La protección para mujeres víctimas de violencia en Puebla es baja y algunas optan por huir de sus hogares.
PALOMA FERNÁNDEZ | @PalomaPEN
En Puebla se han registrado 7 mil 832 casos de violencia contra mujeres, pero sólo se giraron órdenes de protección para 119. Esto quiere decir que no más del 1.5% de las mujeres contaron con actos de protección urgentes para alejarlas de sus agresores.
Estas cifras corresponden al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres (BANAVIM), y parecen explicar por qué casi 850 mujeres huyeron de sus casas de 2015 a 2020.
Como responsables de estas agresiones se tienen registrados a 6 mil 334 hombres, que representan el 82% de los casos de todo el estado; menos del 3% fueron cometidas por mujeres, y en el 15% restante no se cuenta con información suficiente.
A decir de Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana de Puebla, el bajo porcentaje de órdenes de protección para mujeres en Puebla se debe a una omisión y falta de sensibilización por parte de los servidores públicos que atienden la violencia de género en nuestro estado.
La solicitud de órdenes de protección combina el criterio de instituciones que prestan atención y protección a las mujeres, ministerios públicos y juzgados de defensa social y de lo familiar. Hay tres tipos de órdenes de protección: de naturaleza civil, preventivas y de emergencia.
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Estas van desde prohibir al agresor la hipoteca de cualquier bien que comparta con su pareja, hasta separarlo del domicilio en el que habita la víctima y prohibirle cualquier tipo de acercamiento.
La aplicación de estas medidas implica cierto trabajo para las autoridades y, según dijo Arrambide González en una entrevista con La Jornada de Oriente, ésa la razón por las que no se expiden, lo que constituye una falta grave a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) considera que, para las mujeres que sufren violencia, “la distancia entre la violencia en el ámbito familiar y la violencia feminicida puede depender de la implementación efectiva de las órdenes de protección”.
A nivel nacional, en promedio se han expedido 12.8% órdenes de protección para los más de 800 mil casos de violencia contra mujeres registrados hasta el 22 de marzo de 2021. En todo el país se han registrado a 582 mil 812 hombres responsables del 72.4% de todos estos casos.
Sobre Puebla, el registro del BANAVIM destaca que más de 6 mil casos corresponden a violencia psicológica y al menos 4 mil casos a violencia física, la mayoría, ejercidos en el ámbito familiar.
Es decir, una gran parte de las víctimas sufrió de abusos físicos y/o humillaciones, chantajes, comentarios o tratos hirientes que no precisamente escalaron a actos físicos violentos.
Según La ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia psicológica es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas.
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Este tipo de violencia no sólo constituye una afectación a la psique y cotidianidad de las víctimas, ya que las puede orillar a atentar contra su vida o integridad física a causa del maltrato y sobajamiento constante que provoca.
En muchos casos incluso las propias víctimas pueden desconocer que padecen de violencia psicológica debido a diversas técnicas de manipulación ejercidas por los agresores.
La violencia física, por otra parte, sí conlleva un daño corporal no accidental que puede hacerse o no visible. Se manifiesta a través de golpes, fracturas, heridas, quemaduras, entre otras formas de agresión física que los perpetradores ejercen con saña para controlar a las víctimas.
Durante 2014 a 2019, los Centros de Justicia para Mujeres en Puebla atendieron a 14 mil 528 víctimas de violencia en el estado, según un reporte de la Auditoría Superior de la Federación.
