido, y después de un proceso ante la Corte, las 11 mujeres obtuvieron una sentencia donde se establece que el Estado mexicano era responsable por violaciones a derechos humanos al ser negligente, omiso y agresivo al llevar a cabo las detenciones arbitrarias. El martirio no terminó en el trayecto de las denunciantes hacia el Centro de Readaptación Social “Santiaguito” (CEPRESO) sino que continuó en las celdas, en los exámenes ginecológicos que les hicieron al haber denunciado violaciones, así como en las mismas declaraciones de las autoridades, como las del entonces Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfredo Robledo, quien dijo que “si las mujeres muy dignas no se dejaron revisar por los doctores, fue porque nadie les había hecho nada”, y que los abusos por parte de la policía se debieron a los “altos niveles de estrés”.
La sentencia dictada en noviembre de 2018[1] establece que México, como medida de reparación integral del daño, debería continuar con las investigaciones de los hechos para sancionar a los responsables, brindar atención psicológica, psiquiátrica y médica de manera gratuita a las víctimas, realizar la publicación y difusión de la sentencia en medios oficiales, ofrecer disculpas públicas, becas de estudio para las víctimas y la garantía de no repetición de los hechos.
En cuando al último punto, la Comisión Interamericana solicitó a la Corte que el Estado mexicano capacitara a los cuerpos de seguridad tanto a nivel federal como local en la prohibición absoluta de la tortura, de la violencia sexual y de cualquier otra índole contra la mujer, al mismo tiempo que debía enviar un claro mensaje de repudio ante ese tipo de actos.
Mientras tanto, regresando a la realidad, el 9 de noviembre de 2020 en Cancún, Quintana Roo, elementos de seguridad dispersaron con balas a mujeres manifestantes que exigían justicia ante otro caso de feminicidio (delitos de odio contra la mujer) al igual que realizaron actos de violencia sexual en contra de algunas de las detenidas.
Atenco y Cancún pueden ser vistos como hechos aislados y bajo diferentes gobiernos; sin embargo, las similitudes al momento de realizar un comparativo son que el arma favorita en contra de las mujeres sigue siendo la tortura sexual y, sin lugar a duda, las manifestaciones son el mayor temor de las dictaduras democráticas.
A pesar de contar con una sentencia expresa en su contra, el gobierno prefiere seguir lavándose las manos y echar culpas, sin darse cuenta de que eso también es una forma de declarar su conformidad con la violencia y su desprecio por la memoria de hechos pasados.
Tal es el temor del país ante las manifestaciones y, en específico, las manifestaciones feministas, que tiene la necesidad de desplegar números ridículos de agentes para reprimir y sin que eso sea suficiente, también siente la necesidad de violar, de abusar y de disparar.
La sociedad civil realiza esfuerzos suprahumanos para atender miles de casos de violaciones a derechos humanos, para difundir los hechos y proponer mejoras al sistema mexicano; sin embargo, se olvida constantemente que la sociedad civil no sustituye al Estado, nadie más que el gobierno es el responsable de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos de la sociedad, así como que es el obligado a investigar, sancionar y reparar los daños ocasionados a las víctimas.
Atenco tiene más de 10 años de haber ocurrido y parece que el Estado mexicano lo olvida, pero nosotros, quienes formamos parte de la memoria colectiva, seguiremos exigiendo la garantía de no repetición de los hechos.
Fotografía de portada: Subversiones
[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs México, 28 de noviembre de 2018 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_371_esp.pdf
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