El gobierno del estado congeló los recursos con los que operaba el OVIGEM; las extrabajadoras demandaron a Armando García Pedroche, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla (CCSJP), porque desde hace un año no han recibido su liquidación.
MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
El Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (OVIGEM) en Puebla fue desmantelado por el gobierno del estado y sus extrabajadoras llevan un año sin recibir el pago de liquidación por más de cuatro años de labores.
El OVIGEM se creó en 2016 como parte de las primeras recomendaciones que las autoridades de Puebla recibieron de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), en el contexto del análisis de la declaratoria de alerta de violencia de género.
Se trataba de un observatorio único en el país: analizaba la cobertura de los medios, sugería buenas prácticas para el manejo de información con perspectiva de género, acompañaba casos de violencia digital, facilitaba talleres para periodistas e incluso realizó un premio estatal de periodismo.
Pero el despido de sus integrantes fue ejecutado en junio de 2022 por Armando García Pedroche, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJP), un organismo al que se encontraba adjunto el OVIGEM, según dieron a conocer las extrabajadoras a través de un comunicado.
El OVIGEM quedó sin recursos debido a que la Secretaría de Gobernación estatal se negó a firmar el convenio anual de trabajo con los representantes del CCJSP.
El Congreso del estado etiquetó 15 millones 800 mil pesos para la operación del consejo ciudadano durante el año pasado, e incluso este 2023 la Ley de Egresos contempla 4 millones de pesos para el CCSJP. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación ha congelado estos recursos.
Según las extrabajadoras, a partir de mayo de 2022, el cierre del OVIGEM y del resto de los programas del consejo ciudadano fue prácticamente un hecho. La “pausa indefinida” de las labores, como les comunicó García Pedroche, se ejecutó el 30 de junio de 2022.
“El pago de nuestra nómina dejó de llegar y se nos plantearon dos opciones: seguir laborando a pesar de que no había fondos, con la falsa expectativa de que Armando García Pedroche estaba por firmar el convenio con el gobierno; o que éramos ‘libres de descontinuar nuestra relación laboral’, insinuando más una renuncia voluntaria y siempre con respuestas inciertas sobre nuestro finiquito”, señalan las extrabajadoras en el comunicado.
Para compensar la falta de pago, la dirección del CCSJP ofreció en intercambio artículos de oficina, tales como computadoras, sillas, muebles y otros objetos. Sólo una de las extrabajadoras aceptó este acuerdo, pero recibió objetos que equivalen a menos del 7% del pago que le corresponde por los más de cuatro años de trabajo.
“En aquel tiempo también se manejó la venta de activos, el auto de la organización, equipos y mobiliario, pero hasta ahora nadie ha rendido cuentas de qué sucedió con la venta de dichos elementos y a qué o a quiénes se destinaron”, precisan en el comunicado.
Ante la falta de respuestas, las extrabajadoras del OVIGEM en Puebla presentaron una demanda en contra de García Pedroche ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Prodet) desde julio del año pasado.
En este tiempo, el presidente del CCSJP no ha sido emplazado porque, supuestamente, los representantes de Prodet no han podido localizar su domicilio. Algo que, para las extrabajadoras, ha sido una táctica dilatoria en el proceso de pago.
“No se puede seguir hablando de justicia ni paz sin respetar los derechos humanos de las personas que hicimos posible con nuestro trabajo la construcción de esta organización”, concluyen las demandantes en el comunicado.
El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia tenía a alrededor de 47 trabajadores, distribuidos en diferentes programas de vinculación entre sociedad y autoridades. Realizaba diagnósticos sobre incidencia delictiva en el estado, sobre la atención por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y las denunciar por acciones indebidas en la Policía Municipal de Puebla.
Los programas eran el Centro de Atención Telefónica (CAT), Centro de Integración Ciudadana (CIC), Ministerio Público Orientador, el Observatorio Ciudadano de Seguridad y Paz (OCSEPAZ), Acompañamiento Jurídico y Apoyo Psicológico a Víctimas de la Violencia y la Delincuencia, Monitoreo Ciudadano a Agencias del Ministerio Público de la FGE, Controles Democráticos de la Policía, Reconocimiento Ciudadano a las y los Policías de Puebla (RECIPOL), Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia.
