Organizaciones exigieron a las autoridades estatales terminar con la criminalización de feministas en Puebla.
MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
Organizaciones civiles y académicas exigieron a las autoridades del estado el cese a la criminalización contra activistas que participaron en las protestas feministas realizadas en Puebla en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer.
A través de un comunicado, REDefine México denunció que en distintos medios de comunicación se ha hecho eco de acusaciones del gobierno del estado y del Congreso local en las que se pretende acusar a dos integrantes de REDefine Puebla de ser “infiltradas” en las protestas y causar disturbios y daños en inmuebles públicos y privados.
Cinthya R. y Zavine M. son integrantes de esta organización feminista que promueve los derechos sexuales y reproductivos, y a su vez integran la red de jóvenes activistas del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.
TE PUEDE INTERESAR: Escenas que dejó la marcha de mujeres diversas del 8M en Puebla
.
“Ambas asistieron a la marcha, pero no se encontraban en el lugar de los disturbios, ya que formaban parte de otra movilización con destino a la Fiscalía General del Estado. Negamos categóricamente su presunta participación en el destrozo de inmuebles o propiedad privada”, expresó la organización.
Como Manatí ha informado, la tarde del 8 de marzo se efectuaron dos movilizaciones distintas: una convocada por un bloque amplio de mujeres diversas —entre ellas Cinthya y Zavine— y otra por dos organizaciones feministas radicales, que no obstante también se han deslindado de los daños.
REDefine México señaló que algunos medios han vinculado de forma imprecisa a las dos activistas con el ayuntamiento de Puebla. No obstante, las dos ocupan cargos honorarios, es decir, espacios de participación ciudadana.
Cinthya, por ejemplo, se convirtió en Consejera Joven del Instituto Municipal de la Juventud de Puebla el 5 de marzo de este año, pero éste es un cargo honorario.
CHECA ESTO: Miles de mujeres en Puebla vuelven a tomar las calles
Zavine, en tanto, posee otro cargo honorario como Consejera Suplente en el Consejo de Participación Ciudadana de Bienestar del Instituto Municipal de Planeación (Implan), por lo que no tiene ningún vínculo laboral con el ayuntamiento.
“En el ejercicio de nuestro derecho de réplica, solicitamos a los medios de comunicación que corrijan las notas y videos publicados para garantizar el derecho a la sociedad a la información veraz y oportuna”, indica el comunicado.
REDefine México expresó su preocupación por el “clima de criminalización de la protesta social en Puebla, en especial contra las mujeres activistas”.
Por su parte, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) S.J., de la Universidad Iberoamericana de Puebla, pidió a las autoridades competentes evitar la criminalización de las protestas feministas.
Explicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “la criminalización de personas que participen en manifestaciones públicas o que las lideren no sólo tiene impacto sobre el derecho de libertad de expresión y reunión, sino también efectos graves y sistémicos sobre el ejercicio de los derechos de libertad de asociación y de participación política”.
