Personas trans en Puebla urgieron al Congreso Local la aprobación de la ley de identidad en Puebla, también conocida como Ley Agnes.

PALOMA FERNÁNDEZ | @PalomaPEN

La falta de una ley de identidad de género en Puebla ha propiciado que el estado sea un lugar sin derechos para la comunidad transgénero y, por tanto, constituye una deuda histórica frente al desarrollo de una vida libre y plena para todas las personas.

Estas fueron algunas de las conclusiones del conversatorio Experiencias de las personas trans en el cambio de identidad, realizado a pocos días de que venza el plazo que los diputados locales y un puñado de organizaciones feministas acordaron para aprobar la Ley Agnes.

Ideada en honor a la activista transgénero Agnes Torres, asesinada en marzo de 2012, la ley reconocería la identidad sexogenérica de las personas trans, lo que a su vez traería consigo una serie de derechos fundamentales para llevar una vida libre de discriminación e invisibilización.

“Si hacemos este conversatorio es para hacer un llamado a las autoridades para que se termine este primer acto de violencia que se comete a las personas trans, que es el hecho de no contar con un documento que avale nuestra identidad; es un acto transfóbico”, denunció Clémence Zamora, activista trans nacida en Puebla y portavoz del movimiento en Europa.

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A finales de diciembre del año pasado, el Congreso de Puebla firmó un acuerdo con las colectivas feministas que tomaron de forma pacífica la sede legislativa durante casi un mes, en el que se comprometían, entre otras cosas, a aprobar la ley de identidad de género en Puebla antes el 15 de febrero.

Pero, hasta ahora, no se vislumbra que los congresistas locales contemplen la inclusión de este proyecto legislativo en las siguientes semanas.

La ley no consiste en dotar de “derechos especiales para las personas transgénero”, aseguró Margarita Aguilar Vázquez, fiscal especializada en Investigación de Delitos cometidos contra la comunidad LGBTTTIQ de la Fiscalía de Puebla, sino del reconocimiento de la identidad y de una vida plena para todas las personas, sean trans o no.

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En ese sentido, Clémence Zamora consideró que Puebla se ha constituido como un lugar sin derechos para la comunidad transgénero, pues no existe un reconocimiento de su persona en el marco legal estatal.

Por su parte, la activista Jessica Marjane Franco, mujer transgénero e indígena, señaló que el reconocimiento de la identidad sexogenérica significa un metaderecho, pues con su aplicación se reconocen muchos otros derechos más, como a la vivienda, a la familia, a condiciones laborales dignas, al derecho de votar y ser votado, entre otros.

En el pasado, incluso el marco legal exigía ciertos criterios denigrantes para que una persona transgénero pudiera tener el derecho a identificarse como tal.

 Además de ser un proceso burocrático y legislativo agotador para los, las o les apeladores, se les sometía a pruebas psicológicas y médicas que sugerían escrutinio constante con cuestionamientos que llegaban a ser discriminatorios o humillantes.