La toma de la UDLAP es producto de una larga disputa por el patrimonio de la fundación Mary Street Jenkins.
MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
Decenas de policías estatales tomaron la mañana de este martes 29 de junio los accesos de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y aseguraron distintos vehículos y documentos como resultado de una presunta pugna legal entre el Patronato de la Fundación de las Américas y la Familia Jenkins.
La divulgación del probable aseguramiento de los bienes ha sido, hasta ahora, caótica. Y, a falta de una postura oficial de la universidad y de las autoridades jurisdiccionales, se han manejado dos versiones: una orden judicial debido a malos manejos financieros y hasta un pleito entre la familia Jenkins y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
Al mediodía, distintos periodistas compartieron un comunicado presuntamente firmado por la UDLAP en donde señalaban que el Patronato de la Fundación de las Américas había promovido un juicio ordinario civil ante el Poder Judicial de la Ciudad de México para recuperar bienes de la Fundación Mary Street Jenkins que fueron sustraídos por “un conjunto de actos de simulación y recursos de procedencia ilícita”.
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Según el comunicado, que a la postre fue desmentido por la universidad, la toma de los accesos de la universidad y el aseguramiento de bienes forma parte de una medida cautelara consistente en otorgar de manera inmediata al patronato las instalaciones de la UDLAP.
“Se ordenó a las actuales autoridades administrativas, incluido su rector, abstenerse de realizar cualquier acto de disposición sobre el patrimonio de la universidad”, indicaba el comunicado.
Sin embargo, sólo una hora después la UDLAP aseguró desde su cuenta oficial de Twitter que el comunicado era falso.
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En una entrevista telefónica con Ultra Noticias, el abogado Carlos Serna, representante de Guillermo Jenkins de Landa, hijo de los integrantes del patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, Guillermo Jenkins Anstead y Sofía de Landa, todo el operativo es producto de una denuncia administrativa y penal presentada en contra de sus padres.
La denuncia sostiene que en 2014 se realizó una donación simulada por 720 millones de pesos que fueron desviados a través de la Fundación Bienestar de la Filantropía hacia Panamá, lo que constituye un presunto delito de lavado de dinero.
El abogado Carlos Serna expuso que la toma de la UDLAP deriva de esta denuncia, y no debería significar un problema para que se desarrollen las actividades cotidianas dentro de la universidad.
