Entre 2014 y 2017, el Triángulo Rojo o Triángulo del Huachicol se convirtió en uno de los corredores de robo de hidrocarburos más importantes a nivel nacional; al mismo tiempo, las desapariciones fueron marcando la vida de cientos de familias en la zona
MARCOS NUCAMENDI | @MakoNucamendi
Cuando desapareció su hijo Juan de Dios, recuerda María Luisa Núñez Barojas, el municipio de Palmar de Bravo estaba prácticamente militarizado a causa del huachicol, como comúnmente se le conoce al robo de hidrocarburos. “Ya se había salido de control, y para nosotros era muy normal encontrarnos con retenes de la policía militar o la policía estatal [a la entrada del pueblo]”.
De ahí que no se extrañara cuando su hijo de 23 años le avisó que un retén lo había desviado del camino que normalmente tomaba para llegar a Tehuitzo, en donde se encuentra la casa de sus abuelos. Juan de Dios, quien iba a acompañado de sus primos políticos, Abraham y Vicente, tomó entonces rumbo a Cañada Morelos, una carretera solitaria y al día de hoy, bastante insegura. Eran las 9:30 de la noche del 28 de abril de 2017 y desde entonces, su madre sigue sin entender qué fue lo que sucedió; por qué su hijo y los primos de su nuera jamás llegaron a casa.
Lo mismo se pregunta la señora Minerva González en Amozoc, quien busca a su hijo José Martín desde el 22 de noviembre de 2018; así como María Fernanda Pérez Ramos en Tecamachalco, quien busca a su hermana Angela Paola desde el 13 de abril de 2017.
Aunque cada desaparición da cuenta de una situación particular –y de caminos más o menos tropezados para conocer la verdad–, los tres casos que se detallarán a continuación comparten un mismo escenario: el Triángulo Rojo o Triángulo del Huachicol, esa entelequia utilizada por la prensa y las instituciones de seguridad pública para referirse al menos a cinco municipios que se ubican al oriente de la capital poblana, nueve si se toma como referencia toda la franja este del Huachicol, que va de Amozoc hasta Esperanza, justamente por donde pasan los ductos de Pemex que parten al estado en dos.
Hablamos de localidades con alta incidencia delictiva, en gran parte vinculada a la presencia de bandas criminales que participaban del robo de hidrocarburos (gasolina, diesel, petróleo y otros derivados) y, desde hace poco más dos años, con la llegada de la nueva administración federal, del robo de gas LP.
En 2016, Tepeaca, Palmar de Bravo, Acajete, Quecholac y Acatzingo, lideraban la lista de municipios con mayor número de tomas clandestinas en el estado; Tepeaca, Palmar de Bravo y Acajete, por su parte, ocupaban tercer, cuarto y quinto lugar a nivel nacional.
Los datos oficiales de Pemex, recuperados por la plataforma Gobierno Fácil, dejan entrever que a partir de 2014 y hasta 2017, esta zona se posicionó como la más importante para el robo de hidrocarburos en el estado, fenómeno que en los últimos tres años ha comenzado a moverse hacia el otro lado de la llamada Franja del Huachicol, desde Puebla capital hasta el municipio de Tlahuapan, en la frontera con Tlaxcala.
Este insólito incremento de las tomas clandestinas vino acompañado no sólo de otro tipo de delitos de alto impacto, como los homicidios dolosos y las desapariciones, también de un cambio en las dinámicas sociales de las comunidades, pueblos en donde, a decir de las personas entrevistadas para este reportaje, hace tiempo que se dejó de respirar tranquilidad. Ya desde 2015, según reportó LADO B en su momento, se comenzaron a encender los focos rojos en algunos municipios del Triángulo Rojo respecto del tema de la desaparición.
“Cuando se llevaron a mi hijo, se llevaron nuestra paz”
“A veces siento aversión a mi pueblo”, confiesa María Luisa, también fundadora del colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla, al finalizar una conversación en noviembre pasado. No lo dice al aire, lo dice a sabiendas de lo que siente al recorrer, cada vez que visita la casa de sus padres en Tehuitzo, los caminos por los que anduvo su hijo la noche de su desaparición.
