Que la mayoría de los feminicidios permanezcan impunes en Puebla no es noticia nueva. Ahora, una investigación señala a 59 funcionarios de la Fiscalía General del Estado por ser responsables de no hacer ni lo mínimo para tratar de esclarecer los crímenes.
MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
Encontrar un feminicidio que no permanezca impune en Puebla es como buscar la aguja en el pajar. Y esto es responsabilidad de una larga cadena de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE) que no han realizado lo mínimo para tratar de esclarecer los cientos de asesinatos ocurridos a lo largo de los últimos años.
Una investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH) solicita sanciones administrativas en contra de 59 funcionarios de la Fiscalía local, a quienes responsabiliza por ser un obstáculo en el acceso a la justicia y la verdad para las víctimas de feminicidio y sus familias.
Las omisiones de estos funcionarios van desde lo más básico hasta lo más complejo: no procuran la búsqueda de testigos de los crímenes, no solicitan registros de cámaras de vigilancia de los lugares en los que ocurrieron, ni recogen pruebas biológicas para identificar a las víctimas —o a los responsables de sus muertes—, y mucho menos investigan el contexto en el que las mujeres vivían antes de su asesinato.
La negligencia es tal que la FGE ni siquiera quiso o pudo acreditar en dónde se encuentran los cuerpos de las 226 mujeres que perdieron la vida de forma violenta durante la investigación, que abarcó del 1 de junio de 2019 al 30 de abril de 2021.
No se sabe cuántos de los cuerpos fueron reclamados o entregados a sus familias. Tampoco se sabe cuántos yacen en una fosa común, sin haber sido identificadas por nadie.
Los feminicidios que no son nombrados
Por este cúmulo de omisiones y negligencias detectadas, la CDH emitió la recomendación 32/2021, en la que ordena a la fiscalía que reabra todas las investigaciones por muertes violentas de mujeres, niñas y adolescentes que hayan sido archivadas sin seguir el protocolo de investigación de feminicidios.
Este exhorto implicaría el reinicio en las investigaciones de cuatro de cada cinco de las muertes violentas de mujeres registradas en este periodo.
Porque, contrario al discurso oficial, que proclama que hay un feminicida detenido por cada crimen, la realidad es que los feminicidios ni siquiera se investigan como tales.
El órgano de procuración de justicia admitió que se inició una carpeta de investigación o una constancia de hechos por el delito de feminicidio sólo en 39 de las 226 muertes violentas de mujeres registradas, es decir, en un 17.2% de todos los casos.
El 9.2% de las muertes fueron investigadas como homicidios, suicidios o muertes naturales, lo que viola el Protocolo de Investigación de Feminicidios, que supone que todo deceso violento de mujeres debe ser investigado desde un inicio como un crimen cometido por razones de género.
En el 7% reconoció que ni siquiera sabía del caso, y en la amplia mayoría restante la fiscalía optó por ni siquiera responder qué tipo de procedimiento inició y bajo qué delito.
La Comisión de Derechos Humanos explica que si bien no puede afirmar que la FGE no hizo las diligencias para investigar los posibles feminicidios, la negativa de entregar información sobre los expedientes “transgrede el derecho al acceso a la justicia y la verdad” en agravio de las víctimas y sus familias.
Para la CDH también resulta “inconcebible” que la Fiscalía de Puebla haya aceptado que desconocía la existencia del 7% de los casos —16 muertes— registrados por la prensa. Vidas perdidas que no aparecen ni siquiera en los registros oficiales del Estado.
Causas para explicar la Puebla de los feminicidios impunes
La investigación de la CDH estuvo basada en reportes hemerográficos y solicitudes presentadas ante la Fiscalía de Puebla, aunque retoma otras fuentes de información gubernamentales y de la sociedad civil, como el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie), de la Universidad Iberoamericana de Puebla.
Un extracto del trabajo se enfoca en analizar una muestra de 59 expedientes de feminicidio. La gran constante fue la falta de información entregada por la fiscalía, pero aun con estos obstáculos se acreditó la negligencia de los funcionarios al investigar las muertes violentas de mujeres.
