LUIS SORIANO | @LuisSorianortz
Sergio C. murió la noche del 8 de abril en el Hospital General de San Andrés Cholula. Un mes antes había sido diagnosticado con VIH y una “neumonía atípica” con síntomas similares a los que provoca la covid-19. Sin embargo, fue una serie de negligencias cometidas por la Secretaría de Salud del estado lo que derivó en su muerte.
Así lo acreditó la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla en la recomendación 16/2020, donde solicitó a la dependencia estatal denunciar penalmente al personal médico, profesional y técnico que estuvo a cargo del cuidado de Sergio.
Sergio era originario de Huehuetla y tenía 21 años. El 7 de marzo comenzó a tener tos y 11 días después tuvo fiebre. El 25 de ese mismo mes sintió dificultad para respirar y acudió a un Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA (Capacitis), donde lo remitieron al Hospital General de Cholula.
Allí le realizaron una prueba PCR que resultó negativa, por lo que fue dado de alta. La CDH considera que esta prueba pudo ser de mala calidad, o tuvo una extracción o un manejo de la muestra deficientes, o bien pudo haberse aplicado de forma temprana.
Sergio fue dado de alta el 2 de abril, pero al llegar a su casa sintió un malestar generalizado y optó por acudir al Hospital de Ixtepec del IMSS, aunque dos días más tarde se dio de baja de forma voluntaria para ingresar al Hospital General del Sur.
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Allí comenzó la cadena de negligencias de la Secretaría de Salud.
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La cronología
Las autoridades médicas quisieron enviarlo al Hospital General de Cholula, que había sido adaptado para tratar a pacientes con covid-19, pero el traslado fue negado debido a que la prueba que le realizaron días antes había resultado negativa.
Volvió por la madrugada del 8 de abril al Hospital General del Sur, donde su madre detectó que el tanque de oxígeno que pusieron para facilitar su respiración no estaba funcionando.
“Debido a la falta de este elemento mi hijo comenzó a ponerse muy mal por no poder respirar debidamente (…) posteriormente le desconectaron el oxígeno en lo que tuvimos que ir cinco viajes a la farmacia a comprar los materiales”, narró la madre de Sergio al órgano de derechos humanos.
En el Hospital General del Sur le realizaron una tomografía que detectó “hallazgos compatibles con covid”, por lo que la noche del 8 de abril fue trasladado una vez más al Hospital General de Cholula.
Pero nadie le dijo a su familia sobre ese traslado y mucho menos sobre su muerte, que ocurrió exactamente esa noche.
La investigación realizada por la CDHP reveló una serie de inconsistencias en los procesos hospitalarios: desde la nula documentación de la realización de pruebas hasta la realización tardía de diagnósticos y la falta de atención cálida y de calidad, así como la lentitud de la administración de respiración asistida para el paciente.
“Ambos hospitales no extremaron las medidas necesarias para contrarrestar los malestares respiratorios, sólo se ciñeron al resultado de la prueba negativa de COVID-19, que incluso no se encuentra documentada, dejando de lado que además de tratarse de una emergencia respiratoria, se trataba de una persona que vivía con VIH, y que su respiración era bastante deficiente”, señaló la CDH.
Ante esto, el órgano concluyó que se violentó el derecho a la salud y a la vida de Sergio, por lo que ordenó que se denuncie ante la Fiscalía General del Estado (FGE) al personal médico que incurrió en anomalías durante su diagnóstico, tratamiento y traslado.
También ordenó que se inscriba a los familiares de la víctima al Registro Estatal de Víctimas de la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Puebla, donde se les otorgará atención psicológica y tanatológica.
