PALOMA FERNÁNDEZ | @PalomaPEN
Frente a la inacción de las autoridades, un grupo de organizaciones de feministas se han reunido en torno a la creación de un manifiesto para prevenir, sancionar y atender con urgencia la violencia de género y familiar durante el confinamiento social.
La Asamblea Feminista 2.0, integrada sobre todo por activistas y colectivas, exhortó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a crear un plan de emergencia con perspectiva de género dirigido a la atención y prevención de las distintas formas de violencia contra la mujer.
Los números suponen que el confinamiento ha convertido algunos hogares en espacios álgidos. La Fiscalía General del Estado (FGE) reporta un crecimiento del 28% en violencia intrafamiliar, pues en el mes de enero y febrero de 2020, los casos reportados estimaban entre 738 y 795, pero para el mes de marzo los casos aumentaron a 981.
A esto se suma el incremento nacional de llamadas que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Norma Pimentel, integrante de la asamblea, denunció a través de una conferencia de prensa el riesgo al que están expuestas las adolescentes y las niñas por la ausencia de políticas públicas de salud sexual reproductiva, pues quedan en confinamiento con sus agresores sexuales.
“Todas las autoridades a nivel internacional, nacional y local están llegando a esta coincidencia, están reconociendo que existe una situación de mayor vulneración para las mujeres desde sus espacios domésticos, pero de ahí no estamos pasando, no estamos pasando a observar cuáles van a ser estas acciones específicas para la recuperación de la seguridad de niñas y de todas las mujeres en la diversidad”, dijo.
María Elena Bravo, representante también de la asamblea, hizo un llamado a la adecuación y atención de las mujeres indígenas y en zonas rurales, donde los programas sobre la prevención y acción del COVID-19 no son accesibles para las personas, pues al no ser trasladados en una lengua materna, derivan en la desinformación del sector.
Asimismo, el acceso a una canasta básica se ha visto afectado por un aumento considerable en el precio de los productos, limitando y a su vez afectando a la población indígena que “se ve expuesta inclusive en elementos básicos como los alimentos”, recalcó.
Christian Guzmán, integrante de la asamblea, resaltó la importancia de las campañas de derechos sexuales y reproductivos y el acceso a una consejería sexual que igualmente garantice el acceso a métodos anticonceptivos.
El manifiesto destaca, entre otros puntos, la necesaria implementación de mecanismos dirigidos a hombres, tales como campañas preventivas de la violencia, o mecanismos de acción que consideren sacar a un violentador del hogar en lugar de la mujer, pues el tener que salir de un hogar violento genera un proceso revictimización para las mujeres.
Por otra parte, el documento recalca la urgencia de mejorar los mecanismos de denuncia y atención, la infraestructura y los recursos de los refugios, casas de acogida y centros de justicia para mujeres, así como la implementación de personal capacitado y con perspectiva de género que atienda en todo sentido al llamado de ayuda.
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Algunas de las integrantes de la Asamblea Feminista 2.0 son Natalí Arias, coordinadora general de Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (CAFIS) A.C.; Edurne Ochoa, presidenta de 33 Mujeres; Norma Pimentel, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Puebla (BMA); María Elena bravo, miembro de CAFIS A.C.; Christian Guzmán, miembro de 33 Mujeres, y la activista Alma Edith Sánchez.
