Guadalupe Valencia denunció por violencia familiar a su esposo, un funcionario del Consejo de la Judicatura Federal. Desde entonces, la Fiscalía de Puebla la ha revictimizado y lo ha protegido a él.
GUADALUPE JUÁREZ/ @lupjmendez
Guadalupe Valencia superó las trabas que le pusieron las autoridades para poder denunciar la violencia familiar ejercida por su esposo, pero han pasado casi dos años y la impunidad prevalece.
Su esposo se llama Josué Miguel, es secretario técnico del Consejo de la Judicatura Federal, es oriundo de Morelos igual que ella, y hace siete años se casaron.
En 2018 los dos se convirtieron en padres y al año siguiente pasaron por una crisis matrimonial, cuando encontró videos de él con otras mujeres y al descubrir que había comprado otra casa sin avisarle.
Guadalupe se hacía cargo de las labores del hogar, tenía trabajos eventuales; él pagaba todo, pero nunca aportaba dinero para que ella administrara, y cuando ella conseguía dinero, su esposo la inducía a pagar arreglos en su casa, por lo que se quedaba sin recursos económicos propios.
El matrimonio pasaba por una crisis. En el regreso de un viaje a Morelos, él le dijo que no estaba listo para ser padre, Guadalupe le pidió que entonces la llevara con sus padres a Morelos y se separarían, pero se negó.
La pelea subió de tono, él arrojó su celular al suelo; al levantarlo, él la tomó por detrás y le aplicó una llave, asfixiándola. Como pudo, ella logró zafarse, pero él le soltó un golpe en el rostro que hizo brotar sangre por todos lados. Era la tarde del 6 de mayo de 2020.
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Guadalupe vio cómo su esposo iba hacia su automóvil, tenía permiso para manejar tres armas de fuego que le compró a la Secretaría de la Defensa Nacional, y por lo regular guardaba una de ellas en el asiento. Por eso, aun sangrando, tomó su teléfono y llamó al 911.
“Gracias a Dios, la llamada entró, así me mantuve hasta que llegó la policía a mi casa y nos llevaron en dos patrullas diferentes”, cuenta.
Recuerda que cuando llegaron los policías municipales a su casa, su esposo se sentó tranquilamente en el sofá, a ella le pidieron cambiarse de ropa, lavarse la cara e ir por su hijo de año y medio de edad para no “asustarlo”.
A él se lo llevaron en una patrulla aparte y a ella en otra hacia el Complejo de Seguridad C5, en donde le preguntaron “si estaba segura” de denunciar, y Guadalupe dijo que sí.
Sus padres condujeron desde Morelos para apoyarla. Su papá le dijo que Josué Miguel le había llamado por teléfono minutos antes, aun cuando él estaba en una celda. Eso fue, para ella, el primer indicio de que el proceso legal sería a favor de él.
Regresó a su casa en compañía de la policía, tomó sus documentos más importantes, y se dirigió a la Fiscalía Especializada en investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres; eran casi las 10 de la noche.
Revictimización en el ministerio público
El ministerio público que la atendió, la vio, y le dijo “si usted no tiene nada, la veo muy bien”. Vio cómo llegaban familiares de su esposo, y en lo que le hacían exámenes y evaluaciones psicológicas y físicas, el funcionario hablaba con ellos.
Le tomaron su declaración hasta las 3 de la madrugada y la hizo un pasante. Hubo preguntas que la pusieron en alerta, cuando el ministerio público le insistió en saber cuánto ganaba su esposo y cuánto ganaba ella, también cuando omitían detalles de lo que ella relataba oficialmente.
Guadalupe contó la cantidad de hojas de su denuncia, se fijó en todos los detalles de los documentos que firmaba, para evitar algún cambio irregular.
El médico legista dijo que sólo tenía un moretón y que ella no tenía ningún rastro de violencia psicológica, insinuó que ella la agresora.
Y entonces el Ministerio Público ya no la defendía a ella, sino a su agresor. Le ofreció 20 mil pesos y ayudarle con la pensión alimenticia para su hijo y para ella, si le otorgaba el perdón a su esposo; no accedió, aunque le insistió de nueva cuenta.
Pidió copias de su carpeta de investigación, primero se la negaron, pero cuando le dieron las copias, notó que la declaración no era la misma que había dado. Josué Miguel salió libre bajo investigación, pues era un proceso en medio de la contingencia sanitaria.
Impunidad y vulnerabilidad
Con ayuda de la Comisión estatal de Derechos Humanos, Guadalupe consiguió medidas cautelares del programa Mujer Segura. Volvió a la casa en donde había vivido con su marido y una patrulla de la policía estatal la llamaba y preguntaba a diario si estaba bien.
Con apoyo de un nuevo asesor legal le hicieron nuevos exámenes, y un médico determinó que le habían fracturado la nariz por el golpe, además otras pruebas arrojaron que había sufrido violencia psicológica y económica.
El proceso legal continuó, quedó asentado en la carpeta de investigación 1563/ 2020, pero no pudo cambiar de ministerio público a pesar de las irregularidades detectadas. Logró judicializar la carpeta de investigación meses después, pero no ha podido lograr que lo vinculen a proceso y, desde hace una semana, la patrulla de la policía estatal dejó de protegerla.
“No tengo protección de la policía estatal, no salgo de mi casa, eso no es vida, porque tengo miedo y estoy encerrada todo el día”, cuenta en entrevista con Manatí.
Al esposo de Guadalupe le regresaron las tres armas de fuego que tenía, ella asegura que cuando iba a revisar su caso en la Fiscalía General del Estado con una ministerio público nueva, que logró cambiar tras varias quejas, el personal le avisaba a su marido cuándo y a qué hora iba.
Guadalupe dice temer por su vida, debido al proceso que decidió emprender contra su todavía esposo y pide justicia por las agresiones de las que fue víctima.
Durante 2020, se registraron 9 mil 124 denuncias por violencia familiar, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado.
En dicho periodo, el Instituto de Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) informó que el Poder Judicial sólo emitió ocho sentencias condenatorias por este delito, es decir, 0.08 por ciento de las investigaciones.