“Veo a una persona y lo primero que se me viene a la mente es si tuvo que ver con la desaparición de mi hijo, si fue esa persona la que lo levantó, la que lo desapareció. Quisiera ser una maldita bruja y ver qué ocurrió en ese momento, ver qué le ocurrió a mi hijo por esa carretera que es nuestro paso de todos los días. Voy viendo a todos lados y vuelvo a recorrer las calles una y otra vez, pero con toda la desconfianza del mundo”.
Juan de Dios fue una de las primeras personas desaparecidas en el municipio de Palmar de Bravo, en donde, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) obtenidos por transparencia, fueron cuatro las personas reportadas como desaparecidas en 2017; sólo una de ellas ha sido localizada al 31 de mayo de 2020. En total, son diez las personas que continúan en calidad de desaparecidas desde 2014.
“Para entonces yo no había escuchado sobre la desaparición de personas, en el municipio ni mucho menos en mi pueblo”, dice María Luisa. De hecho, sólo una persona había sido reportada como desaparecida antes de la triple desaparición de su hijo y sus primos políticos; esta persona, a decir de la FGE, fue encontrada con vida. “A lo mejor de repente sabíamos que se encontraban cuerpos en algún lado, pero jamás un desaparecido”.
Ese mismo año, 2017, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se reportaron 17 homicidios dolosos en Palmar de Bravo, cifra idéntica a la del año previo; Palmar de Bravo era entonces, junto con Amozoc y Xicotepec, el décimo municipio con mayor incidencia por homicidio doloso. En 2017, por otro lado, cerraría con un alza importante en otro tipo de delitos en comparación con 2016, como robo de vehículo (286 por ciento), robo a casa habitación (100 por ciento) y robo a transportista (100 por ciento).
“Yo pensé que quizá por la camioneta, por la hora en la que él transitaba, lo pudieron haber asaltado, herido y dejado en alguna brecha; o quizá tuvo algún altercado con otros muchachos y estaba detenido”, cuenta María Luisa sobre aquellas primeras horas, en las que su familia se dividía entre los hospitales, las comandancias y los campos, esperando encontrar alguna señal de Juan de Dios.
Finalmente acudieron al ministerio público a interponer la denuncia por desaparición, pero meses más tarde, la carpeta de investigación seguía paralizada, sin ningún acto de investigación real, a pesar de que la propia María Luisa aportó pruebas que en su momento pudieron haber sido de utilidad, especialmente para geolocalizar el teléfono celular que su hijo acababa de estrenar; su carpeta, por si fuera poco, fue movida a los 15 días de Tecamachalco a Tehuacán, lo que tan sólo les significó mayores sacrificios para darle seguimiento al caso.
“Cuando se llevaron a mi hijo se llevaron nuestra paz, nuestra tranquilidad y nuestra felicidad, pero también se llevaron nuestra confianza en las autoridades”, dice respecto de la impotencia que les supuso no sólo la inmovilidad de los agentes del ministerio público, así también el permanente sentimiento de inseguridad con el que vive su familia desde entonces, en un pueblo de menos de mil habitantes, abandonado por los proyectos de desarrollo de las administraciones estatales, y a merced de la violencia que aún se vive en la zona, pese a que el gobierno federal cerró la llave del huachicol.
Sin embargo, el otrora Triángulo del Huachicol continúa siendo un foco de incidencia delictiva importante, pues mientras que el robo de combustible se ha trasladado a municipios de Hidalgo, el Estado de México o Guanajuato, siete localidades poblanas –entre ellas Palmar de Bravo–, encabezan la lista de municipios con mayor número de tomas clandestinas en ductos de gas LP a nivel nacional, según refieren los datos de Pemex para el periodo enero-septiembre 2020, solicitados por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) a través de transparencia.
De 64 tomas clandestinas de gas LP reportadas en 2018, cabe mencionar, la entidad registró 918 al año siguiente. De enero a septiembre del año pasado, en tanto, se registraron mil 175 tomas clandestinas, 111.33 por ciento más que en el mismo periodo de 2019 (556 tomas); prácticamente todas ubicadas en la Franja Este del Huachicol. Aunado a ello, según refiere el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, otros delitos de alto impacto también han comenzado a recobrar terreno.
