Las feministas que tomaron el Congreso congregaron una mesa en la que se discutieron los pocos resultados de la Alerta de Violencia de Género en Puebla.

MARIO GALEANA | @MarioGaleana_

Aunque el gobierno del estado presume que ha realizado 159 acciones para inhibir la violencia de género en Puebla en los últimos años, la efectividad de estas medidas no ha reflejado una disminución significativa en los principales delitos cometidos contra mujeres.

Es más, el plan de acción de las autoridades locales para atender la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), declarada desde el 8 de abril de 2019 en 50 municipios del estado, ni siquiera es sometido a una revisión periódica para analizar si realmente ha servido para algo.

Las deficiencias de este plan de acción han sido puestas sobre la mesa por las mujeres feministas que desde el 24 de noviembre mantienen tomado uno de los salones legislativos del Congreso local.

Ayer, las manifestantes congregaron en una mesa de diálogo virtual a representantes de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género (Conavim), a la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, a distintas organizaciones civiles de derechos para las mujeres, y a reconocidas académicas de la BUAP e Ibero.

De forma paradójica, el gobierno del estado, el Congreso local, el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado —tres poderes y una institución decisivas en la aplicación de las medidas— decidieron ausentarse de la mesa.

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De inicio, las representantes de la Coordinadora Feminista de Puebla presentaron un abanico de números para reflejar que el plan de acción no ha funcionado: el estado es uno de los pocos en todo el país donde las denuncias por mujeres desaparecidas superan a las de los hombres, es el quinto con más feminicidios a lo largo de 2020 y las denuncias por violencia sexual y familiar tienen, al menos, un incremento de dos dígitos.

“El 8 de octubre de 2019 se presentó el último informe sobre estas medidas, pero consideramos que no cumple con el rigor necesario y merece mayor puntualización sobre los métodos y resultados. No hay información muy concreta sobre los reportes de cada dependencia e instancia”, recalcó una de las manifestantes.

Y, lejos de rebatir la falta de eficacia, el resto de las autoridades y representantes universitarias respaldaron este planteamiento.

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, por ejemplo, dijo que las acciones propuestas por Conavim se dictan de forma “vertical”, sin mayor coordinación entre las autoridades municipales y estatales.

“No se puede construir el programa y después tratar de construir a sus integrantes, a las personas que lo van a aplicar. Eso provoca que caigan de manera vertical”, dijo.

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La académica Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla, señaló que hasta ahora ha observado que los ocho subcomités creados por las autoridades estatales para aplicar las medidas no analizan si se han obtenido o no resultados.

“El reto es ese, no sólo que se implementen, sino que haya una etapa de evaluación de impactos. Esa es la cuestión”, resaltó.

Hasta ahora, el gobierno del estado ha dicho que ha aplicado 63 acciones preventivas, 48 acciones de seguridad y 48 más de justicia y reparación para cumplir con el plan de acción que propone la declaratoria de AVGM.

Sin embargo, hasta ahora no hay una resolución sobre la efectividad o el cumplimiento de éstas, debido a que la Conavim no generó la metodología de seguimiento e indicadores, de acuerdo con la Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, quien fue entrevistada por CIMAC a finales de julio de este año.

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Durante la reunión, las mujeres feministas que encabezan la toma del Congreso local también llamaron a la revisión de los protocolos de denuncias por acoso y hostigamiento al interior de los planteles universitarios.

La directora de Prevención y Atención de Violencia de Género en la BUAP, María del Carmen García, reconoció que las denuncias por estos hechos han aumentado en la universidad, pero consideró que esto sólo se debe a un mayor acceso a los protocolos institucionales del plantel.

“No niego que haya un incremento en la violencia. Pero se ha acentuado la presentación de las quejas; sí, cada vez hay más chicas —en el caso de estudiantes— o más docentes que presentan ante la oficina de la abogada, y esto es favorable”, insistió.

Las participantes acordaron realizar más foros para evaluar la efectividad de las medidas adoptadas hasta ahora. Y, en lo que corresponde a las manifestantes, afirmaron que la toma pacífica del Congreso local se mantendrá en tanto que no existe un acuerdo con todas las autoridades involucradas.