El gobernador Miguel Barbosa admitió que la Secretaría de Movilidad y Transporte falló en modernizar las unidades del transporte público, como prometió cuando se incrementó el costo del pasaje en 2019
GUADALUPE JUÁREZ | @lupjmendez
El gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció el fracaso de su gobierno en la modernización del transporte público en el estado y dijo estar avergonzado del papel de la Secretaría de Movilidad y Transporte.
“Me da mucha vergüenza decir que la Secretaría del Transporte falló (en la modernización del transporte)”, declaró durante su conferencia matutina de este viernes 2 de julio.
El mandatario estatal indicó que se reunió con transportistas para hablar sobre el tema y reconoció que se confió en que los anteriores titulares de la dependencia estatal desarticularían las prácticas de corrupción en el área, las cuales –acusó- prevalecieron.
Barbosa Huerta anunció que cada mes se reunirá con concesionarios del transporte público, así como representantes de las empresas como Uber, Didi y Cabify, pues buscan nuevas reformas a la ley para que la competencia entre estas y los taxis mercantiles no sea desleal.
De la misma forma lamentó que persista el problema del transporte público pirata en el estado.
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¿Por qué fracasó?
De acuerdo con datos oficiales, sólo 16% del parque vehicular del transporte público en el estado fue modernizado y apenas 20% se conectaron al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Computo (C5), cuando el compromiso era mantener monitoreadas las 30 mil unidades que circulaban en la entidad.
El sábado 12 de octubre de 2019 –cuando se aprobó el aumento a la tarifa— el exsecretario de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga Santamaría, indicó que había 30 mil que tendrían sistema de videovigilancia, al ser un requisito para mantener la concesión, pero en el último corte afirmó que eran 6 mil unidades enlazadas y sólo faltaban 4 mil.
Ese mismo día, calculó que por lo menos se tendrían que renovar en cuatro meses 12 mil unidades, ya que rebasaban los 10 años de antigüedad.
Sin embargo, el viernes 29 de enero ante los diputados locales dio a conocer que inició 106 procedimientos para revocar la concesión a quienes incumplieron con renovar, cuando faltan alrededor de 10 mil unidades que permanecían en malas condiciones.
El exfuncionario justificó el retraso debido a la pandemia por la propagación de la COVID-19, pero el gobernador ha acusado públicamente que persistía la corrupción al interior de la dependencia estatal.