En estados aledaños como Tlaxcala, la pena máxima en prisión por abortar es de dos meses, pero permite el procedimiento hasta por seis causales; en Puebla, el castigo por aborto es de un año y sólo se exime por cuatro causas.
GUADALUPE JUÁREZ | @lupjmendez
Mientras en Tlaxcala, donde también se criminaliza el aborto, las penas de prisión para las mujeres que interrumpen un embarazo son de máximo dos meses, en Puebla el castigo es de un año.
Así, la entidad poblana se encuentra entre los 10 estados en el país con las penas de cárcel más altas por aborto, junto con Querétaro, Guanajuato, Sonora, Tabasco, Aguascalientes, Baja California, Durango, Sinaloa y San Luis Potosí.
El informe El Camino Hacia la Justicia Reproductiva: Una década de Avances y Pendientes, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) analizó los marcos normativos más restrictivos en materia de aborto; al hacerlo, contempló tanto la legislación penal como la legislación de salud local.
En Puebla, desde 2010 permanecen las mismas cuatro causales que sí permiten el aborto, sin ser actualizadas como otros estados: violación, peligro de muerte, imprudencial o culposo y alteraciones genéticas o congénitas graves.
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En cambio, en Tlaxcala pasaron de cuatro causales a seis, como por inseminación artificial no consentida, por salud, además de violación, imprudencial o culposo, peligro de muerte y violación.
Aunque en Yucatán y Michoacán el aborto también es criminalizado, son los únicos dos estados en el país que permiten el aborto por causas económicas, de acuerdo con el análisis de GIRE.
Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz –donde el aborto antes de las 12 semanas no es un delito— se ubicaron como las entidades menos restrictivas para interrumpir un embarazo.
Más denuncias contra las mujeres por aborto en Puebla
En 10 años, en la entidad se han registrado hasta 33 denuncias por interrumpir un embarazo, 17 de ellas llegaron a juicios penales y seis terminaron en sentencias, cinco contra mujeres y una contra un hombre.
Sin embargo, la entidad poblana es de las cinco que registra más casos de interrupción del embarazo por violación, de acuerdo con los datos presentados en el informe, con 26 casos desde enero de 2010 a enero de 2020.
Lo anterior, basado en la respuesta de la Secretaría de Salud local, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) negó la información a GIRE y reportó que no hubo ningún caso en el país.
El acceso al aborto en casos de violación sexual está permitido en el marco legal en México, sin embargo, las personas que desean interrumpir su embarazo todavía se enfrentan a requisitos contrarios a lo que dicta le legislación general.
Esto, ya que les piden la autorización del ministerio público o una denuncia previa por la agresión sexual que sufrieron, así como la consentimiento del padre, madre o tutor para hacer el procedimiento.
