La violencia feminicida pasa de noche en el Congreso de Puebla

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La comparecencia del fiscal Gilberto Higuera Bernal ante el Congreso de Puebla se convirtió en una larga sesión de aplausos y halagos. Los diputados olvidaron exigir respuestas frente a la negligencia con la que la Fiscalía ha actuado frente a los feminicidios.

MARIO GALEANA | @MarioGaleana_

El Congreso de Puebla dejó pasar la oportunidad de exigir al fiscal general Gilberto Higuera Bernal respuestas por una recomendación de derechos humanos que culpa a 59 funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) por ser un obstáculo en el acceso a la justicia para las familias de las víctimas de feminicidio en Puebla, además de que exige la reapertura de todas las investigaciones que no cumplieron el protocolo de investigación de feminicidios.

En su lugar, la comparecencia del fiscal general se convirtió en una larga sesión de aplausos, halagos y espaldarazos, que tuvo su epítome en el momento en el que el diputado Jorge Estefan Chidiac, coordinador de la banda del PRI, se levantó a agradecer desde su curul la “serenidad” y “certeza” que Higuera Bernal ha dotado al cargo.

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Solo una legisladora de 41 diputados cuestionó al fiscal Gilberto Higuera por la impunidad en feminicidios, durante su comparecencia ante el Congreso de Puebla. Lunes 14 de febrero de 2021.

Sólo la diputada panista Mónica Rodríguez Della Vecchia cuestionó al fiscal por el hecho de que ocho de cada 10 feminicidios permanezcan impunes.

Con datos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie), de la Universidad Iberoamericana Puebla, la legisladora recordó que existe un subregistro de homicidios por razones de género que no son incluidos en los registros oficiales de la Fiscalía de Puebla.

Sólo el año pasado, insistió, la fiscalía contabilizó 17 feminicidios, mientras que otros organismos civiles y académicos registraron al menos 65.

Te interesa leer: Un subregistro de seis años de asesinatos por razones de género en Puebla

Frente al cuestionamiento, el único en una sesión plenaria de más de dos horas, el fiscal general de Puebla evadió una respuesta puntual e insinuó que no todos los casos pueden concluir en una sentencia.

“Lo hemos dicho en muchas ocasiones, con quienes hacen una interpretación lineal de las estadísticas. Es falsa, porque el silogismo está compuesto de una premisa que es equivocada. ¿Cuál es? Que cada investigación que inicia la fiscalía se inicia por la denuncia, la querella, o como dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, por un medio equivalente, como pueden ser las puestas a disposición que recibe la fiscalía cada día”.

Todos supondríamos que nuestra actuación llevaría a judicializar o ejecutar acción penal en todos los casos, sí, nada más que hay muchos que resultan no ser delitos, o muchos casos en que por disposición del código pueden llegar las partes llegar a acuerdos”.

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Sólo se ha identificado a los responsables del 35% de los feminicidios cometidos en 2020 y ninguno ha recibido sentencia. Gráfico: Valeria Bautista

Sin embargo, el feminicidio es uno de los delitos que se persiguen de oficio y, por tanto, no se prevé acuerdos reparatorios. Es decir, cada crimen debería concluir en una sentencia.

Ninguno de los 41 diputados mencionó la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado de Puebla que demanda sanciones para 59 funcionarios señalados por no realizar ni lo básico ni lo más avanzado para tratar de esclarecer estos crímenes.

También puedes leer: Puebla de los feminicidios impunes… y nunca investigados

De hecho, la recomendación 32/2021 que ordena a la fiscalía que reabra todas las investigaciones por muertes violentas de mujeres, niñas y adolescentes que hayan sido archivadas sin seguir el protocolo de investigación de feminicidios.

El órgano de procuración de justicia admitió que se inició una carpeta de investigación o una constancia de hechos por el delito de feminicidio sólo en 39 de las 226 muertes violentas de mujeres registrada entre el 1 de junio de 2019 al 30 de abril de 2021, es decir, en un 17.2% de todos los casos.

Por lo que el exhorto implicaría el reinicio en las investigaciones de cuatro de cada cinco de las muertes violentas de mujeres registradas en ese lapso.

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