¿En qué debe trabajar el próximo presidente de México en materia ambiental?

México enfrenta un sin fin de problemas y retos, económicos, de educación, seguridad pública, de tratados internacionales de comercio, pero principalmente de una corrupción sistémica, impunidad segura y desigualdad palpable a los ojos de los ciudadanos no de los políticos.

Cuando vemos, conocemos y vivimos estos problemas  no queda más que resignarnos a no pensar de qué manera resolver, por ejemplo, cómo alcanzar un crecimiento económico sustentable o bien un aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales. Crecimiento Económico con Sustentabilidad, es una frase que se repite constantemente entre la sociedad de nuestro país. Parece un membrete, pero es lo que realmente necesitamos, debemos ya pensar más en el país y por ende en su gente, dejar de lado los aspectos netamente políticos y trabajar para tener ese ambiente económico que permita fomentar la creación de empleos, pero que esta creación sea en armonía con un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

En este tiempo de campañas y cambio de gobierno de cualquier color, el tema medio ambiental tiende a rebajarse a la búsqueda del voto con esta bandera, que de paso sobra decirlo, es en muchos casos efectivo. Es necesario pensar que con un presupuesto federal escaso se debe trabajar en lo esencial, lo primario y que pueda ser motivo de cambio y avance, quizá una agenda ambiental y de sustentabilidad pueda apoyar, siempre y cuando se tengan instrumentos y políticas específicas, responsables y por encima de todo aplicarlas

En el 2012 la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, estableció 17 objetivos para el desarrollo sustentable y México para cumplirlos debe trabajar en su articulación y transversalidad, requiriendo para su implementación ajustes profundos en las políticas económicas, sociales y ambientales, reconociendo a los recursos naturales como la base material del desarrollo, estableciendo metas concretas para su protección y uso sustentable.

Medidas contra el Cambio Climático

En México, existen dos motores fundamentales de la economía, la construcción y el sector energético. Ambos con gran producción de impactos ambientales, pero tan necesarios, que debemos y tenemos el reto de encontrar la manera de hacerlos entrar de manera total en la concepción sustentable.

Este reto debemos de asumirlo con fuerza y de manera inmediata. A manera de ejemplo, la reforma constitucional en materia energética, menciona que el Congreso será responsable de crear el marco jurídico para “la incorporación de criterios y mejores prácticas en los temas de eficiencia en el uso de energía”. Se deben dar los cambios y la modernización del sector, eso es innegable, pero también se debe buscar generar menos gases y compuestos que provocan el efecto invernadero, hacer más eficiente el uso de recursos naturales, generar menos residuos y emisiones, así como disminuir la huella de carbono en todos los procesos.

Es ideal que la reforma energética nos permita dejar de ser un país inequitativo y crezcamos económicamente. Pero mientras los legisladores discuten esta posibilidad, debemos enfocarnos a la sustentabilidad de la misma, sin embargo y de manera frustrante uno de los adeptos a la reforma, la transición a energías renovables no se dio y un nuevo gobierno debe buscar que se dé. Esto a pesar de que el decreto Constitucional de la reforma Energética que se expidió en diciembre de 2013, en su artículo 17 (obligaciones de energías limpias y reducción de la contaminación), incluía ordenamientos ambientales claros, como el combate al cambio climático, impulsando una utilización de energías limpias, así las energías renovables -particularmente la solar y la eólica- deben acrecentar su presencia.

Tenemos una fuerte adicción a los hidrocarburos, y cada vez es más y más difícil extraerlos, en lugar de plantearnos alternativas y con la marginación de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética que buscaba reducir el uso de combustibles fósiles en 35% para 2024 y en 50% para 2050, esto será en verdad muy complicado. Casi 70% de las emisiones de gas de efecto invernadero proviene del sector energético, entonces será utópico pensar que vamos a reducir las emisiones, si no reducimos las que provienen del mismo sector energético. Ahora bien, si las energías renovables que debieron considerarse desde el paquete troncal de la reforma y no sólo ser atendidas en las secundarias no se tomaron en cuenta, se deberá trabajar para hacerlas asequibles, considerando las grandes oportunidades de inversión, generación de empleos y crecimiento económico, así como avances y difusión tecnológica que se da por el desarrollo de las fuentes de energía renovable.

