Por mandato judicial, la casa en la que se registró la muerte de Zyanya Figueroa Becerril dejó de ser resguardada; la decisión podría provocar la pérdida de las pruebas para esclarecer el caso.
GUADALUPE JUÁREZ | @LupJMendez
Tres años después de la muerte de Zyanya Figueroa Becerril, su familia ha tenido que parapetarse en la casa en la que vivió para evitar que sean removidas las pocas pistas que puedan prevalecer en el lugar para esclarecer el caso.
Un juez de control ordenó el jueves 20 de mayo que se retirara el resguardo del inmueble donde hallaron a la médica residente del Hospital del Niño Poblano, sin que hasta ahora se haya efectuado la reconstrucción de los hechos que la familia ha solicitado.
Los padres de Zyanya han denunciado, desde que se registró la muerte de su hija, que esta no fue resultado de un suicidio —como aseguran las autoridades—, sino de un feminicidio.
Patricia Becerril, madre de Zyanya llegó este viernes a la casa que rentaba su hija en el Fraccionamiento Real de Zavaleta para pedir a las autoridades frenar la diligencia y, en caso de que quiten el resguardo policial, ofrecer como último recurso pagar la renta a los dueños a cambio de preservar sus pertenencias hasta lograr que se haga una investigación con perspectiva de género.
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“Sé que los dueños tienen derecho a recuperar su inmueble, no ha sido nuestra intención que esto se haya alargado. Estamos molestos por la simulación de este caso y vamos a ver qué procede”, dijo Patricia.
Acompañada de asesores legales del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) y la activista Irinea Buendía, Patricia Becerril denunció ya que cuatro forenses han determinado que el cuerpo de su hija no estuvo suspendido, lo que tira la teoría del suicidio que difundió la Fiscalía de Puebla el 15 de mayo de 2018.
Carlos Olivera, uno de los asesores, explicó que fueron los dueños del inmueble quienes pidieron que les devolvieran la casa.
“Este caso está plagado de omisiones, no hemos tenido una investigación seria ni con perspectiva de género”, acusó Olivera. Y recordó que sólo levantaron cuatro indicios cuando había entre 70 y 90 indicios, como jeringas desperdigadas.
Además, las autoridades ministeriales sólo resguardaron la recámara y el baño, dañaron una muestra de sangre hallada en el lugar y no indagaron si Zyanya había sido víctima de abuso sexual, como lo marca el protocolo.
El 11 de mayo un juez federal le ordenó a un juez local indicarle a la Fiscalía General del Estado (FGE) verificar que las diligencias se hagan con perspectiva de género.
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“Hay muchas negligencias en la necropsia, en varias pruebas que se le hicieron a Zyanya. (…) No podemos permitir que la fiscalía no investigue, porque esto permite que la impunidad siga”, lamentó.
Irinea Buendía exigió que se respete lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció a partir del caso de su hija Mariana Lima, en Estado de México, cuando su yerno simuló un suicidio para ocultar que él había sido responsable de su feminicidio.
A partir de este crimen, la Corte determinó que toda muerte violenta de mujer en México debe investigarse con perspectiva de género.
El martes 15 de mayo de 2018 Patricia Becerril y Martín Figueroa, padre de Zyanya, recibieron una llamada telefónica en la que les avisaban que su hija de 26 años de edad se había suicidado.
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Sin embargo, en la carta póstuma que la Fiscalía les mostró notaron que las palabras no eran de Zyanya y pidieron un peritaje en grafoscopía. El dictamen arrojó que el documento era una falsificación por imitación.
A partir de ese día, la familia de Zyanya busca por todos los medios saber qué sucedió con su hija.
