En Coyomeapan, un municipio acechado por proyectos extractivistas y disputas por el poder político, nueve policías asesinaron a tres hombres, incluido un menor de edad. La ONU-DH llama a esclarecer esta ejecución extrajudicial.

MARIO GALEANA | @MarioGaleana_

El gobierno de Puebla comenzó diciendo que había ocurrido un “enfrentamiento”. Con el paso de los días, cuando se supo que los otros nunca habían disparado —y que ni siquiera llevaban armas—, el gobierno tuvo que empezar a utilizar las palabras “hechos” y “sucesos”.

Pero aquella tarde del 9 de mayo, lo que ocurrió fue un asesinato a mansalva: la ejecución extrajudicial de tres hombres originarios de Coyomeapan, incluido un adolescente de 15 años, a manos de la Policía Estatal basada en la Sierra Negra de Puebla.

La primera versión del gobierno del estado se deshizo sólo en dos días. Por la mañana del 10 de mayo, el secretario de Seguridad Pública, Daniel Cruz Luna, apareció junto al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, para decir que cinco patrullas con 20 policías a bordo habían recibido disparos por doquier en un camino de terracería que conecta a Zoquitlán con Coyomeapan, dos municipios indígenas.

Según el funcionario estatal, las patrullas habían recibido una alerta sobre una camioneta roja en la que viajaban “hombres armados, al parecer con armas largas”. Dos kilómetros después hallaron la camioneta y, en esa primera versión oficial, lo que sucedió después fue un torpe y atropellado intento de escape en el que la camioneta roja chocó dos, tres veces en contra de las patrullas.

Entonces, según Cruz Luna, se desató una balacera. “El chofer que conducía la camioneta y otros huyen hacia la maleza, mientras continúan realizando disparos. Pero en el lugar se quedaron nueve personas (…) se mantuvo un proceso de calma, pero en ese momento empiezan a recibir disparos que provenían diversas posiciones”, narró de acuerdo con el testimonio del comandante de la base policial.

Esa mañana, el funcionario dijo que nadie había fallecido. También aseguró que al grupo de supuestos hombres con armas largas les habían decomisado “una escopeta, un revolver y un rifle”. Algo que, hasta ahora, nunca ha vuelto a mencionar.

Y sólo dos días después, el 12 de mayo, el gobernador de Puebla reconoció que cuatro personas habían sido lesionadas y tres más —Marcelo Carrera Bolaños, de 45; Teófilo Barrera Herrera, de 24, y Omar Herrera Raymundo, de 15— habían sido asesinadas.

“No llevaremos ninguna acción que se oriente a que estos hechos no queden sancionados. No tendremos en este gobierno ninguna acción que tienda a la impunidad sobre asuntos de esta naturaleza. Expreso mi profundo dolor a los familiares, a los amigos, a los vecinos de las personas fallecidas”, dijo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a nueve policías por ser presuntos responsables de los hechos, y éstos fueron vinculados a proceso el 31 de mayo por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, delitos cometidos contra la Procuración y Administración de Justicia y daño en propiedad ajena doloso.

La ONU indaga ejecución extrajudicial en Coyomeapan

Ahora, a tres semanas de lo ocurrido, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha advertido que una de las líneas de investigación debe ahondar en la relación entre la ejecución extrajudicial de estas tres personas y la disputa por el control político de la zona, así como la explotación e los recursos de la zona.  

“Preocupa a la ONU-DH el uso excesivo de la fuerza por integrantes de la policía estatal. Este tipo de acciones no corresponde a una policía civil que actúa bajo estándares internacionales que establecen el uso estrictamente excepcional de la fuerza letal”, expresó Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México.

La ONU-DH recabó testimonios de los pobladores de la región, quienes han advertido que el asesinato no fue producto de una confusión, sino un ataque planeado y ejecutado en complicidad con actores políticos.

En un reportaje de Proceso publicado el 30 de mayo, algunos sobrevivientes del ataque señalaron que volvían de una asamblea política cuando fueron emboscados por la policía del estado.

“Fue una ejecución extrajudicial, no un enfrentamiento. Nosotros apenas traíamos un machete (…) A muchos nos gritaban por nuestros nombres; no hay forma de que los estatales los supieran”, refirieron al semanario algunos de los entrevistados.

Una pelea por el poder y los recursos

Uno de los tres hombres asesinados poseía un papel activo en un movimiento político llamado Unidad por Coyomeapan, que desde hace un año mantiene tomada la presidencia en rechazo al gobierno municipal del petista Rodolfo García López, integrante de la familia Celestino Rosas, que ha ejercicio un cacicazgo en el municipio desde hace una década.

El conflicto poselectoral se ha convertido en un amasijo político en el que lo mismo se menciona la participación de Antorcha Campesina, como de otras organizaciones rurales, aunque el grupo de Unidad por Coyomeapan se ha desvinculado de cualquiera de estas asociaciones.

La ingobernabilidad y los alcances de la disputa política ya habían sido advertidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que a mediados de diciembre de 2021 solicitó al gobierno del estado garantizar la seguridad de los habitantes del municipio, “debido a que han recibido amenazas de ataques violentos”.

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En un comunicado, la CNDH dijo que la noche del 14 de diciembre los habitantes detuvieron a cuatro personas armadas que ingresaron a la comunidad con la supuesta intención de asesinar a 11 defensores indígenas.

En medio de toda esta disputa por el control político, Coyomeapan también se ha convertido en escenario de tensión por la posible instalación del complejo hidroeléctrico Coyolapa-Atzala, un proyecto impulsado por la empresa minera Autlán.

Uno de los principales líderes del movimiento de resistencia indígena que se opone a la hidroeléctrica, Sergio Rivera Hernández, fue víctima de desaparición forzada cometida por particulares el 23 de agosto de 2018.

Aunque tres hombres fueron detenidos por su presunta participación material en los hechos, el 11 de septiembre de 2020 el juez Mario Córtes Aldama absolvió a todos, en el que fue el primer juicio por desaparición forzada cometida por particulares en México.

A decir del abogado David Peña, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, el fallo fue la culminación de un juicio plagado de irregularidades, sospechas de corrupción y racismo.