Puebla ocupó el penúltimo lugar en el índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 del World Justice Project. La falta de acceso a la justicia y la ausencia de límites y contrapesos al poder del gobierno del estado repercutieron en la evaluación.
GUADALUPE JUÁREZ | @lupjmendez
En Puebla, el Poder Judicial, el Congreso local, los órdenes de control y fiscalización, la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa no son un contrapeso eficaz para el gobierno estatal; además, en el estado hay corrupción, discriminación y tiene uno de los peores sistemas de justicia en el país.
Por lo anterior, la entidad poblana ocupó el penúltimo lugar en el Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 del World Justice Project con un puntaje de 0.35. El último lugar lo ocupó Quintana Roo con 0.34, en una medición donde 0.0 es lo más alejado al Estado de Derecho y 1.0 lo más cerca.
Puebla es de los cuatro estados que peor salieron evaluados en factores como límites al poder gubernamental. Además salió mal evaluado en lograr que los funcionarios del gobierno estatal sean sancionados cuando abusan de sus funciones o no cumplen con la normatividad.
El estado tampoco logró una buena evaluación en el rubro de ausencia de corrupción, en el que se toman en cuenta indicadores como que las personas servidoras públicas de los sistemas de seguridad y de procuración de justicia no abusen de sus funciones para obtener beneficios privados.
Puebla también es uno de los seis estados peor evaluados en gobierno abierto, una categoría que considera la participación ciudadana en la toma activa de decisiones y la garantía efectiva del derecho a la información pública.
Es la segunda entidad que peor salió evaluada en derechos fundamentales como trato igualitario y ausencia de discriminación, o en donde el derecho a la vida y a la seguridad de las personas se garantiza efectivamente.
También salió mal evaluada en casos donde el debido proceso legal de las personas acusadas se garantiza efectivamente, así como el derecho a la libertad de opinión y expresión, el derecho a la libertad religiosa y de culto, el derecho a la privacidad y los derechos laborales.
Además, es uno de los nueve estados que peor registra orden de seguridad en temas como ausencia de homicidios, crimen y percepción de seguridad entre las personas.
Puebla: un estado sin justicia
Puebla es de los siete estados con peor justicia civil, rubro que evaluó si las personas conocen sus derechos y confían en las instituciones, o si tienen acceso a información y asesoría legal asequible y de calidad, cuando enfrentan problemas legales o disputas.
La evaluación también contempla indicadores como que las personas puedan resolver sus problemas legales fácilmente y sin altos costos ni procesos burocráticos.
Además, si el sistema de justicia civil es imparcial, independiente y libre de corrupción, si garantiza un proceso de calidad, si es expedito y las resoluciones de los tribunales civiles y administrativos se ejecutan efectivamente.
La entidad es la segunda peor evaluada en justicia penal, al no apegarse al Estado de derecho. Este indicador mide si la policía y el ministerio público investigan los delitos de manera eficaz, si los sistemas de procuración y de impartición de justicia son expeditos y eficaces o que los derechos de las víctima se garanticen efectivamente.
Tampoco logra que el debido proceso legal de las personas acusadas se garantice efectivamente ni que el sistema de justicia penal sea imparcial, independiente y libre de corrupción. Además, la evaluación señala que el sistema penitenciario no garantiza la seguridad y el respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad.
Algunos avances
A pesar de los rubros negativos, en la entidad hay avances como en el cumplimiento regulatorio, ya que Puebla es la sexta mejor evaluada en la normatividad y las regulaciones gubernamentales, ya que se cumplen de manera efectiva.
De hecho, consideran que hay ausencia de corrupción en la aplicación de normas y regulaciones gubernamentales, una resolución efectiva y eficiente de los procedimientos administrativos.
Además, el informe indica que el debido proceso se garantiza efectivamente en los procedimientos administrativos y el gobierno estatal no expropia ilegalmente y sin otorgar una compensación adecuada.
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Puebla World Justice Project
