Entre 2015 y 2019, cerca de 4 mil 800 personas murieron asesinadas en Puebla, y dos de cada tres crímenes se cometieron con armas de fuego. Éste es el primero de tres textos que tratan de explicar el incremento de la violencia y el tráfico de armas en el estado.
MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
El 2019 fue el año en el que la mayoría de los homicidios dejaron de ser culposos —una cuestión de imprudencia o de errores fatales—, y se convirtieron en un asunto premeditado, ejecutado y, sobre todo, en un asunto de armas.
Desde el primero hasta el último día de ese año, 876 personas murieron a balazos. Hay otro modo de decirlo: cada 12 horas se registró una muerte por disparo de arma de fuego en el estado de Puebla.
Antes de 2019, la tendencia principal de delitos eran homicidios culposos relacionados con accidentes automovilísticos.
En 2015, por situar un punto de arranque, los accidentes vehiculares representaron el 57% del total de asesinatos registrados en todo el estado, mientras que los homicidios con arma de fuego significaron el 33% de los crímenes.
Al final de 2019, la tendencia entre cada tipo de homicidio fue inversa: aunque los accidentes vehiculares no disminuyeron, terminaron representando el 33% de los mil 890 crímenes. Y los asesinatos dolosos con arma de fuego representaron el 46% de todos los homicidios.
A lo largo de ese periodo de cinco años, 4 mil 767 personas fueron asesinadas de forma dolosa y dos terceras partes de estos crímenes se cometieron con armas.
Las armas destronaron a los autos como el objeto más letal. Nunca había sido tan alta la fatalidad del gatillo… y nunca tan alta la posibilidad de salir impune.
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Cientos de víctimas, pocos detenidos
En los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se agolpan las cifras de las víctimas y el conteo de las carpetas de investigación que la Fiscalía local abre por cada delito, pero ese conteo está desprovisto de rostros y de historias.
El trazo de esos rostros se localiza en las páginas de la nota roja. Nicole Miranda Nacer y Alberto Islas Jara, por ejemplo, nunca se conocieron, pero murieron de la misma forma: fueron asesinados de un disparo durante dos robos con violencia ocurridos en 2019.
Ella tenía 25, era estudiante de Veterinaria, tenía una estética y dos hijos de 10 y cuatro años. Él tenía 33, era abogado y era hijo de un empresario afiliado a la Coparmex. A ella la asesinaron cuando intentaron robar su estética. A él, cuando trataron de robarle un auto.
A partir de este punto, el aparato de justicia en Puebla bifurca sus historias. Los homicidas de Nicole, asesinada en febrero de 2019, no han sido detenidos. Los homicidas de Alberto, cuyo crimen se registró el 27 de diciembre, fueron detenidos tres días después en Querétaro, tras una serie de protestas encabezadas por su familia y líderes de la Coparmex.
La impunidad en la que se mantiene el crimen de Nicole refleja el estado de la mayoría de los homicidios.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha dictado 100 sentencias por el delito de homicidio entre 2015 y 2019, pero en ese mismo periodo se iniciaron 7 mil 705 carpetas de investigación.
Es decir, 1.2% de los casos han sido resueltos. Y el resto permanecen impunes.
La impunidad no reside únicamente en la tarea de comprobar la culpabilidad de un presunto homicida. Porque, para poder juzgarlo, primero hay que detenerlo.
Y en estos cinco años, las autoridades detuvieron a sólo 100 presuntos homicidas que emplearon armas de fuego, lo que representa el 3% de las víctimas en ese mismo lapso, que llegaron a ser 3 mil 111 personas.
En 2019, la FGE sólo logró detener a 51 personas como presuntos responsables de asesinatos, aunque ese año se asesinaron a 876 víctimas. Y, pese a todo, ese fue el año en el que la Fiscalía de Puebla detuvo a más presuntos responsables.
En 2015, por ejemplo, se asesinaron a 319 personas con armas de fuego, pero la Fiscalía sólo detuvo a cuatro presuntos homicidas, según datos obtenidos a través de solicitudes de información. Es decir, 80 crímenes por un solo detenido.
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El flemático camino de la justica
Aquellos a los que se acusa de haber asesinado pueden pasar varios años en prisión sin ser sentenciados. La justicia, según los datos, se mueve como un animal flemático en Puebla.
Entre 2015 y 2019, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sentenció por homicidio a 96 hombres y a cuatro mujeres por crímenes cometidos antes o durante esos años.
