En realidad muy poco. Las autoridades no se han esforzado en identificar patrones de vulnerabilidad —como identidad étnica, situación migratoria, orientación sexual e identidad de género— entre las mujeres desaparecidas en Puebla.
MARIO GALEANA | @MarioGaleana_
El año pasado la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla reportó que 736 mujeres fueron víctimas del delito de desaparición, pero el poco esfuerzo de las autoridades para indagar más sobre su origen e identidad impide que estos casos puedan prevenirse y atenderse.
Sólo el 30% de estas desapariciones fueron reportadas por la prensa. Es decir, 223 casos de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres ocurridos en Puebla de enero a diciembre de 2020.
El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla (CCSJP) analizó este registro hemerográfico y, al compararlo con las bases de las autoridades locales y federales, detectó que, salvo la edad, poco se sabe sobre las mujeres desaparecidas en la entidad.
De entre las 223 mujeres desaparecidas, 16 fueron localizadas sin vida y 103 con vida. Sólo en la mitad de estos casos de localización se obtuvo algún dato que indicaba que fueron localizadas ilesas o en buen estado de salud.
El informe Desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en Puebla resalta la “ausencia de información desagregada por origen e identidad étnica, orientación sexual e identidad de género, discapacidades, nacionalidad, situación migratoria, o vivir en situación de calle” en la investigación de estos casos.
Para el CCSJP, identificar estos elementos y hacerlos visibles es fundamental para reconocer la diversidad de las identidades de las mujeres y las distintas formas en que se afronta la violencia.
Adolescentes y jóvenes, más vulnerables frente a la desaparición
El único dato preciso sobre la desaparición de mujeres en Puebla es su edad.
Y las más vulnerables frente a este delito fueron adolescentes de 12 a 17 años, que representaron el 52% del total de casos incluidos en el registro hemerográfico de 2020.
El segundo grupo poblacional más vulnerable frente al delito de desaparición son las jóvenes de 18 a 23 años, con 42 casos reportados.
De manera general no se conocen las condiciones de la desaparición de adolescentes y jóvenes, ni de las niñas y las mujeres que fueron víctimas de este delito.
La revisión de las notas periodísticas aportó elementos para que las investigadoras del CCSJP determinaran que en por lo menos ocho de 223 de estos casos hubo antecedentes de violencia familiar que las orillaron a abandonar sus domicilios.
“El tipo de vínculo entre la víctima y la persona agresora era de parentesco, o bien porque habían mantenido una relación sentimental”, abundó Tonalli Pérez Saldaña, subcoordinadora de Investigación Aplicada del CCSJP, durante la presentación del informe.
Bases de datos sobre mujeres desaparecidas en Puebla son insuficientes
El informe procura un análisis transversal sobre los casos de mujeres desaparecidas en Puebla, pero también resalta que es prácticamente nula la información —tanto oficial como hemerográfica— para distinguir la identidad de las víctimas.
No se cuenta con información que permita precisar si las mujeres tenían algún tipo de discapacidad, cuál era su situación migratoria, su identidad de género u orientación sexual.
También se desconoce la ocupación del 20% de todas las mujeres desaparecidas; sólo se tiene determinado que 7.1% eran estudiantes, 6.2% eran empleadas y el resto desempeñaban otros oficios.
“En realidad no hay datos de personas en la diversidad sexual, no hay datos de discapacidad, pero había que señalarlo”, explicó Samantha Páez Guzmán, directora de Análisis de la Violencia de Género Mediática y Digital del CCSJP.
Los casos de desaparición de mujeres ocurrieron en 340 municipios, de los cuales el 53% cuentan con población hablante de lenguas indígenas.
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La tasa más alta de desaparición entre estos municipios se localiza en Tlacotepec de Benito Juárez, que registró ocho desapariciones y una tasa de incidencia del 27.6%. Sin embargo, el municipio con más casos registrados fue Puebla, al reunir 103 desapariciones de mujeres y una tasa del 11.7%.
“Con los datos recopilados, en ninguno de estos casos fue posible saber si las niñas y mujeres pertenecen a algún grupo étnico o son hablantes de alguna lengua indígena”, acota el informe.
A decir de Regina I. Medina, representante de Intersecta, organización para la igualdad, la carencia de este tipo de indicadores impide que se conozcan qué tipo de realidades o qué factor está determinando la desaparición de mujeres en Puebla.
“Y por tanto no podemos saber cómo prevenirlas o erradicarlas. Sin embargo, me parece una postura metodológica muy importante señalarlo. Eso muestra que si no existen, no deben omitirse; más bien debe decirse que no está”, recalcó.
Frente a esto, el CCSJP recomienda que la FGE cumpla con los protocolos nacionales en la búsqueda de personas desaparecidas y las leyes generales en la materia, para que desglose la información de los casos de personas desaparecidas.
También recomienda que tanto la FGE como la Comisión de Búsqueda de Personas del estado colaboren con la sociedad civil para que identifiquen “las circunstancias, grupos en condición de vulnerabilidad, modus operandi, delimitación territorial, rutas y zonas de alto riesgo” en las que aumente la posibilidad de ser víctima de desaparición.