El único intento por preservar el medio ambiente se dio a través de la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ANSIPA). La Agencia (llamada actualmente ASEA, Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente), tiene dentro de sus atribuciones vigilar, regular y supervisar, en materia de seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente, según la Ley de Hidrocarburos, las instalaciones y actividades de este sector, incluyendo el desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control de los residuos.

Debe considerarse, para hacer más eficientes los recursos y evitar duplicidad de funciones, el transferir las funciones al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en materia de contaminantes y a una Subprocuraduría en PROFEPA, su vigilancia y regulación. Ya tenemos aprobados los cambios constitucionales, ahora los legisladores deberán trabajar también en el ajuste de algunas de las leyes ambientales existentes para que las nuevas empresas petroleras y de generación eléctrica operen sin provocar daños ambientales.

A manera de ejemplo, en la Ley General de Cambio Climático, que busca cumplir con los objetivos señalados en el Protocolo de Kioto, México se comprometió a reducir 30% las emisiones de gases de efecto invernadero antes del año 2020 y en 50% para 2050. A esto debemos sumar que México ha adquirido compromisos muy claros y ambiciosos en el Acuerdo de París, que conllevan, ni más ni menos, iniciar una reducción absoluta en el consumo de combustibles fósiles para el año 2026.

Los preceptos y criterios de esta Ley, así como los descritos en la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, deberán ser considerados para que la Agencia logre sus funciones, así como darle una mayor participación a entidades vinculantes como el INECC, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la cual debe ser fortalecida con recursos económicos, materiales y humanos, para su coparticipación en el cumplimiento de la verificación del cumplimiento normativo, reglamentario y legal ambiental.

Un punto neurálgico en el tema ambiental es el que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), es y debe ser la cabeza del sector, por lo tanto, la Agencia deberá estar supeditada a ella.

Leyes de Protección a la Biodiversidad

Lo primero que se tiene que hacer es parar la deforestación de bosques y selvas, así como la expansión de la frontera agropecuaria sobre los ecosistemas forestales de México, generando formas de apoyo a los dueños de la tierra para que los usen de manera sustentable. Es muy importante pensar y reaccionar ante la pérdida de especies, pero lo es aún más, ver la pérdida de los sistemas ecológicos; se debe conseguir que la biodiversidad se convierta en un bienestar para la población en su conjunto. Debemos ampliar considerablemente la superficie de Áreas Naturales

Protegidas, pero con Plan de manejo incluido, fortaleciendo técnica y presupuestalmente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, además de implementar medidas que incluyan incentivos y participación pública y privada en la creación de nuevas opciones productivas que permitan generar, empleo e ingreso para estas regiones y por supuesto sus habitantes.

Un buen inicio es el aprobar la nueva Ley General de Biodiversidad, entendiendo que ésta es nuestro capital natural. No queda más tiempo para incluir a este capital natural como un instrumento vinculatorio para las políticas públicas explotando todo su potencial para el desarrollo económico y social, sino haciendo rentable la conservación de la biodiversidad y dejando de lado la tesis de que la conservación es igual a limitante del desarrollo económico.

Protección a Mares y Costas

Si con la conceptualización del desarrollo sustentable se integró la gestión del medio ambiente con el aprovechamiento de los recursos naturales (forestales, hídricos y pesqueros), con una visión netamente productiva, se dio una separación en este concepto y el sector pesquero en el año 2000 se ubicó en SAGARPA. Se debe retornar este sector a la

SEMARNAT (CONAPESCA), transfiriendo facultades regulatorias de investigación y ordenamiento, para con ello restablecer la evaluación del estado de salud de las pesquerías, el ordenamiento pesquero, que permita establecer las reglas de manejo para evitar la sobreexplotación de éstas, así como la política de permisos y concesiones para lograr una captura pesquera sustentable. La administración pesquera deberá basarse en las tasas de renovabilidad de las poblaciones que van a explotarse, considerando los impactos en su entorno, es imprescindible lograr una gestión integral de las cuencas y de los ecosistemas marítimo-terrestres sobreexplotados.

