A diferencia de la iniciativa ley de desaparición que impulsan los familiares de víctimas, el gobernador de Puebla deja a un lado un fondo estatal para las búsquedas de personas desaparecidas
GUADALUPE JUÁREZ | @lupjmendez
La propuesta de ley en materia de desaparición forzada que envió el gobernador Miguel Barbosa Huerta al Congreso de Puebla deja a un lado el fondo estatal de búsqueda y reduce la participación de familiares de víctimas en el Consejo Ciudadano al incluir sólo cuatro de los seis lugares que buscan los integrantes del colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla.
Además, excluye del sistema estatal de búsqueda al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla y al Legislativo.
El documento al que tuvo acceso Manatí, y que fue presentado al Congreso desde el viernes 30 de julio, obliga a que los diputados locales de la actual Legislatura discutan y voten la iniciativa antes del 30 de agosto, junto con la propuesta de ley promovida por las familias de personas desaparecidas, académicos y la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval.
Para el mandatario estatal se requiere integrar un sistema estatal, presidido por la Secretaría de Gobernación, del fiscal General del Estado, del comisionado de Búsqueda, del titular del Consejo estatal de Coordinación del sistema Nacional de Seguridad Pública y del secretario de Seguridad Pública.
También contempla al titular del instituto de Ciencias Forenses, a tres personas del Consejo Ciudadano y el titular de la Comisión de Búsqueda.
Barbosa Huerta establece que el sistema estatal podrá invitar a integrantes de órganos autónomos como del TSJ, del Congreso local y presidentes municipales, a sesiones en las que tendrán voz pero no voto, como proponen los familiares de víctimas en su iniciativa que ingresó desde el año pasado.
Sin cambios, mecanismo de búsqueda en ley sobre desaparición en Puebla
La propuesta de Barbosa Huerta sobre el mecanismo estatal es similar al que proponen las familias de víctimas, como la aprobación del programa estatal de búsqueda de la Comisión estatal, el seguimiento al cumplimiento de las estrategias y acciones específicas.
Además, podrán emitir las recomendaciones a autoridades estatales o municipales para mejorar en materia de búsqueda de personas, prevención, identificación forense e investigación.
En cuanto a la Comisión de Búsqueda de Personas, ambas iniciativas son similares, a excepción del proceso de selección de la titular en cuanto a que será elegido y removido por el Ejecutivo estatal.
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Mientras los familiares detallan el mecanismo para la presentación de candidatos, el gobernador Miguel Barbosa Huerta se limita a señalar que se debe hacer una consulta pública previa a los colectivos de víctimas.
En el documento que envió el mandatario estatal también se especifica entre los requisitos que no podrá tener otro empleo, cargo o comisión en instituciones docentes científicas o de asistencia social.
Sin embargo, deja a un lado que de preferencia tenga conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal, búsqueda en vida y experiencia en búsqueda de personas en campo, como propone la iniciativa del colectivo.
Limitan participación de familias en consejo ciudadano
En la conformación del Consejo Ciudadano, que fungiría como órgano de consulta, Barbosa Huerta propone que sea de “coadyuvancia”, mientras que las familias lo proponen como de supervisión de la Comisión de Búsqueda y de las demás autoridades que conforman el sistema.
En este caso, el gobernador señala que sería conformado sólo por cuatro familiares de personas desaparecidas o no localizadas, en las que se privilegie la representación de las regiones en donde exista mayor incidencia de los casos.
Las familias de víctimas, en cambio proponen, que sean seis familiares, así como tres especialistas en derechos humanos, pero el gobernador indica que sean sólo dos.
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Sobre los representantes de organizaciones de la sociedad civil propone que sean tres; la iniciativa de las familias señala sólo dos.
Ambas coinciden en que los integrantes del Consejo sólo pueden estar en funciones por tres años, ser elegidos por dos de las terceras partes del Congreso local, con cargo honorífico y sin remuneración, y sin desempeñar ningún cargo público en el servicio federal, estatal o municipal.
Barbosa no incluye recursos para fondo estatal de búsqueda
Una diferencia decisiva entre ambas iniciativas es que la enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta no incluye la creación de un Fondo Estatal de Búsqueda para garantizar el destino de recursos en la localización de personas.
La iniciativa ley de desaparición en Puebla impulsada por las familias incluía la conformación de un Fondo Estatal de Búsqueda que no podrá tener un presupuesto anual menor al 0.05% del presupuesto de egresos.
Si se tomara en cuenta el presupuesto de 2020, el fondo habría contado con alrededor de 47 millones 500 mil pesos en este ejercicio fiscal.
Por otra parte, las familias proponen que el ministerio público que sepa del hallazgo de un cadáver, fragmento en cualquier estado o condición se lo comunique a la Fiscalía Especializada para que se reconozcan los restos; la iniciativa del gobernador, en tanto, indica que se deben de crear células de búsqueda municipales.
De acuerdo con el mandatario, en cada municipio podrán conformar las células servidores públicos de instituciones de Seguridad Pública, que participarán en búsquedas activas.
Además, señala como necesario que se verifiquen las condiciones de los panteones municipales y sus registros.
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El gobernador propone que los propietarios o encargados de hospitales, clínicas, albergues, instituciones de asistencia social, centro de atención de adicciones o de rehabilitación, de atención psiquiátrica, ya sea públicos o privados, sean obligados a informar a la Comisión estatal de Búsqueda el ingreso y egreso de personas no identificadas y que no tengan certeza de su identidad.
En cuanto a los derechos de las víctimas, Barbosa Huerta sólo deja medidas de satisfacción como la construcción de lugares o monumentos de memoria, una disculpa pública de parte del Estado, recuperación de escenarios de encuentro comunitario, medidas de no repetición y suspensión temporal o inhabilitación definitiva a servidores públicos investigados o sancionados por el delito de desaparición forzada.
Las familias, en tanto, piden que se cumpla el principio de presunción de vida para la búsqueda de la investigación, así como que en la reparación del daño se incluya el regreso digno y seguro al lugar de residencia, reintegración del empleo, devolución de todos los bienes o valores que hayan sido incautados, atención médica, psicológica y psiquiátrica especializada.
También los servicios y asesorías jurídicos, programas de educación para garantizar su plena reintegración a la sociedad y la realización de su proyecto de vida, la reparación del daño físico y moral, así como el pago de gastos judiciales del asesor jurídico cuando sea privado.
Reforma de Barbosa obliga a diputados a legislar antes de dejar la Legislatura
La mañana del lunes 2 de agosto, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Nora Merino Escamilla, señaló que la iniciativa del mandatario estatal será turnada a comisiones para su estudio junto a la impulsada por la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, las familias y los académicos.
Para ello, llevarán a cabo tres mesas de trabajo: la primera, durante la próxima semana entre las comisiones de Derechos Humanos y Procuración y Justicia; la segunda, con personal autoridades de la Fiscalía de Puebla y Gobernación estatal; y una última con un dictamen que presentarán a colectivos de familiares de víctimas.
La idea, explicó, es convocar a una sesión extraordinaria presencial antes del 30 de agosto, en donde también se discutiría una reforma a la ley de seguridad pública, enviada por el gobernador Barbosa.
En tanto, el colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla mantiene el plantón que comenzaron el viernes 16 de julio del año en curso en la entrada alterna del Congreso de Puebla.
El viernes 30 de julio, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se reunió con los familiares de víctimas de desaparición en el estado, después que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunciara a favor de discutir la ley en la entidad.