Aunque no figura en los primeros diez puestos, en Palmar de Bravo tuvieron especial impacto los delitos de robo a casa habitación y robo a transeúnte, que aumentaron 114 y 83 por ciento respectivamente al cierre del año pasado, en tanto que el número de homicidios dolosos volvió a los niveles de 2015, cuando empezaba el fenómeno del robo de combustible.
María Luisa explica la situación que impera en la región en estos momentos, a casi cuatro años de la desaparición de su hijo: “Hoy ya no hemos sabido tanto de desapariciones propiamente, sino que cuando se pierde contacto con una persona, al otro día, o a los dos o tres días, la encuentran muerta. Han encontrado cuerpos de mujeres, de señores, de jóvenes. Esta semana encontraron un cuerpo de una persona que había sido reportada como desaparecida el 15 de octubre”.
Ella cree que algo tienen que ver las nuevas dinámicas de las bandas criminales, que por un lado han encontrado una nueva fuente de ingresos con el robo de gas LP, pero también con el robo de vehículo y de transeúntes que acaban de recibir su quincena.
Cuando les cerraron la llave del huachicol, comenta, las bandas criminales comenzaron a asaltar el tren que pasa cerca de la localidad y cuando este dejó de ser un negocio, se pasaron al robo de transporte de carga y ahora al robo de autos particulares. Todo esto ha derivado en una suerte de toque de queda autoimpuesto, refiere, pues al caer la noche automáticamente su familia –y ella cuando está de visita–, se mete a su casa y no sale hasta que despunta la mañana.
“Nos volvimos presos del miedo, del temor. Si bien no tememos que nos desaparezcan, sí que nos asalten, que nos den un tiro y nos dejen por ahí, a la orilla de la carretera por quitarnos nuestro carro, que muchas veces es lo único que tenemos”. La gente, el resto del pueblo, dice María Luisa, también evita salir de casa durante la noche.
Aún así, María Luisa no puede evitar, de vez en cuando, dejar el portón de la casa de sus padres sin llave, como se acostumbraba antes de que la violencia se apoderara de la región, pero sobre todo con la intención de que el día menos esperado, Juan de Dios regrese: “Quizá venga lastimado, malherido, enclenque por andar en condición de calle y sin comer; quizá de repente tenga una luz de orientación que lo envíe de regreso a casa”.
Juan de Dios desapareció un viernes 28 de abril, a una semana de contraer nupcias con una joven que conoció en uno de los bailes de Cañada que tanto frecuentaba. Dejó tras de sí a un bebé de escasos diez meses, y a una familia que hace todo lo posible por mantener vivo su recuerdo.
En su cuarto aún está la camisa ranchera que usó en la boda de su mejor amigo, el cinturón personalizado que se mandó a hacer en Amozoc, y uno de sus sombreros de gala, listos para cuando vuelva al pueblo que lo hizo enamorarse del campo. “No nos resignamos, definitivamente no nos resignamos a que él ya no vuelva. Aquí estamos, y lo seguiremos esperando”.
“Señora, ¿segura que su hija está desaparecida?”
Así arrancó el primer encuentro de la familia de Angela Paola Pérez Ramos, desaparecida el 13 de abril de 2017 en el barrio de San Sebastián, municipio de Tecamachalco, con las autoridades de procuración de justicia. Desde ese momento, relata su hermana María Fernanda, supo que el caso no sería tratado con la importancia debida.
Tanto así que ni siquiera se abrió una carpeta de investigación por el delito de desaparición, como procede en estos casos; les dieron tan sólo un Número de Atención Temprana que, en la escala de prioridades de los agentes del ministerio público, sencillamente pasaría desapercibido.
“Ahí empezó todo”, cuenta María Fernanda, recordando que los dos agentes que les fueron asignados en Tecamachalco, antes de que el caso fuera remitido a la Fiscalía Especializada de Tehuacán, se limitaban a decirle a su mamá que no se preocupara. “Jefecita, su hija por ahí anda, no pasa nada; de seguro ha de andar con el novio”, le decían una y otra vez.