Hasta diciembre de 2019, de acuerdo con datos del Poder Judicial obtenidos a través de solicitudes de información, 102 hombres y 14 mujeres permanecían en prisión preventiva por el delito de homicidio.
Los juicios simplemente no avanzan. Y la causa más lógica es que el órgano encargado de procurar justicia, la Fiscalía local, ha trabajado en condiciones paupérrimas durante estos años, de acuerdo con informes realizados por la sociedad civil.
En el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2019, realizado por Impunidad Cero, la Fiscalía de Puebla fue considerada una de las seis peores del país, con una tasa de esclarecimiento de delitos del 0.9 por ciento.
En Puebla, según ese informe, hay casi cuatro veces menos ministerios públicos que el promedio nacional, y la carga laboral de cada uno es 80 por ciento más alta que en el resto del país.
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El perfil de los victimarios
Lo más evidente de aquellos que asesinan es que la mayoría son hombres. Entre los 94 presuntos homicidas detenidos entre 2015 y 2019, el 89 por ciento eran adolescentes y adultos cuya edad iba en un rango desde los 16 hasta los 61 años.
Sin embargo, la edad del 75 por ciento de los detenidos oscilaba entre los 18 y los 40. Algo comparte este amplio grupo generacional: suelen ser los sectores que engrosan las filas del desempleo.
De acuerdo con el más reciente informe de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), las personas de 20 a 49 años representan el 86 por ciento de la población desocupada en el estado.
Los jóvenes de 20 a 29 años —la edad que tenían el 36 por ciento de los detenidos por homicidios con armas de fuego— son una generación para la que el Estado no ha ofrecido alternativas laborales: representan la mitad de las personas sin empleo en todo el estado y son los que menos empleos formales poseen.
Pero, ¿con qué asesinan? Las bases de datos recopiladas por la Fiscalía sobre el tipo de arma empleada en los homicidios —y obtenidas por este medio a través de varias solicitudes de información— no revelan tipo, ni calibre, ni ningún otro indicio que pueda desvelar las características del objeto más letal en el estado.
Los datos apenas indican que 56 de los detenidos usaron armas cortas, es decir, todas aquellas que puedan manipularse con una sola mano; otros 25 detenidos emplearon rifles R15, dos emplearon escopetas y en 10 casos no se precisó el arma empleada.
Para Mauricio Saldaña Rodríguez, especialista en temas de seguridad con una vasta obra publicada sobre éste y otros temas, los usuarios de las armas —y por tanto los presuntos homicidas— se dividen en tres grupos: el delincuente común, la delincuencia organizada y las pandillas.
“El delincuente común emplea un arma para el robo en cualquiera de sus posibilidades; la delincuencia organizada usa las armas para robos y asaltos, pero en general para defenderse de sus contras, y están las pandillas, que se dividen en tres subgrupos: las que son outsourcing de un cártel, las que son de delincuencia común y las pandillas sociales”
Mauricio Saldaña Rodríguez
El asesinato como virus
Los homicidios pueden considerarse un virus. Uno que ha venido expandiéndose no en sigilo, pero sí incesantemente.
Cuando se analiza la violencia como un problema de salud pública, explica el Inegi en su estudio Patrones y tendencias de los homicidios en México, es notable rastrear que ésta se propaga de forma parecida a una enfermedad.
“Desde esta perspectiva, se ha encontrado evidencia que demuestra el ‘contagio’ de las regiones con alta ocurrencia de homicidios hacia regiones vecinas con menor ocurrencia”, añade.
Quizá esa sea la historia de Yehualtepec. Con sólo 23 mil habitantes censados hasta 2010, en este municipio que no figura entre los 20 más poblados del estado se cometieron 11 asesinatos con arma de fuego en 2019.
Con esto, Yehualtepec se ubicó como el doceavo municipio con más crímenes de este tipo, junto a Acatlán, Amozoc, Chignahuapan y San Pedro Cholula, cuya densidad poblacional es hasta seis veces superior que la de Yehualtepec.
Yehualtepec, sin embargo, comparte región con Tehuacán, que registró en 2019 un total de 43 homicidios por arma de fuego, y con Tecamachalco, donde se cometieron 40 homicidios más. Tehuacán y Tecamachalco son el tercer y el cuarto municipio con más asesinatos con armas de fuego, según el SESNSP.
El primero fue la capital, con 108 crímenes. Pero, en suma, 38 municipios con concentraron el 64.8 por ciento de los homicidios con armas durante el año pasado.
La violencia es un virus. El más letal de todos.
