La Ley Agnes, que reconoce el derecho de la identidad autopercibida de las personas trans, ya entró en vigencia en Puebla

MARIO GALEANA | @MarioGaleana_

La Ley Agnes, que reconoce el derecho de la identidad autopercibida de las personas trans, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado este viernes 26 de marzo.

Las dependencias estatales ahora tendrán un plazo de 60 días hábiles para garantizar que cualquier persona mayor de edad pueda modificar su acta de nacimiento conforme a su identidad.

Hace unos días, la presidenta del Grupo Transgénero Puebla, Gabriela Chumacero, aseguró que por lo menos 200 personas ya aguardaban para presentar su solicitud de modificación de sus documentos de identidad.

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La Ley Agnes fue aprobada a regañadientes por el Congreso de Puebla el 25 de febrero de este año, pero el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, postergó su publicación en el Periódico Oficial del Estado durante un mes.

Por la mañana del 26 de marzo, en conferencia de prensa, el mandatario atribuyó esta dilación a sus facultades de revisión de los dictámenes aprobados en el Congreso del estado.

“El Poder Ejecutivo no está obligado a publicar como trámite administrativo cualquier decreto del Legislativo; lo revisa, revisa su legalidad, su constitucionalidad, el procedimiento legislativo, y después de revisar esto es cuando se publica”, alegó.

Sin embargo, el pasado 23 de marzo, durante la develación de una placa que reconoce la vida de Agnes Torres, activistas trans denunciaron que había leyes que se publicaron solo un par de días después de ser aprobadas.

En general, la vigencia de la Ley Agnes tuvo origen en la lucha de la comunidad LGBT+ en el estado. El primer antecedente tiene al menos una década, y fue precisamente por la lucha de Agnes Torres, mujer trans que pugnó por el reconocimiento del derecho a la identidad autpercibida y que fue víctima de un crimen de odio.

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Los congresistas locales mantuvieron relegada esta legislación hasta mediados de diciembre, cuando un grupo de colectivas tomaron pacíficamente la sede del Congreso y, a cambio de liberarla, firmaron un acuerdo en el que los legisladores se comprometían, entre otras cosas, a aprobar este derecho antes del 15 de febrero.

Por esas fechas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió un exhorto a los diputados locales para exigir la aprobación de la Ley Agnes. Y, finalmente, los diputados cedieron.

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