La Zona Federal Marítimo Terrestre, incluyendo playas, debe tener una mejor regulación ecológica, pensando de manera ecosistémica, con planeación y construcción de infraestructura de protección costera, humedales, manglares y adaptación al cambio climático, en este sentido la creación de la Guardia Costera, integrada por especialistas de la Secretaría de Marina y SEMARNAT, será un paso importante para lograr una planeación, inspección y vigilancia de los recursos costeros y marinos eficiente.

Uso y Cuidado del Agua

Lo primero, una política hídrica que limite la extracción de agua a la capacidad de renovación de los sistemas hídricos y distribuya el excedente para el consumo humano primero y después para el uso productivo. La legislación en materia de aguas nacionales debe incorporar ya el concepto de uso ambiental, observando cómo el caudal mínimo de descarga natural de un acuífero debe conservarse para proteger las condiciones ambientales y el equilibrio ecológico del sistema que se trate. Se debe también considerar la visión de los consejos de cuenca y la participación social de los involucrados en los graves problemas de contaminación, incumplimiento de las leyes y normas, el agotamiento de acuíferos e ineficiencia de los organismos operadores municipales en los servicios públicos de agua.

Legislación e Inspección los Recursos Naturales

A pesar de que se inició un trabajo en materia ambiental en los años setenta del siglo veinte, fue con la creación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), que el conocimiento y uso de los recursos naturales de nuestro país fueron abordados y por ende la inspección y vigilancia tomaron un rumbo. En la LGEEPA, se plasmaron una serie de instrumentos de política ambiental que nos permitieron establecer parámetros, lineamientos y guías para alcanzar en un futuro cercano un desarrollo sustentable. Sin embargo, como todo instrumento normativo, debe sufrir una serie de cambios que le permitan estar a la vanguardia e innovar en el conocimiento y aplicación. Los cambios que se han dado en diferentes ámbitos de la vida medio ambiental de nuestro país se han llevado a cabo sin el conocimiento de la ciudadanía, sin la participación de actores científicos y de organizaciones dedicadas al trabajo del conocimiento medio ambiental. La mayor parte de las leyes, reglamentos y normas se ven violados o ignorados por el cáncer de la corrupción e impunidad.

Se debe avanzar en el trabajo legislativo en materia ambiental, para tener un marco jurídico eficiente y justo. Puntualmente se debe trabajar en la Ley de Biodiversidad, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la creación del Reglamento de Riesgo Ambiental, con su actualización de listados de actividades y sustancias consideradas como riesgosas, de la creación de prestadores de servicio acreditados por la autoridad ambiental, para elaborar los diferentes estudios que permitan prevenir, mitigar y compensar riesgos e impactos al capital natural, además de trabajar en un esquema de auditoria ambiental obligatoria para todas las actividades industriales con incentivos fiscales.

Un tema central y fundamental es, quien ejecuta la inspección y vigilancia de la ley, debe tener todos los elementos técnicos, de personal y jurídicos para realizar este trabajo. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que nació literalmente por un accidente, debe pasar de ser un ente basado en el levantamiento de procedimientos administrativos y multas en su caso, a ser la institución que con apoyo de otras instituciones, incluidas por supuesto, Procuradurías estatales exitosas como la PAOT en la Ciudad de México, así como gobiernos estatales y municipales, brinde un procedimiento de inspección federal, basado en investigación científica, innovación tecnológica y resolución técnica que permita de una manera eficiente obtener o bien una utilización sustentable de los recursos naturales, resarcimiento del daño ambiental causado o desistimiento de la ejecución del proyecto o actividad.

Uso del Suelo y el Desarrollo Inmobiliario Sustentable

Se debe garantizar una articulación del crecimiento urbano de forma armónica al Programa de Ordenamiento Ecológico vinculante, teniendo una supervisión y cumplimiento de los usos de suelo estipulados en el Ordenamiento y/o en los programas de desarrollo urbano, además de establecer esquemas de coordinación metropolitana respecto de temas ambientales, bajo un esquema de responsabilidad ambiental, esto es el cabal cumplimiento de leyes, reglamentos y normas que permitan la protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico, manejo de residuos, asentamientos humanos irregulares, espacios públicos y servicios de calidad, uso eficiente del agua y movilidad colectiva efectiva y no de automotores, pero con visión de futuro y con trabajo real a mediano plazo.

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