Medidas judiciales para proteger a mujeres en contingencia son deficientes

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

PALOMA FERNÁNDEZ | @PalomaPEN

En el estado, las medidas en materia de protección y atención a mujeres en situación de violencia que se implementaron durante el inicio del confinamiento fueron deficientes, según la organización feminista EQUIS Justicia para las mujeres.

En su informe Desprotección Judicial en Tiempos del COVID-19, publicado en marzo de este año, la organización calificó las acciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla con 47.6 puntos de 100 disponibles.

Esto posiciona a Puebla en la evaluación como la treceava entidad del país, debido a la ausencia de algunas herramientas y mecanismos útiles para proteger a las mujeres que sean violentadas durante el aislamiento recomendado para evitar la propagación del virus.

Sin embargo, el 1 de abril pasado el TSJ de Puebla manifestó ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) haber adoptado por lo menos cinco medidas para proteger a las víctimas de violencia de género y mantener la impartición de justicia en temas que involucren a menores de edad.

En el informe presentado un mes antes por EQUIS Justicia para las mujeres, se evaluaron los comunicados y las acciones implementadas por los Poderes Judiciales de los 32 estados del país. La situación no es alentadora: en 19 estados del país se evaluó a los tribunales con menos de 50 puntos.

Fuente: Desprotección Judicial en Tiempos del COVID-19, de EQUIS Justicia para las mujeres.

Entre las medidas analizadas se encuentran el proceso de emisión de órdenes de protección en materia familiar y penal, medidas precautorias en materia familiar y en materia penal, el otorgamiento de pensión alimenticia, el funcionamiento de los Centros de Convivencia Familiar y las políticas laborales internas para responder a las necesidades del personal frente a la crisis sanitaria.

En concreto, de estas seis medidas Puebla sólo implementó tres: la emisión órdenes de protección en materia familiar y penal, el otorgamiento de pensión alimenticia y políticas laborales para las necesidades del personal.

Fuente: Desprotección Judicial en Tiempos del COVID-19, de EQUIS Justicia para las mujeres.

En el informe se resalta la ausencia de medidas precautorias y de medidas de protección en materia penal, que tienen como objetivo proteger a la víctima desde el comienzo de la investigación de cada caso.

Esta situación resulta sumamente preocupante, pues, a decir de distintas especialistas consultadas por Manatí, durante el confinamiento se prevé un alza de la violencia contra las mujeres.

También debes leer: Prioriza gobierno conciliación entre víctimas de violencia familiar y agresores

En julio de 2017, EQUIS Justicia para las mujeres también emitió un informe sobre los Centros de Justicia para la Mujer (CEJUM) de los estados del país. En Puebla, el Centro recibió 5 millones de pesos, atendió a más de 15 mil personas entre 2011 y 2016, y contaba con un personal de 37 personas.

TSJ dijo haber tomado medidas durante confinamiento

Ante la Conavim, que solicitó a los 32 Poderes Judiciales instalar juzgados de guardia para la tramitación urgente de cuestiones relacionadas a una vida libre de violencia y acceso a la justicia para las mujeres, el TSJ dijo haber adoptado medidas para al menos cinco casos durante esta contingencia.  

En específico, medidas para casos relacionados con separación provisional de personas, depósito de menores de edad, medidas de protección a mujeres que viven violencia, juicios de alimentos y consignación y entrega de billetes o depósitos.

Según el acuerdo presentado por el Poder Judicial ante la Conavim, las medidas se adoptaron desde el 13 de marzo.

Con información de Mario Galeana

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