Angela Paola, que entonces tenía 18 años, salió de su domicilio como cualquier otro día, con su bolsita de mano y con la promesa de alcanzar a su familia en la iglesia de Tecamachalco, en donde cada año se realiza una representación de la Pasión de Cristo. Eran las 6:30 de la tarde del Jueves Santo y lo último que la escucharon decir fue “ahorita regreso, no tardo”.
“Como a eso de las siete, siete y media, le empezamos a marcar, pero su teléfono ya nos mandaba a buzón”, relata su hermana, quien explica que durante las primeras 72 horas, antes de interponer la denuncia por desaparición, la búsqueda se limitó a preguntar entre familiares y amigos. Pero aún tras la denuncia, las cosas no cambiaron; los esfuerzos institucionales fueron inexistentes.
Antes de que el caso llegara a la ciudad de Puebla, en donde ya cuenta con una carpeta de investigación en forma y una agente del ministerio público que al menos los trata respetuosamente, dice María Fernanda, su familia tenía que viajar prácticamente todos los días hasta Tehuacán para saber de los avances de la investigación.
Mientras que los agentes de Tecamachalco les decían que acaban de llegar de unos cursos y no tenían tiempo para atender su caso, los de Tehuacán también comenzaron a excusarse, argumentando que su carga de trabajo les impedía darle seguimiento: “Es que tenemos mucho trabajo, encontramos unos muertitos por acá y vamos a hacer el levantamiento de cadáver. Espérennos tantito”.
En total, fueron 18 las personas que desaparecieron ese año en el municipio de Tecamachalco, de acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado; sólo cinco han regresado a casa, al 31 de mayo de 2020. De 2014 al corte referido, 128 personas han sido reportadas como desaparecidas, en su mayoría mujeres (67 casos); 86.5 por ciento de esas mujeres, menores de 30 años al momento del último avistamiento y 55 por ciento, menores de edad. De esas 128 personas, 78 han sido encontradas, la mayoría con vida.
La versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que se alimenta de los datos de la propia Fiscalía, reconoce que son 65 las personas que continúan desaparecidas al 22 de enero de 2020, lo que convierte a Tecamachalco en el séptimo municipio con más desapariciones en la entidad; del Triángulo Rojo o Triángulo del Huachicol sólo lo supera Tepeaca, que registra 81 casos de desaparición vigentes.
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Al igual que en Palmar de Bravo, es posible cruzar el aumento en el número de desapariciones, que pasaron de 23 casos en 2014 a 28 en 2016, con la prevalencia de otro tipo de delitos de alto impacto.
De dos tomas clandestinas de hidrocarburos reportadas por Pemex en 2014, por ejemplo, la paraestatal registró 15 dos años más tarde. Para 2017, en tanto, Tecamachalco registró aumentos considerables en lo que se refiere a robo de vehículos (49.5 por ciento), robo a casa habitación (33 por ciento), homicidio doloso (100 por ciento), y robo a transportista (244 por ciento), de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“Y sí, desde ese momento ya empezaba aquí lo del mentado huachicol. Eso ya estaba desatado aquí en el municipio”, dice María Fernanda. Ese año, al menos en Tecamachalco, sí comenzaron a haber cada vez más muertos por homicidio doloso; mientras que en 2016 se registraron 13 casos, en 2017 se reportaron 26; un año más tarde los reportes daban cuenta de 36 asesinatos y para 2019, la cifra más alta hasta la fecha, 55 casos.
Un aumento del 511.11 por ciento entre 2015 y 2019; en 2015, tan sólo se registraron nueve homicidios con esas características.
En este contexto y con el antecedente de la desaparición de su hermana, cuenta María Fernanda, las cosas sí han cambiado para su familia:
“Ya no podemos andar fuera de la casa después de las ocho de la noche, ya no puedes andar tranquilamente por las calles, porque hay por ahí dos o tres pandillitas que todavía están asaltando. Ya no salimos con la misma seguridad de antes, ya no podemos. Mi hermana menor ya no puede andar sola ni para el mandado. [La desaparición de un familiar] sí te marca. Hasta no vivir eso, no te imaginas que algo así te puede pasar.”
