Elia Tamayo exige justicia a más de ocho años del asesinato de su hijo José Luis Tehuatlie en el operativo violento de la Policía Estatal en Chalchihuapan, ordenado por funcionarios morenovallistas en 2014
GUADALUPE JUÁREZ | @lupjmendez
La promesa para hacer justicia por el caso Chalchihuapan se quedó en el aire. Este martes 19 de julio, Elia Tamayo recriminó que a ocho años del operativo violento de la Policía Estatal que le quitó la vida a su hijo José Luis Tamayo, no hay avances contra los funcionarios que ordenaron el desalojo de los pobladores.
Pero a diferencia de 2014, cuando la vida le cambió drásticamente, dijo que las cosas con otro gobierno siguen igual, con represión hacia los pobladores y muertes de menores de edad en manos de la policía.
“En espera de justicia después de ocho años y no, seguimos en las mismas, con las mismas represiones, tanto que he dicho no a la repetición al abuso contra los niños y seguimos en las mismas”, reprochó.
Julio Santos Lozano, su asesor jurídico, explicó que a casi dos años de la reapertura del caso por la Fiscalía General del Estado (FGE), las investigaciones contra el ex fiscal Víctor Carrancá Bourget, al ex secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas y al ex consejero jurídico, Juan Pablo Piña Kurzyn, no han avanzado.
El personal de la FGE justificó la falta de indagatorias por la pandemia y luego a la falta de personal, por lo que la carpeta de investigación sigue igual a años anteriores, antes que el gobernador Miguel Barbosa Huerta les prometiera justicia.
Elia Tamayo acudió a Casa Aguayo para entregar un oficio dirigido al gobernador Miguel Barbosa Huerta, en el que pide intervenga para que la Fiscalía General del Estado (FGE) le dé celeridad a las investigaciones.
En el escrito, la madre del menor pidió que se garantice el derecho a la verdad como víctima y no dejar en impunidad a ninguno de los autores involucrados.
El operativo de Chalchihuapan ocurrió el 9 de julio de 2014, cuando un grupo de pobladores cerraron la autopista Atlixco-Puebla como exigencia hacia las autoridades estatales para devolver los servicios del Registro Civil a las juntas auxiliares, a las que el gobierno de Rafael Moreno Valle, les había retirado facultades para emitir actas de nacimiento.
