El gobernador Miguel Barbosa llevó a Miriam Vázquez a su conferencia matutina para narrar el tortuoso camino que enfrentan las víctimas de abuso sexual en Puebla. Pero, para Miriam y sus hijas, la conferencia fue un nuevo apéndice en esa larga cadena de revictimización.

GUADALUPE JUÁREZ / @lupjmendez

El jueves 18 de agosto, casi tres meses después sin saber de sus hijas, Miriam Vázquez, supo que habían detenido a Ramón N, su ex pareja, el responsable de la sustracción y abusador de su hija mayor.

Pero una orden de aprehensión por violación agravada se pulverizó de un momento a otro durante una audiencia en la Casa de Justicia de Huauchinango: el juez encargado del proceso vinculó a proceso al agresor sólo por el delito de estupro.

Al juez Lucio León Mata le pareció “normal” que una menor de 16 años de edad, que previamente había presentado una denuncia por violación de la que resultó embarazada, viviera en concubinato con Ramón, de 48 años de edad, el responsable de ese abuso y ex esposo de Miriam.

Y entonces reclasificó el delito por el que fue detenido y ordenó su liberación sólo bajo la condición de presentarse a firmar de manera periódica.

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Con ayuda de colectivas feministas, Miriam denunció en redes sociales que la liberación se debía a que Ramón era hermano del juez Celestino Martínez López, quien presuntamente movía los hilos en el municipio de Huauchinango para protegerlo.

Esa noche, junto a sus asesores legales, Miriam viajó de Huachinango a Tehuacán, cuando un vehículo se les cerró y casi los sacan del camino. Temió por su vida y supo que estaba en peligro.

Desde el inicio, cuando buscó a un asesor legal para que la apoyara a recuperar a sus hijas, los abogados le advirtieron que era difícil comenzar un proceso legal contra el hermano de un juez, que había sido magistrado también. Cuando pudo presentar su denuncia, Hugo Pineda, ministerio público de Huauchinango, minimizó en numerosas ocasiones la situación y se negó a activar la alerta Amber, al asegurar que el caso no se cumplían los requisitos para hacerlo.

Fue hasta que encontró apoyo en organizaciones civiles y colectivas, cuando pudo visibilizar su situación y la de sus hijas, quienes quedaron a resguardo del Sistema Estatal DIF.

La revictimización desde Casa Aguayo

El viernes pasado, Miriam recibió una llamada del gobernador Miguel Barbosa para explicarle su caso. La invitó hasta el Salón Juárez, donde cada mañana realiza una conferencia de prensa, y allí le pidió narrar todo lo que había vivido.

Ahí, durante la transmisión en vivo y las decenas de medios que presencian la transferencia vía remota, Miriam narró que fue víctima de abuso sexual por parte de Mario C., un asesor legal que le brindó la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

Miriam fue a su oficina particular el 31 de marzo, después de que él la citara fuera de la Casa de Justicia de Huachinango, que era donde la tenía que recibir, pero se negó al decirle que estaba ocupado y que regresara después. Cuando lo contactó, le dijo que la recibiría a las 19:00 horas y, durante las siguientes tres horas que Miriam narró la situación, el asesor estaba ingiriendo una bebida alcohólica.

En algún momento, Mario le ofreció un vaso de jugo que aparentemente tenía una sustancia; Miriam perdió la noción de sí y, cuando pudo despertar, se dio cuenta de que el hombre se encontraba abusando de ella. También denunció la agresión sexual, pero le dijeron que no había huellas de violencia.

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Un mes después, cuando por fin aceptaron su declaración, los análisis químicos y físicos que le realizaron no eran útiles: ya no había huellas de abuso ni rastros de las sustancias que pudo utilizar su agresor para intoxicarla.

En ese relato, Miriam fue varias veces interrumpida por el gobernador. Ella hablaba nerviosa, con la vista puesta sobre la mesa, narrando otra vez la cadena de sucesos que ha tenido que contar en otras oficinas de gobierno, pero esta vez frente a los medios. Fueron múltiples las ocasiones en que el gobernador se refirió a su hija mayor como “la violada”.

Cuando terminó, Barbosa convocó al Poder Judicial a no permitir más abusos por parte de sus funcionarios. Antes, el viernes 19 de agosto, la Fiscalía General del Estado (FGE) admitió que había anomalías en la liberación de Ramón, pues el juez había reclasificado el delito sin argumentos suficientes, por lo que se inconformaría con la decisión.

El Poder Judicial emitió un comunicado en el que aseguraba que se abrió una investigación contra los dos jueces, y en una entrevista posterior, el titular del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, lamentó el caso.

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