De acuerdo con el Colectivo Voz de los Desaparecidos, la reunión serviría para conocer algunas de las razones por las que la Ley en Materia de Desaparición de Personas sigue congelada en el congreso.
CARLOS GALEANA | @CarlosGaleanaB
Las diputadas de Morena María del Carmen Saavedra y Nora Escamilla, así como María del Carmen Cabrera, del Partido del Trabajo, dejaron plantadas a familias de personas desaparecidas en una reunión que ellas mismas programaron desde el 1 de julio.
María Luisa Nuñez Barojas, fundadora del Colectivo Voz de los de los Desaparecidos, calificó este hecho como un acto de sabotaje para rechazar la ley en materia de desaparición de personas que realizaron víctimas y agrupaciones de la sociedad civil, e imponer una redactada desde el gobierno del estado.
“Es preocupante que pretendan imponer una ley de escritorio sobre una que contiene el espíritu de nuestra lucha (…) a las diputadas no les interesa en lo más mínimo este problema de desaparición forzada de persona que sigue violentando los derechos de la familia”, sentenció en entrevista para Manatí.
Asimismo, señaló que las únicas diputadas de la Comisión de Derechos Humanos que estuvieron presentes fueron las morenistas Tonantzin Fernández —quien llegó tarde—, Estefanía Rodríguez Sandoval y la priista Rocío García Olmedo.
Nuñez Barojas agregó que el encuentro de hoy serviría para conocer algunas de las razones por las que la Ley en Materia de Desaparición de Personas sigue sin ser aprobada por el Congreso a pesar de los múltiples llamados que han hecho organismos como la ONU y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).
La ley en torno a la desaparición de personas que actualmente se mantiene congelada por los legisladores fue presentada en julio de 2020 por la diputada Estefanía Rodríguez y elaborada por colectivos de familias de personas desaparecidas y académicos especializados en derechos humanos.
Además de regular las acciones de búsqueda de personas, esta iniciativa de ley también busca todo tipo de reparación de daño para las víctimas directas e indirectas de este delito, obligar a las instancias de procuración de justicia la participación de familiares de las víctimas y propone la creación de un Consejo Estatal Ciudadano para vigilar las acciones de localización de personas y tener acceso a los informes que se realicen.
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Desde hace varias semanas, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla junto con otras agrupaciones han lazando una campaña en redes sociales para exigirle a la LX Legislatura del Congreso del Estado aprobar la ley antes del 15 de julio, día en el que concluye el periodo ordinario de sesiones.
