Los candidatos a la presidencia municipal de Puebla han propuesto mayor videovigilancia en Puebla como medida de seguridad; ¿qué implicaciones tiene? Esto opina el escritor Alejandro Badillo.
ALEJANDRO BADILLO | @Alebadilloc
En días recientes, en el contexto de las campañas electorales en la ciudad de Puebla, el candidato Mario Riestra, perteneciente a la coalición PRI-PAN-PRD, promovió, como una propuesta de gobierno, la instalación de 4 mil cámaras de vigilancia. Además, prometió “blindar” a la ciudad en sus principales accesos, el uso de drones y de Inteligencia Artificial. José Chedraui, candidato por Morena, presentó la misma idea en un evento en el que habló sobre seguridad. Si hiciéramos un repaso de las propuestas de campaña en el país para las elecciones de este año, seguramente comprobaremos que, en las grandes ciudades, los aspirantes a alcaldes repiten una y otra vez la necesidad de aumentar la videovigilancia para mejorar la seguridad de los ciudadanos. Esta idea es raramente cuestionada por la prensa local. Tampoco se muestran datos de que, efectivamente, la videovigilancia ayuda a reducir los índices delictivos.
La videovigilancia, los sistemas automatizados, el uso de drones, los algoritmos de reconocimiento facial, entre otras tecnologías de control social que se venden como solución a la violencia e inseguridad, son criticadas en todo el mundo por la opacidad en su manejo, la extracción de datos personales sin el consentimiento de los ciudadanos, la pérdida de la privacidad y los sesgos en sus resultados que, muchas veces, conducen a discriminación y segregación de la población más vulnerable. En la ciudad de Puebla se han documentado casos en los que, sin uso aparente de tecnología de punta, policías municipales agreden a ciudadanos –en particular jóvenes estudiantes– con el pretexto de hacer revisiones que, a todas luces, son ilegales. Muchas veces estas detenciones parten de prejuicios sociales como la forma de vestir, tatuajes, entre otros aspectos que se salen de la norma según los criterios de la policía. Si estas decisiones ahora se toman con el uso de tecnología, se producirá un consenso peligroso, pues muchos creen que el ser humano es falible y que las máquinas toman decisiones objetivas. En realidad, la tecnología –en el caso de la vigilancia– ha demostrado que potencia y amplifica los sesgos humanos, pues es continuamente alimentada por éstos.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) publicó el artículo “Videovigilancia en el espacio público: un-obstáculo-para-las-libertades-civiles“. El texto, del 2020, alerta de las consecuencias del uso de la videovigilancia en los espacios públicos. Se vulnera, buscando una falsa sensación de seguridad, la privacidad que debe ser un derecho fundamental de cualquier ciudadano. En estos tiempos en los que se cita a cada momento a George Orwell para criticar el poder político totalitario, pasa a un segundo plano el concepto del “Gran Hermano” de la novela 1984: el poder del Estado –en esta época aliado del poder corporativo– a través de una hipervigilancia que abarca casi todas las actividades del ser humano que termina siendo un cobayo sujeto a diferentes tipos de experimentación. Si a las cámaras omnipresentes le añadimos el uso de nuestra información con fines poco claros (en qué calles caminamos, a qué hora salimos de nuestra casa al trabajo, en dónde compramos) tenemos un Estado policial que prefiere vulnerar los derechos de quienes, en el papel, debe proteger en lugar de buscar otras soluciones para la inseguridad y el deterioro de la convivencia social en la ciudad.
La vida en una ciudad como Puebla, sometida a una videovigilancia cada vez mayor, tiene muchos aspectos negativos que, lamentablemente, se normalizan. Los políticos que aspiran a un puesto de representación popular en la ciudad deberían prometer una fuerte regulación a la tecnología invasiva en lugar de extenderla. Por desgracia, la ciudadanía y los medios compran el discurso de la seguridad sin tener conciencia de los efectos perniciosos en su vida actual y en un futuro próximo en el cual cada movimiento de nosotros será vigilado, procesado y vendido sin que se tengamos control sobre eso. Además, la hipervigilancia crea, en ciudades cada vez más violentas como la de Puebla, un espectáculo de morbo que banaliza la agresión en las calles y a las víctimas y sus familias. Sin ningún tipo de regulación o ética, se comparten en las redes sociales videos de asesinatos, robos o agresiones captados por las cámaras. ¿Las autoridades filtran esta información a los medios? ¿Quién decide qué se puede compartir y qué no? Estos dilemas, por desgracia, están ausentes en el debate público de las campañas electorales y, por supuesto, en el discurso de los candidatos.
TE PUEDE INTERESAR: Una ciudad enferma en su tránsito
Los materiales publicados en la sección “Opinión” son responsabilidad del autor/a y no necesariamente reflejan la línea editorial de Manatí.