María Fernanda accedió amablemente a recibirnos en su casa, en donde aún se observan algunas piezas que adornaban el negocio de artículos para dama que ella y su hermana habían iniciado poco antes de su desaparición. Sin embargo, no oculta la impotencia que le provoca el hecho de que a casi cuatro años de lo sucedido, no haya mucho que agregar respecto de la investigación:
“Hemos dado tantas entrevistas, y no hay nada nuevo que decir, lo mismo de siempre, no hay nada. Les hemos señalado a personas, domicilios, hemos aportado pruebas, y hasta la fecha no hay nada. No tenemos ningún avance”.
Esto nos lo comparte al término de una confesión sensible, la del fallecimiento de su abuelo a mediados de la pandemia, quien se fue, como tantos otros familiares de personas desaparecidas, sin poder volver a su nieta, a esa joven a la que gustaba hacer bromas, cantar, jugar con su sobrina y practicar lo aprendido en sus cursos de cultura de belleza.
“Así ha de haber madres, padres y hermanos que ya murieron, que no vieron a sus hijos, a sus familiares, regresar a casa”, dice María Fernanda, quien no deja de preguntarse, como su abuela, como su madre, si su hermana estará bien, si no estará enferma.
“Todas esas preguntas se hacen las personas que estamos viviendo la desaparición de un familiar”, dice segundos antes de concluir la conversación y sacar del armario el vestido color salmón que Angela Paola portó cuando fue coronada princesa de las Fiestas Patrias de Tecamachalco, hace más de cinco años.
En un video de la coronación que todavía se encuentra colgado en el canal de Youtube de una estación de radio local, se ve a Angela Paola sonriente, tal como la recuerda su familia.
El mejor hijo del mundo
Aunque son seis los hijos que tiene la señora Minerva, tres hombres y tres mujeres, José Martín era el más cercano a su madre. “Él era todo en mi vida joven, y yo creo que para él, yo también lo era todo”, relata Minerva desde la sala de su casa, contigua a la habitación de su hijo. Era, en sus propias palabras, el mejor hijo del mundo.
Un hombre de 50 años, alegre, trabajador, amante de la música y un tío como pocos. “Qué le puedo decir de mi hijo, que para mí era lo máximo. Yo espero en dios que un día lo encuentre, aunque sea lo último que haga en la vida”.
José Martín salió de su casa, en la junta auxiliar de Chachapa, municipio de Amozoc, como a las cinco o seis de la mañana del jueves 22 de noviembre de 2018. Había salido, como normalmente lo hacía, a comprar mercancía para venderla en el tianguis durante la semana. Minerva y su hijo eran comerciantes, y se dedicaban a vender ropa de cama, mantelería y otros textiles.
José Martín era, además, el único sostén económico de su madre. Nunca se casó, y siempre le decía que antes de empezar una nueva vida, quería estar seguro de a que a ella no le faltara nada. Con un cariño recíproco seguía la señora Minerva, hasta antes de la pandemia, recorriendo todos los días los anexos, los servicios médicos forenses, los hospitales psiquiátricos y las calles, haciendo el trabajo que cinco diferentes agentes del ministerio público se han negado a hacer.
“Soy una persona de escasos recursos joven, y ahora mis hijos tampoco me ayudan [a buscarlo]. Quisiera poder tener dinero y pagar a alguien para que me lo buscara y me lo encontrara”, dice Minerva.
En la Fiscalía tampoco la han apoyado, explica, pues una de las últimas personas que se hizo cargo del caso le dijo sin más que no podía seguir perdiendo el tiempo: “Señora, ya no la voy a recibir, le voy a poner a otro abogado. Como su caso, hay muchos y no voy a perder el tiempo. Además, no sabemos si de verdad está levantado [como usted dice]”.
Ante tal abandono institucional, ha sido la propia Minerva, como en el caso de María Luisa o María Fernanda, la que ha confrontado incluso a los sospechosos, personas a las que vecinos de la localidad identifican como presuntos responsables de la desaparición de su hijo. “Señora, ya no busque, hable con tal persona, él sabe dónde está”, le han dicho. “Yo he hablado con esa persona muchas veces”, comenta, pero nunca le ha podido sacar una palabra que la ayude a encontrar a su hijo.
