El 30 % de las víctimas de violación en Puebla que acceden a aborto son menores, la más joven apenas tenía 10 años.
GUADALUPE JUÁREZ | @LupJMendez
Tres de cada 10 víctimas de violación que quedaron embarazadas tras el ataque sexual y tuvieron que interrumpir la gestación, son menores de edad; la más joven apenas tenía 10 años.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud estatal, obtenidos vía transparencia, en un periodo de 20 meses 29 víctimas de violación interrumpieron su embarazo en Puebla.
De enero a diciembre de 2019 hubo 15 casos de pacientes que llegaron a los hospitales estatales para interrumpir su embarazo, 11 de ellos fueron atendidos en el Hospital de la Mujer Puebla, ubicado en la capital poblana.
Entre las pacientes se encuentra una niña de 13 años y otra adolescente de 15 años. Las demás mujeres atendidas tenían entre 20 y 32 años.
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El resto de los protocolos de interrupción del embarazo se practicaron en distintos hospitales: en el de Tlatlauquitepec, a una menor de 15 años; en el Hospital General del Norte, a una joven de 17; el Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán a dos mujeres, una de 36 años de edad y una de 29, y en el Hospital General de Zacatlán atendieron a una paciente de 29 años.
En cuanto a los casos, hasta agosto de 2020, en medio de la pandemia por COVID-19, las cuatro pacientes que fueron atendidas son menores de edad: dos niñas de 13 años, una de 14 y otra de 15, quienes interrumpieron su embarazo al ser víctimas de violación.
En ese lapso, en los hospitales de Puebla llegaron 102 víctimas de violación, 65 de ellas menores de edad. Las dos más pequeñas tenían entre cero y cuatro años.
Contrario a lo señalado por colectivas y organizaciones feministas, la dependencia estatal aseveró que en todos los casos no se necesitó del acompañamiento a las víctimas de algún policía, ministerio público o asesor legal, ya que aseguró que con sólo decir que era producto de una violación las atendieron como marca la NOM 46.
La Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 (NOM-046), se refiere a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, y permite, en caso de violación, acceder a la Interrupción Legal del Embarazo.
Hasta octubre de 2017, la única queja que se había presentado ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla por la negación del acceso a la interrupción legal del embarazo por violación correspondía a una menor de nombre Pilar, según el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en el informe “La pieza faltante. Justicia reproductiva”.
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Hasta ahora, en la entidad poblana el aborto se considera como un delito con una pena de seis meses a un año de prisión, excepto en tres casos: si la mujer corre peligro con el embarazo, si existen causas eugenésicas graves (en ambos casos de acuerdo con dos dictámenes médicos) y si es resultado de una violación.
El 24 de noviembre de 2020, un grupo de mujeres tomaron el Congreso de Puebla para exigir –entre otras peticiones— despenalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Los diputados accedieron a abordar el tema en el Pleno en abril de este año.
