En Puebla, más de 900 mujeres permanecen desaparecidas y los casos se concentran en niñas y adolescentes de 15 a 19 años de 10 municipios. Por esta razón, dos organizaciones solicitaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) federal una segunda declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el estado.
MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
Ante la desaparición de más de 900 mujeres, niñas y adolescentes que permanecen sin ser localizadas, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y el Colectivo “Voz de los Desaparecidos en Puebla” solicitaron una segunda declaratoria de Alerta de Violencia de Género en 10 municipios del estado.
La solicitud fue presentada el pasado 30 de agosto y se extiende a los municipios de Puebla, Tehuacán, Tepeaca, San Martín Texmelucan, Atlixco, Tecamachalco, Huauchinango, Amozoc, Huauchinango, Amozoc, Huejotzingo y San Pedro Cholula, que concentran el 70% de las desapariciones.
Aunque en abril de 2019 se decretó en Puebla una alerta de género por feminicidios en 50 municipios, las organizaciones que presentaron esta nueva solicitud advirtieron que “las medidas contempladas para combatir esta situación, en su mayoría, no han sido implementadas de forma adecuada”.
De acuerdo con la versión pública del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hasta finales de agosto de 2022 existían 923 casos de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas en Puebla.
“Las mujeres de entre 15 y 19 años que viven en Puebla tienen tres veces más posibilidades de ser desaparecidas que las mujeres de cualquier otro rango de edad. Y si son menores de 19 años, tienen un 58% más de probabilidad de ser desaparecidas que si tuviesen 20 años o más. En Puebla, ser mujer y ser menor de edad es un motivo de preocupación”, detalla la solicitud presentada por el instituto y el colectivo.
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Casi la mitad de las desapariciones de mujeres en Puebla ocurrieron en la capital, por lo que las organizaciones atribuyen algunos de estos casos a la cercanía geográfica con Tlaxcala, donde se ha documentado la existencia de un corredor de trata de personas, a la operación de grupos delictivos en mercados y centrales de abasto y a la presencia de bandas dedicadas al robo de hidrocarburos.
Con respecto a Tlaxcala, por ejemplo, Puebla está entre los 16 estados del país donde los tratantes tlaxcaltecas han enganchado a mujeres y niñas para la explotación sexual, según información presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su libro “Trata de Personas, un acercamiento a la realidad nacional”.
A decir de las organizaciones, la cercanía con este corredor también alcanza a Tehuacán, que concentra 82 casos de desaparición de mujeres. Entre estos, la solicitud incluye a Karina Yazmín Alducín, desaparecida en agosto de 2016, y Roxana Saraí Sánchez, desaparecida en enero de 2017.
A estos casos se suma el feminicidio de Yanin Ramírez, ocurrido en septiembre de 2019; el de Miriam Pérez, perpetrado en septiembre de este año y confirmado en octubre, tras el hallazgo de sus restos.
El punto de quiebre en las desapariciones de mujeres en Puebla
La solicitud del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y el Colectivo “Voz de los Desaparecidos en Puebla” cita que el aumento de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres ocurrió durante el gobierno de Rafael Moreno Valle.
En su periodo de gobierno, se instauró una “política restrictiva del espacio público y legisló en favor del uso de la fuerza desmedida durante las protestas sociales” y, al mismo tiempo, se militarizó la seguridad pública y estalló el robo de combustible, con más de 600 tomas clandestinas en el Triángulo rojo.
Esto se convirtió en un “caldo de cultivo” para la violencia y las desapariciones que se registraron en el estado a partir del 2016.
Las organizaciones coincidieron en que el gobierno actual de Miguel Barbosa se ha caracterizado por la “minimización de las problemáticas sociales, especialmente las que sufren las mujeres”, como el día en que afirmó que las mujeres no localizadas “se van con el novio”.
El investigador Tadeo Luna, del Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría S.J.” de la Ibero Puebla, también apunta que, a partir de 2019, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) comenzó a maquillar las cifras de personas desaparecidas y no localizadas.
“Un ejemplo es que, durante 2021, de acuerdo con los datos de la fiscalía, se iniciaron mil 317 carpetas de investigación por personas desaparecidas, mientras que el Registro Nacional únicamente refiere 139 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas durante 2021 en el estado de Puebla”, indica la solicitud.
Urgen medidas a Barbosa y al fiscal
En su solicitud, las organizaciones exigen que el gobernador Miguel Barbosa reconozca públicamente la problemática asociada a desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, y establezca mesas de trabajo para recibir y escuchar a las víctimas.
También demandan que establezca un Plan Estatal de Búsqueda centrado en estos casos, en el cual se incluya una estrategia para que la sociedad en general pueda aportar información en un acuerdo de confidencialidad y protección.
Se solicita que las familias participen a lo largo de los procesos de búsqueda y se suscriban convenios con organizaciones civiles y colectivos de búsqueda para crear datos oficiales sobre desaparición de mujeres.
Al fiscal general Gilberto Higuera Bernal le exigen que revise los perfiles de los ministerios públicos para sancionar posibles malas prácticas en la investigación de estos delitos, y que realmente se implementen los estándares que señala la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
A los diputados del Congreso local se les demanda mejorar la Ley de Búsqueda de Personas e incluso emitir un pronunciamiento público sobre la gravedad de la situación de desaparición de mujeres, adolescentes y niñas.