Chachapa ya no es el pueblo al que llegaron a instalarse Minerva y su hijo hace más de 20 años. Al igual que María Luisa y María Fernanda, la señora Minerva tiene muy presente que hasta hace unos tres o cuatro años, esta era una localidad medianamente tranquila. No sabe si se debe a las nuevas personas que se han ido instalando en Chachapa, o porque la misma gente del pueblo ha cambiado.
“Antes Chachapa era un pueblo muy bonito, pero ya se volvió muy malo”, dice mientras enumera al menos cuatro casos de desapariciones que han acontecido en los últimos dos años. En 2018, año de la desaparición de José Martín, desaparecieron 32 personas en el municipio de Amozoc; una tercera parte sigue en calidad de desaparecida, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, al 31 de mayo de 2020.
En total, de 2012 a la fecha de corte referida, son 120 las personas que han sido reportadas como desaparecidas; de estas, 42 lo siguen estando; 49, si se toma como referencia el acumulado total del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con corte al 22 de enero de 2020.
En lo que se refiere al robo de combustibles, el posible vínculo entre la desaparición de José Martín y la prevalencia del delito se diluye un poco más, en comparación con los casos anteriores. Para 2018, Amozoc había dejado de figurar entre los municipios con mayor número de tomas clandestinas de hidrocarburos; apenas una toma clandestina, de acuerdo con Petróleos Mexicanos, en comparación con las 44 tomas registradas en 2015.
Actualmente, la actividad delictiva en esta parte del Triángulo Rojo o si se prefiere, de la Franja del Huachicol, se concentra en el robo de gas LP. Entre enero y septiembre de 2020, a decir de los datos de la paraestatal publicados por el Igavim, se reportaron 27 tomas clandestinas en los ductos de gas, lo que coloca al municipio de Amozoc en la posición número 12 a nivel nacional, por detrás de otros municipios poblanos como San Martín Texmelucan, Tepeaca, Los Reyes de Juárez, Acajete, Acatzingo, Palmar de Bravo y San Matías Tlalancaleca.
Amozoc, en la actualidad, es el municipio con mayor prevalencia de delitos de alto impacto en el Triángulo Rojo, pues de acuerdo con el último informe del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, que analiza los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el municipio es cuarto a nivel estatal por robo en transporte público, quinto por robo a transeúnte, décimo por homicidio, y séptimo por los delitos de robo a negocio, robo a casa habitación, robo de vehículo, robo de autopartes y narcomenudeo.
“Lamento decirle que estamos rebasados”
Tan sólo en la Franja Este del Huachicol, que incluye al llamado Triángulo del Huachicol y que va desde Amozoc hasta Esperanza —pasando por Acajete, Tepeaca, Los Reyes de Juárez, Acatzingo, Tecamachalco, Quecholac y Palmar de Bravo—, han ocurrido entre 2012 y mayo de 2020, 649 desapariciones.
De estas, 244 (37.59 por ciento) permanecen en calidad desaparecidas, lo que representa alrededor de una décima parte del total de personas que continúan desaparecidas en el estado, de casos que siguen abiertos y a los que las autoridades siguen sin dar respuesta, a pesar de que ha sido en esta zona en donde desde el año pasado, comenzaron a realizarse las primeras búsquedas en campo.
Aunque ya se habían realizado algunas búsquedas con estas características en la Sierra Norte, en la frontera con los estados de Veracruz e Hidalgo, se puede afirmar que las primeras búsquedas formales –dentro del marco del sistema estatal de búsqueda–, se están realizando en el Triángulo del Huachicol, particularmente en Quecholac, como recientemente reportó LADO B.
“Lo más triste es que no tienen voluntad”, dice María Luisa, con cuyo caso abrimos este reportaje. La también fundadora del colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla recuerda que, en una de las últimas reuniones que sostuvo con el fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal, este le dijo que se encontraban rebasados, sin el personal suficiente para atender la cantidad de casos acumulados.
“Yo le decía al fiscal y al gobernador: ‘es importante que las instituciones se den cuenta que por sí solos no van a poder’”. De qué otra forma, decía María Luisa en septiembre del año pasado, durante el hallazgo de restos humanos en una fosa clandestina en el municipio de Quecholac, se van a dar las cosas.
Ni por arte de magia, ni gracias a un milagro, sostenía, sólo de la mano de las familias.
