¿El transporte público en Puebla es público en realidad? ¿Por qué tenemos que hablar más sobre este tema? Checa la opinión de Alejandro Badillo.
ALEJANDRO BADILLO | @Alebadilloc
La historia se repite cada dos o tres años, particularmente cuando hay cambio de gobierno en Puebla: los concesionarios reclaman un aumento en el pasaje, pues no les alcanza para la gasolina, refacciones y demás ajustes de sus unidades. Las autoridades calculan el costo político de ceder y, con base en esto, le dan largas al asunto o prometen una respuesta rápida a los empresarios. Lo que muchas veces pasa es esto: autorizan el aumento una vez que pasaron las elecciones –para no ser castigados por los electores– y dejan que la inconformidad se diluya conforme pasa el tiempo.
El debate sobre el transporte público, desde antes de que existieran las redes sociales y ahora en plataformas como Facebook o X, es, también, similar: se le reclama al gobierno no enfrentar a los dueños de combis y camiones; también se comparten las numerosas críticas a los choferes: no saben manejar, no respetan los límites de velocidad, se pasan los altos, son groseros, tratan mal a la gente. En algunos casos, cuando se autoriza un nuevo aumento, los concesionarios hacen la promesa de costumbre: se modernizarán las unidades, se capacitará los choferes, se hará más seguro el viaje para el usuario. Como ha podido comprobar el pasajero durante muchos años, esto no ocurre, ni parece que ocurrirá en el futuro.
Es un poco desesperante que el debate entre la gente y, particularmente, entre muchos columnistas, opinadores y periodistas en Puebla, no aborde el problema central del transporte público en la ciudad que es muy simple: el transporte público no es público, está concesionado a empresarios que, como todos los empresarios, sólo buscan aumentar sus ganancias. Se le llama “público”, pero está privatizado. El gobierno, como pasa en la actualidad, autoriza el precio del pasaje y puede sancionar o retirar concesiones, pero, en esencia, el servicio que recibe el usuario que aborda un camión o una combi está controlado por un empresario.
¿Qué pasaría si el transporte público fuera público de verdad? En primer lugar, ya no funcionaría con la consigna de obtener la máxima ganancia al menor costo. Si el transporte público fuera controlado al cien por ciento por el gobierno –un gobierno, además, representativo, orientado hacia la gente y no hacia la Iniciativa Privada– podría subsidiar el servicio para hacerlo mucho mejor y, mejor aún, contribuir a que las personas lo usen, en lugar de preferir sus autos. Si el transporte público estuviera en manos privadas podría mantener rutas y horarios que “no fueran negocio”, pero que ayudaran a sectores de la población que los necesitan. Aún recuerdo al fallecido exgobernador Luis Miguel Barbosa –al inicio de su gestión– justificar la cancelación de corridas especiales de RUTA (Red Urbana de Transporte Articulado) en horarios nocturnos porque no era negocio, a pesar de que muchos empleados y trabajadores salen muy tarde de su jornada y tienen que pagar taxis o invertir gran parte de sus salarios en un auto.
El transporte público es un bien de primera necesidad. La gente que no pertenece al sector que puede comprar un auto, depende de él para hacer su vida. Desafortunadamente pasan los gobiernos y ningún partido político propone quitar las concesiones, asumir el control del transporte público, cobrar más impuestos a las clases altas para financiarse y recuperar el transporte y movilidad para la gente. Si el gobierno trabajara para la gente y no para los empresarios, por ejemplo, dejaría de gastar cantidades millonarias en obras viales que sólo crean más tráfico en el futuro, entre otros problemas. Por desgracia a la clase política de la ciudad, aliada o perteneciente a la clase empresarial, no le conviene poner en el centro de la discusión la desprivatización del transporte. Si el gobierno y los partidos políticos, por ejemplo, fueran realmente representativos de la población y no de una élite que no se sube al transporte público, se preocuparían más por ir al fondo del problema y no, simplemente, maquillarlo.
Uno de los ejemplos más claros que surgen cuando un bien de primera necesidad se privatiza, después de haber sido gestionado por el Estado, es el de los trenes en Inglaterra. En el documental La gran venta del 2007 –un recorrido muy interesante sobre los terribles efectos de privatizar los servicios de primera necesidad como la salud y la luz– se muestra el desastre de concesionar a los privados los trenes, uno de los máximos orgullos del transporte inglés y servicio fundamental para los trabajadores. El resultado de esta entrega fue casi inmediato: baja calidad en el servicio, más accidentes (pues las empresas no querían gastar en mantenimiento de las vías para conservar sus márgenes de ganancia), ataque a los sindicatos de los trabajadores de los trenes con la consiguiente pérdida de su calidad de vida. Recuperar el transporte para la gente no sólo es fundamental para ese servicio en particular sino puede marcar el camino de otros bienes básicos (derechos humanos) como el agua que se han entregado a la Iniciativa Privada con las consecuencias que todos conocemos.
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