Las organizaciones feministas de Puebla denunciaron que el gobierno estatal pretende criminalizar sus protestas con fines político electorales.
MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
Una veintena de colectivas y organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el gobierno de Puebla, encabezado por Miguel Barbosa Huerta, ha utilizado las protestas del 8M para criminalizar la lucha feminista con fines político electorales.
En conferencia de prensa, las organizaciones señalaron que en Puebla se prepara un “escenario de represión” construido por el recién nombrado subsecretario General de Gobierno, Ardelio Vargas Fosado, a quien ligaron con las violaciones a derechos humanas registradas en Atenco y San Bernardino Chalchihuapan, en 2006 y 2014, respectivamente.
También denunciaron que el gobernador pretende “atacar a quien parece su enemigo en la contienda electoral” al involucrar, sin pruebas, a funcionarias del ayuntamiento de Puebla en la realización de pintas y daños a inmuebles públicos y privados.
“Han realizado una manipulación mediática de los hechos que tiene por objetivo la desinformación y criminalización de la protesta social. Nos encontramos con fotografías en medios —con una clara intención político electoral— que ponen a mujeres que ni siquiera viven o realizan su trabajo en la ciudad de Puebla”, denunciaron la tarde de este 9 de marzo.
Entre el 7 y 8 de marzo se efectuaron cuatro protestas distintas y el gobierno del estado ha anunciado que se investiga a “los autores materiales e intelectuales” (sic) de los daños causados durante la jornada del 8M.
La primera protesta fue convocada el 7 de marzo por la asociación civil El Taller y consistió en una caminata que culminó en el Zócalo de Puebla. La segunda se efectuó al mediodía del 8 de marzo, estuvo a cargo del colectivo Voz de los Desaparecidos y recorrió la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Fiscalía General del Estado (FGE).
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La tercera y la cuarta se realizaron por la tarde de ese mismo día, y casi resulta sorprendente que nunca se hayan encontrado, puesto que recorrieron prácticamente los mismos puntos, pero en distintos horarios.
La marcha que el gobierno del estado ha utilizado para criminalizar la jornada del 8M fue convocada por el Frente Feminista Radical y el Bloque Negro Puebla, pero ambas organizaciones se han deslindado de los daños. Esta marcha comenzó en la Fiscalía del estado alrededor de las 3 de la tarde.
La otra marcha fue convocada por organizaciones y mujeres diversas —como Coatlicue Siempre Viva, la Coordinadora Feminista de Puebla, Ddeser y más—. Tuvo como punto de origen la sede de la Comisión de Derechos Humanos del estado una hora después, a las 4 de la tarde.
El reconocimiento del derecho de la identidad entre las personas trans es sólo una de las múltiples diferencias entre ambos bloques feministas, y la razón por la cual decidieron marchar de manera separada.
Durante la protesta del Frente Feminista Radical y el Bloque Negro de Puebla, un grupo de personas incendió la puerta del Congreso del estado y arrasó con un par de automóviles que se encontraban estacionados en la zona. También se rompieron vidrios del mobiliario público y se hicieron múltiples pintas en inmuebles públicos y privados.
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La mayoría de estas pintas fueron borradas sólo unas horas después, pero el gobierno del estado ha justificado la criminalización de la jornada aduciendo cuantiosos daños económicos, sin que hasta ahora presente un dictamen que acredite realmente la escala de estos.
A través de un comunicado emitido al mediodía de ayer, el Frente Feminista Radical y el Bloque Negro Puebla dijeron que las personas que atacaron los negocios privados y los automóviles estacionados frente al Congreso local no formaban parte de ninguna organización y, en consecuencia, se deslindaron de sus actos.
Anunciaron que en los próximos días realizarán una colecta para cubrir el monto de los gastos de reparación de un automóvil que era propiedad de una trabajadora del Congreso local.
La imagen de esa trabajadora del Congreso de Puebla lamentándose por la pérdida de su automóvil ha sido difundida profusamente por medios de comunicación que se han ceñido a replicar sólo las amenazas del gobierno del estado y sus acusaciones, incluida la supuesta participación de funcionarias del gobierno municipal de Claudia Rivera Vivanco.
En su conferencia de prensa matutina, Miguel Barbosa Huerta dijo que los medios habían identificado a las funcionarias y que ellas mismas habían compartido imágenes en sus redes sociales.
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Pero, hasta ahora, en estos medios se han publicado fotografías de marchas anteriores, ajenas a la jornada del 8M. E incluso se ha señalado directamente a algunas de las activistas que no participaron en esa marcha, sino en la de mujeres diversas.
Los medios aseguran que identificaron a las trabajadoras a través de “usuarios de redes sociales”. Y, así, omiten explicar a su audiencia que la información que publican no está verificada y que las fotografías originales fueron compartidas desde cuentas anónimas que suelen replicar discursos de odio.
La criminalización de las protestas a través de algunos de estos medios de comunicación ha sido denunciada tanto por el bloque amplio de mujeres diversas, como por aquellas que comulgan con el feminismo radical.
En su comunicado, las dos organizaciones feministas radicales denunciaron a la “prensa amarillista que no se ha molestado en informarse correctamente y que, en su lugar, cae en inventarse datos y falsear otros”.
Por su parte, el bloque amplio de mujeres y organizaciones diversas señaló que estos medios de comunicación han difundido fotografías de personas que ni siquiera participaron en la marcha.
Explicaron que lanzaron el hashtag #NosCuidamosTodas para hacer frente al escenario de represión que atisban, y convocaron a las organizaciones feministas del país a estar atentas a lo que sucede en el estado de Puebla.
También instaron al gobierno del estado a convocar a una amplia mesa interinstitucional que reúna a funcionarios de los tres órdenes de gobierno, a la Fiscalía del estado, al Congreso y a organizaciones civiles y académicas para discutir la eficacia de las medidas adoptadas para cumplir con la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
