La violencia familiar fue el segundo delito más frecuente en Puebla durante 2020 y, sin embargo, no se dictó ninguna sentencia por ello. Han permanecido impunes.
GUADALUPE JUÁREZ | @LupJMendez_
La violencia familiar, el segundo delito más frecuente en Puebla, suele ser desestimado por los ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El año pasado, en el 70.95% de las 9 mil 125 investigaciones que se abrieron por violencia familiar se determinó el no ejercicio de la acción por decisión de los funcionarios públicos; el 1.42% se enviaron a archivo definitivo, y el 7.27% a archivo temporal.
Eso explica que en 2020 no se dictó ninguna sentencia por el delito de violencia familiar, de acuerdo con el reporte Carpetas de Investigación Iniciadas contra Concluidas del Instituto de Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).
En contraste, en el caso de los secuestros, el 29.63% de los 27 casos registrados el año pasado sí terminaron con la sentencia del responsable; sólo 3.70% terminó clasificada como en determinación del no ejercicio de la acción, y ninguna en archivo definitivo ni en temporal.
Quizá te interese: Violencia familiar expulsa a mujeres de sus hogares
En el caso del delito de violación, el año pasado se contabilizaron 756 carpetas de investigación, y 784 fueron clasificadas como determinación del no ejercicio de la acción penal.
El Igavim explica que esto significa que durante ese periodo resolvieron casos de años anteriores, lo que sugiere lentitud por parte de las autoridades para investigar cuando se levanta una denuncia.
Sin embargo, de todos esos casos sólo dos terminaron en sentencia, lo que significa apenas 0.26% del total de las carpetas abiertas por el delito de violación.
Las sentencias por este delito no han sido significativas en muchos años. En 2016, sólo 5.24% casos de violación terminaron con una sentencia, en 2017 aumentaron a 10.33%.
También te interesa: Dan protección sólo al 1.5% de mujeres víctimas de violencia en Puebla
La excepción fue el 2018, cuando 592 de 817 carpetas de investigación —es decir, 72.42% del total— terminaron con un responsable sentenciado.
Y el año pasado, antes que los juzgados cerraran y atrasaran asuntos por la contingencia sanitaria, de las 919 carpetas de investigación, 197 terminaron en sentencia. Es decir, el 21.4%.
En el caso de violencia familiar se desconoce el histórico de sentencias y de carpetas concluidas.