El gobierno de Puebla desplegó granaderos para reprimir y detener a un grupo de estudiantes normalistas que protestaba en Casa Aguayo.
MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
El gobierno del estado detuvo y reprimió a decenas de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” mientras protestaban a las afueras de Casa Aguayo la tarde del 1 de junio.
Decenas de granaderos llegaron a la protesta alrededor de las 7:20 de la tarde y, por la fuerza, detuvieron a un número de mujeres estudiantes que hasta ahora no ha sido precisado.
En las detenciones se usaron escudos, toletes, bombas de humo y extintores para provocar la asfixia a estudiantes que se encontraban escondidas en autobuses aparcados en las inmediaciones de Casa Aguayo.
Hacia las 3:20 horas de la tarde, el gobierno del estado difundió fotografías de la protesta en donde denunciaba la existencia de “un grupo de choque” integrado por hombres que portaban tubos y escudos de madera.
Minutos después del despliegue de granaderos, las autoridades estatales emitieron un comunicado en el que aseguraron que se trataba de 40 hombres encapuchados que supuestamente portaban cohetones y armas punzocortantes.
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Tras el operativo policiaco, el gobierno del estado de Puebla dijo haber encontrado a los hombres encapuchados 10 litros de gasolina y 48 bombas molotov.
Desde octubre de 2019, las normalistas exigieron una serie de condiciones entre las que se encontraba mejorar las instalaciones de la escuela Normal Rural Carmen Serdán, ubicada en Teteles de Ávila Camacho, el cambio de personal directivo y la cobertura de las necesidades de las alumnas.
Sin embargo, las estudiantes reclamaron que se habían incumplido con varios de los acuerdos y continuaron con protestas, una de ellas el 20 de mayo, cuando dos alumnas murieron al caer de la parte trasera de un tractocamión.
De acuerdo con el gobernador Miguel Barbosa el gobierno sí cumplió con las peticiones, entre ellas la rehabilitación de instalaciones, compra de kits y el pago de una “deuda histórica” de la institución, así como los gastos mensuales de alimentación y la compra de un autobús que no les habían entregado debido a la pandemia.
La detención y desalojo de las estudiantes normalistas ocurre sólo unos días después de que la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal demandó al gobierno del estado que garantice el derecho a la protesta.
