Mientras se realizaba el parlamento abierto sobre la despenalización del aborto en Puebla, una doctora y una estudiante eran víctimas de una campaña de criminalización por parte de grupos de derecha.

PALOMA FERNÁNDEZ | @PalomaPEN

Aïssata Si es médica cirujana titulada desde 2015, y desde ese momento, ha brindado acompañamiento e información a mujeres de todo México para realizar abortos seguros en casa desde su colectiva Med Prochoice, es decir, Medicina por el Derecho a Decidir.

“Me dediqué a ayudar a conocidas de conocidas y amigas mías a tener una forma segura de abortar en casa. Empecé a hacer la organización muy pública, y desde entonces recibo acoso en las redes sociales. A veces es muchísimo, a veces es poco, pero pues sí, ya van cinco años de acoso”, relata para una entrevista para Manatí.

 Esta organización, que —ella admite— no es oficial, se dedica principalmente a la difusión de procedimientos médicos para la interrupción segura del embarazo, a través de varias plataformas y redes sociales como Tiktok.

En un video publicado el 23 de marzo a través de su cuenta @medprochoice —un video que hasta el 15 de abril tenía más de 2 millones de reproducciones— AAïssata explicó cómo buscar el esquema de aborto con misoprostol publicado por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia en 2017 en internet.

Las opiniones y críticas que desató su video no eran extrañas para ella: casi siempre recibía algunos comentarios de ese tipo, así como el respaldo de otras chicas.

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Pero lo que vendría después no sólo fue una sorpresa para Aïssata, sino también para una estudiante y otras conocidas de la doctora que fueron acosadas a través del hashtag #AbortoClandestinoBUAP.

El 31 de marzo diversas personas que están en contra del aborto exigieron a la BUAP, a través de redes sociales y bajo ese hashtag, que se expulsara a una de sus estudiantes por “promover y realizar abortos clandestinos”.

En ese hashtag no sólo había insultos, sino que se hicieron públicos domicilios, universidades, números de teléfono, nombres y otros datos personales de ambas.

Estas personas, asociadas a grupos de ultraderecha, publicaron sus datos bajo la justificación de que se encontraban en foros de acceso público. Pero en realidad los obtuvieron de grupos privados de acompañamiento de abortos en Facebook a los que se infiltraron, sacando datos desde sus perfiles.

“Ella (la estudiante) tuvo que cerrar sus redes desde el principio. Y es algo que me molesta mucho porque varios dicen que las cerró que ‘porque ella sabe que cometió un crimen’, y yo digo claro que no, las cerró porque no dejaba de recibir mensajes de odio”, comentó la doctora Aïssata.

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Frente a esta campaña de criminalización, diversas colectivas feministas en el estado denunciaron de manera pública el hostigamiento del que Aïssata y la estudiante fueron víctimas.

Y, para contrarrestar la ola de insultos, llenaron el hashtag #AbortoClandestinoBUAP con ilustraciones y consignas en favor de la legalización del aborto en el estado.

Esto no detuvo las acusaciones. El 9 de abril de 2021 un estudiante de Derecho proveniente de Veracruz levantó una denuncia en contra de Aïssata y la estudiante por los presuntos delitos de aborto, usurpación de profesión y provocación o apología del delito.

Mientras todo esto ocurría, en el Congreso del estado se realizaba el primer Parlamento Abierto para discutir la despenalización del aborto.

Sin embargo, el contexto en que fue hecha esta denuncia no tiene nada que ver con el parlamento, a decir de Romina Romero, integrante de la organización de derechos sexuales y reproductivos REDefine Puebla.

Para ella, la criminalización y persecución deviene de los propios factores culturales y sociales que siguen señalando a las mujeres que buscan abortar o vivir una vida sexual y reproductiva plenas.

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“Estamos en una cultura patriarcal donde hay estereotipos que replican las desigualdades de género, donde hay situaciones de vulnerabilidad frente al embarazo y que estos no son contemplados. El hecho de señalar a una mujer directamente es más fácil que acompañarla e informarla no solamente cuando decide abortar, sino durante toda su vida con temas de sexualidad, de derechos sexuales y reproductivos”, afirma.

A pesar de las declaraciones hechas en redes sociales por los sujetos que interpusieron la denuncia contra Aïssata, ella no quiere ceder a provocaciones; prefiere priorizar su labor médica y de acompañamiento antes de seguir en una discusión que, según afirma, es anquilosada.

“No hay debate en torno al aborto, el aborto debe ser legal y punto, porque es un proceso médico. Y la decisión de si se va a realizar un aborto o no, queda en la privacidad del consultorio, de la persona embarazada y del personal médico que la atienda. Nadie más debería tener opinión y el gobierno no debería obstaculizar ningún procedimiento médico.”

La doctora Aïssata Si reconoce que el aborto es el único procedimiento médico que está criminalizado a pesar de que diversas organizaciones internacionales de salud pública han declarado que debe ser seguro y accesible.

Su legislación, sostiene, se ha guido por un eje moral, más allá de su importancia para la salud de mujeres y niñas alrededor del mundo.