La Ley Agnes, que reconoce el derecho de la identidad de género autopercibida o adoptada, fue aprobada en comisiones del Congreso de Puebla tras una serie de protestas de organizaciones civiles.

MARIO GALEANA | @MarioGaleana_

La Ley Agnes, congelada durante casi una década en el Congreso de Puebla, ha sido aprobada por las comisiones legislativas tras semanas de presión pública por parte de organizaciones trans, colectivas feministas y un llamado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a los diputados locales.

La ley que reconoce el derecho de la identidad de género autopercibida o adoptada de las personas trans fue aprobada con seis votos a favor y tres abstenciones, en una sesión realizada la tarde de este viernes 19 de febrero entre las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y Procuración y administración de Justicia.

Se prevé que durante la siguiente semana la ley sea presentada ante el pleno del Congreso del estado, para que así se modifique el Código Civil y se expidan nuevos documentos de identidad para las personas trans.

La Ley Agnes ha sido bautizada de este modo en honor a la activista transgénero Agnes Torres Hernández, pionera en la búsqueda del reconocimiento de este derecho y víctima de un crimen de odio en 2012.

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Y, sin embargo, la votación no fue producto de la voluntad política de una Legislatura que se asume de izquierda.

Fue la toma del Congreso de Puebla, encabezada por las organizaciones Coatlicue Siempre Viva y Coordinadora Feminista de Puebla, lo que llevó a la firma de un acuerdo en el que los diputados se comprometían a reconocer este derecho.

Pero la votación no se cumplió en tiempo y forma, como señaló la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, una de las dos promotoras de la reforma aprobada: “Recordemos que se tenía hasta el 15 de febrero para cumplir con el acuerdo (…) Qué bueno que desde un llamado local y nacional, y de esta efervescencia y organización que tuvo la propia sociedad —las propias colectivas, las organizaciones— es que estamos teniendo esta discusión”.

Rodríguez Sandoval trató de incluir un artículo transitorio para que la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal otorgara de forma gratuita los nuevos documentos de identidad para las personas trans, pero su solicitud fue rechazada por cinco de sus compañeros de bancada.

Durante la sesión, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Rocío García Olmedo, consideró que la reforma tenía visos de inconstitucionalidad que podrían suponer que la aprobación de la reforma era sólo una simulación por parte de la bancada mayoritaria, encabezada por el diputado Gabriel Biestro Medinilla.

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Para García Olmedo, la iniciativa sólo debía contemplar el reconocimiento del derecho de la identidad autopercibida o adoptada, y dejar que las autoridades estatales hicieran las adecuaciones correspondientes para garantizar la expedición de nuevos documentos.

Pero debido a que Vianey García Romero, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se negó a desahogar una por una las modificaciones propuestas por García Olmedo, y pidió que éstas le fueron enviadas en paquete, García Olmedo decidió reservar sus solicitudes hasta la sesión del pleno en la que participarán los 41 diputados locales que integran la LX Legislatura.

Y, en consecuencia, también decidió votar en abstención. También lo hicieron Mónica Rodríguez Della Vecchia, del PAN, y Carlos Alberto Morales Álvarez, de Movimiento Ciudadano, quienes no intervinieron para sugerir ninguna modificación al dictamen.

A favor de la reforma votaron García Romero, Biestro Medinilla, Tonantzin Fernández Díaz, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, Mónica Lara Chávez y Juan Pablo Kuri Carballo, del bloque Morena-PES-PVEM.