Cuando las y los menores de edad encaran el sistema de justicia suelen ser revictimizados y sus derechos humanos son vulnerados, sostiene Valeria Segura, neuropsicóloga y defensora de derechos de la infancia.
GUADALUPE JUÁREZ | @lupjmendez
El sistema de justicia penal deja a un lado a cualquier menor de edad que se vea involucrado en algún proceso legal, ya sea como víctima, testigo o agresor.
Valeria Segura lo ha visto de cerca como una de las acompañantes procesales a menores de edad certificada, que se enfoca en apoyar “mentalmente” a un menor si va a ser entrevistado, a dar su testimonio, si le harán exámenes médicos o en cómo confrontar a su agresor o abusador.
“Mi papel es estar al lado del niño, para explicarle qué le van a pedir, ayudarle a regular la ansiedad y para garantizar que se haga un estricto y no se le violente ni se le revictimice”, dice en entrevista con Manatí la neuropsicóloga y también defensora de los derechos de la infancia.
Segura se ha encontrado con que el sistema de justicia en México no está adaptado para las infancias, aunque existen protocolos dictados por la Suprema Justicia de la Nación para evitar violaciones a sus derechos humanos.
“En sí no existe una metodología y un marco que esté adaptado para llevar este tipo de proceso de los derechos de la infancia y en esa mala práctica vemos violaciones contra los derechos de las infancias”.
Las personas que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes –dice—pueden ser desde los propios familiares, las mismas instituciones, servidores públicos, ya que hay mala práctica y desconocimiento de qué es la verdadera inclusión, la metodología y el acompañamiento procesal a las infancias.
Menores son revictimizados
Cuando no hay una persona que prepare al menos para enfrentar estos procesos, están expuestos a ser revictimizados o violentados.
“Por eso pasa que hay víctimas que piensan que está pasando por muchos procesos que no llevan a nada, por lo que suelen desmotivarse y abandonar el proceso”.
Por eso Valeria Segura opina que se tiene que difundir que se puede contar con un acompañante procesal, ya sea que lo otorgue la Fiscalía, el sistema DIF o cualquier persona certificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Y cuando los infantes son los agresores?
Si un menor de edad se ve implicado en algún delito, también pueden recibir acompañamiento legal, aunque –agrega Valeria—el sistema penal sigue siendo de adultos para adultos, y los procesos como entrevistas, peritajes son deficientes cuando se trata de un niño, niña y adolescente.
“Si llegan a ser los infractores, igual, se debe de garantizar sus derechos humanos, que no se le victimice y tachar de culpable”.
Experiencias amargas
Para Segura, la experiencia más amarga como acompañante legal es la espera junto a víctimas afuera de la Fiscalía General del Estado por horas en espera de que puedan denunciar.
“Nos dicen que nos van a recibir las denuncias, estamos sentados y no te reciben, las instituciones no se prestan para avanzar, en esas ocasiones son frustrantes porque funges como apoyo y tu deber es hacerle sentir que en este proceso eres un apoyo, y las instituciones fallan, es algo frustrante y molesto”.
En cambio, cuando las cosas salen bien, hay un proceso de reparación del daño para el menor de edad, sobre todo porque pasan por juicios entre familias, actos de violencia o víctima de algún delito y tienen que declarar contra un extraño, es un proceso complejo, que si son acompañados de manera adecuada, se sienten seguros y les enseña que pueden protegerse.
