IVÁN JUÁREZ | @CCSJPuebla

Un derecho fundamental es el de libertad de expresión y sobre todo cuando este se ejerce para garantizar los derechos de muchas más personas, ya sea para informar a través de la práctica periodística o para defender los derechos humanos. Ambas son tareas complicadas en el contexto actual y son muestra de los enormes retos institucionales que en materia de justicia enfrenta el Estado mexicano.

Recientemente el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE) y la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), presentaron en las instalaciones de esta institución educativa el informe “Libertad de Expresión en México, 2019”. Este documento analiza bajo que condiciones periodistas y personas defensoras de derechos humanos ejercen la libertad de expresión en nuestro país a partir del análisis en tres esferas: la ineficacia de las instituciones garantes y salvaguardas; la persistencia agresiones y las zonas del silencio.

En los últimos diez años 83 periodistas han sido asesinados en México y 42 personas defensoras de los derechos humanos han terminado sus días de manera violenta, solo por defender las libertades de los demás. La situación se torna alarmante cuando en este mismo estudio se revela el número de homicidios a periodistas en los primeros nueves meses de los últimas cuatro periodos presidenciales. La actual administración registra 11 asesinatos en dicho periodo, la más alta en comparativa. De acuerdo con el análisis de CASEDE, en el 2017 se cometieron 12 crímenes contra periodistas, siendo el año pico de la medición que cuenta con registros desde el 2000.

El informe también presenta los principales resultados de la Encuesta Seguridad y Ejercicio de la Libertad de Expresión en México, aplicada en los primeros meses de 2019 a defensores de los DDHH y periodistas. Se realizaron 429 entrevistas a lo largo del país y los hallazgos son poco alentadores. El 45.9% considera que la localidad donde realiza su labor es insegura. Del total de encuestados y encuestadas, el 66.3% considera que esta situación se mantendrá igual y para un 24.4% del total incluso empeorará.

16% afirmaron haberse autocensurado e incluso disminuir su actividad como medida de autoprotección ante las agresiones. Casi 14% cambió su lugar de residencia como respuesta a los delitos de los que han sido víctimas o testigos. La confianza y debilidad de las instituciones provoca que sólo en 1 de cada 10 casos de agresión se acuda al Mecanismo de Protección a periodistas que brinda la Secretaría de Gobernación federal, y en sólo 2.5 de cada 10 se realiza una denuncia formal ante la autoridad competente.

Principalmente las agresiones a las que son sometidas periodistas y defensores son la amenaza, incluyendo las hechas a familiares y amistades; la vigilancia constante y el espionaje. Los agresores son principalmente autoridades políticas y funcionarios públicos; agentes policiales y el crimen organizado. Un dato inquietante es que 7 de cada 10 afirmaron sentirse vulnerables al ejercer su profesión actualmente.

Con los sucesos recientes en materia de los Derechos Humanos y sus instituciones, vale la pena adentrase a este informe que además brinda recomendaciones en materia de política pública y diseño institucional para garantizar el libre ejercicio de la profesión a miles de periodistas y defensores a lo largo del territorio nacional. Debe ser de interés público que las garantías de quienes nos informan y de quienes defienden diversos intereses sociales estén garantizados.

Una de las principales recomendaciones que encuentro en este texto es la consolidación de la construcción de un régimen institucional de protección a las personas que trabajan ejerciendo la libertad de expresión. No vale sólo crear y mantener instituciones, hay que activarlas y constantemente adecuarlas a las exigencias sociales.

Los textos publicados en la sección “Opinión” son responsabilidad del autor/a y no necesariamente reflejan la línea editorial de Manatí.