En Puebla, Ricardo N fue detenido y vinculado a proceso por violencia vicaria; es la primera vez que se procesa a una persona por este delito. Andrea Lezama, vicepresidenta de Cam-Cai espera que sea el primer paso para reunir a más madres con sus hijos

GUADALUPE JUÁREZ | @lupjmendez

Andrea Lezama Bonilla fue separada de su hijo hace seis años, cuando su bebé tenía apenas un año y seis meses de edad. El domingo 23 de octubre de 2022, su lucha por reunirse de nuevo con él, ha dado frutos, y no sólo eso, dio un primer paso para hacer justicia.

El padre de su hijo Ricardo N. fue detenido en Baja California, trasladado a Puebla y se convirtió en la primera persona en en ser vinculada a proceso por violencia vicaria en el país.

Debido a que Andrea y su asesor legal expusieron el peligro que corre si su expareja permanecía en libertad, la jueza le dictó prisión preventiva justificada, por lo cual permanecerá en prisión hasta que termine el proceso de investigación complementaria.

“Es el primer paso, falta mucho, creo que lo podrían encarcelar pero los años que mi hijo ha sufrido, no van a hacer suficiente, pero demuestra que podemos trabajar en conjunto la sociedad y las autoridades. Vamos a seguir luchando, ahorita se dio este caso, pero les prometo que van a ser todos los demás y vamos a luchas para que todas podamos estar con nuestros hijas y nuestras hijos”, manifestó Andrea.

Andrea también es vicepresidenta de la Colectiva Amorosas Madres contra la Violencia Vicaria (Cam-cai), una de las agrupaciones que luchó por que la violencia vicaria fuera reconocida en la entidad, lo cual lograron en julio del 2022.

Tras la detención de Ricardo N, el menor quedó en resguardo del DIF de Baja California, y será trasladado a Puebla para iniciar el proceso de acercamiento con su madre. 

Andrea agradeció a las autoridades, así como a las colectivas que han luchado junto a Cam-cai para visibilizar la violencia vicaria en el estado. 

🚨Pide protección de las autoridades🚨

Por la mañana, antes de la audiencia, la activista expresó su temor por su vida, y solicitó públicamente que las autoridades le brindaran información a ella y su hijo.

“Mi corazón brinca de felicidad imaginando el momento en que pueda estar nuevamente con mi hijo, será un proceso ciertamente complicado y doloroso porque durante más de seis años el agresor apoyado por su familia, tanto de Puebla como de Baja California Sur, violentaron los derechos de mi hijo y los míos al impedirnos estar juntos”, agregó. 

El pasado 15 de julio, el Congreso de Puebla tipificó la violencia vicaria como un delito en el estado, ilícito que se castiga hasta con 10 años y ocho meses a quien sustraiga de manera ilegal a un menor con el objetivo de hacerles daño a sus ex parejas. 

Antes de irte, puedes leer: Exigen a servidores públicos a sensibilizarse con víctimas de violencia vicaria

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