Mujeres protestaron ante la fiscalía de Puebla por la falta de atención a casos de violencia vicaria; exigen que el Congreso del Estado tipifique el delito.
GUADALUPE JUÁREZ | @lupjmendez
Fernanda sufría violencia física por parte de su pareja. Intentó dejarlo, pero no lo logró. Él iba a buscarla a casa de sus padres y la obligaba a volver, la volvía a agredir y ella volvía a dejarlo, hasta que nació su bebé a finales de febrero de este año y con apenas una semana de nacida, él se la arrebató.
“No sé nada de ella, al final de cuentas esta personas se sigue burlando de mí, porque sube muchas fotos de ella, las borró hasta que el MP le puso un hasta aquí, pero me sigue amedrentando”, contó.
Este 11 de mayo, Fernanda y un grupo de mujeres que representan al Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en Puebla se manifestaron frente a la Fiscalía General del Estado (FGE), junto a otras colectivas, para visibilizar las agresiones que han sufrido por parte de sus ex parejas.
En Zacatecas y el Estado de México, las únicas entidades en las que se encuentra tipificada, la violencia vicaria se ejerce cuando una expareja comete un daño en contra de cualquier persona que tenga parentesco con su expareja, con el propósito de afectar a ella. Esto casi siempre ocurre a través de los hijos, como en el caso de Fernanda.
“La violencia vicaria es esta forma de manipulación, de dolor que ejercen los padres, a través de nuestros hijos, para seguir violentando hacia nosotras”, pronunció Luz del Carmen Arredondo Díaz, representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, durante la manifestación ante la fiscalía.
La activista consideró necesario que se tipifique en Puebla el delito de violencia vicaria, además de que se capacite al personal de la FGE, ya que las mujeres denunciantes no suelen ser atendidas con perspectiva de género. sobre todo al interior del estado.
Cuando las mujeres han intentado presentar una denuncia por la sustracción de sus hijos, narró, las autoridades las revictimizan y se declaran incapaces de proceder contra los agresores bajo la justificación de que “mejor arreglen sus problemas entre ellos”.
Arredondo Díaz agregó que a las mujeres que denuncian la sustracción de los menores les piden una serie de exámenes médicos y psicológicos para poder ver a sus hijos, aunque no haya un delito que perseguir hacia ellas.
La organización, dijo, rente atiende entre 20 y 50 casos en Puebla, tanto en la capital del estado como en otros municipios.
Las manifestantes pretenden que cada 11 de mayo se visibilice el inicio de su lucha y que en el estado se reconozca como delito, como ya lo hicieron Zacatecas y Estado de México.
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