En palabras de la CDH: “La FGE no demostró que se efectuaron las medidas eficientes, en el momento, para esclarecer las muertes violentas con apariencia de feminicidio. Por ejemplo, hay pocas constancias de la búsqueda de testigos para entrevistarlos”.
Tampoco se adoptaron otras medidas, “como podría ser el caso de las solicitudes para obtener las grabaciones de los lugares cercanos a la ubicación de los hechos, recolección de muestras biológicas, sábanas o registros de llamadas telefónicas y geolocalización”.
Los funcionarios de la Fiscalía de Puebla no procuraron realizar investigaciones para verificar antecedentes de violencia entre víctima y victimario, pues sólo en el 3.38% de los casos reconoció haber indagado algún tipo de relación, sea de pareja, expareja, familiar o conocido.
Ni siquiera hay registro de que en alguno de los 59 casos la Fiscalía local se hayan realizado peritajes antropológicos sociales, que tienen como objetivo descubrir los factores sociales y culturales de las víctimas.
Indagar sobre las posibles relaciones entre las víctimas y sus feminicidas, o recabar pruebas sobre el contexto en el que vivían antes del crimen, son algunas de las condiciones para que las muertes violentas de mujeres puedan ser tipificadas como feminicidios y, en consecuencia, no queden impunes.
Hace tiempo, Manatí comprobó que la FGE sólo aprehendió a una tercera parte de los responsables de los 54 feminicidios registrados oficialmente durante 2020, aunque ninguno había sido sentenciado.
Y si las víctimas no son reconocidas por el Estado, mucho menos lo han sido las víctimas indirectas de estos crímenes: las madres, los hijos, las hermanas, las familias de las mujeres que han sido asesinadas.
De una muestra de 136 muertes violentas, sólo en el 13.9% de los casos la Fiscalía de Puebla dijo haber atendido a las víctimas indirectas.
Y, sin embargo, “no obran diligencias de una atención o seguimiento posterior que implique una atención victimológica integral, como pudiese ser atención psicológica, médica, de servicio social, asesoría y seguimiento, orientación, asistencia jurídica (…) con la finalidad de que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia y la reparación del daño”.
Según un monitoreo realizado por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia (CCSJP), entre 2019 y 2020, 106 personas quedaron huérfanas a consecuencia de los feminicidios en Puebla. Siete de cada 10 eran menores de edad.
Exigen sanciones contra 59 funcionarios
En respuesta a las solicitudes de la CDH, la Fiscalía de Puebla adujo pocas razones que expliquen la hemorragia de deficiencias, omisiones y negligencias acreditadas durante la investigación.
El órgano explicó que enfrentan falta de presupuesto y de personas servidoras públicas, y que existe dificultad para acreditar la participación de los feminicidas en los crímenes.
También consideró que la redacción del tipo penal de feminicidio contemplado en el Código Penal dificulta la procuración e impartición de justicia, pues considera circunstancias subjetivas basadas en el género.
Frente a la vaga respuesta de la FGE, para la Comisión de Derechos Humanos resulta claro que principalmente 59 personas servidoras públicas violaron los derechos humanos de acceso a la justicia por la inadecuada procuración de justicia, la dilación y las insuficientes diligencias de las investigaciones en agravio de las mujeres víctimas de feminicidio y de sus familiares.
No se trata sólo del Ministerio Público, sino también de los policías de investigación y del resto de servidores públicos que le auxilian, pues “no dan respuesta inmediata y no llevan a cabo las diligencias necesarias”. Una larga cadena burocrática que mantiene impunes los feminicidios en Puebla.
En razón de lo anterior, el órgano de derechos humanos ordenó que se inicien procesos administrativos de investigación en contra de los 59 funcionarios y de cualquier otro que haya participado en los expedientes de feminicidio.
Aunque la recomendación fue emitida desde el 25 de noviembre pasado, hasta ahora ni el fiscal general Gilberto Higuera Bernal, ni otro funcionario de alto nivel de la Fiscalía de Puebla han dicho si aceptarán o no las medidas solicitadas por la CDH.
