En los últimos ocho años se registraron 3 mil 875 desapariciones de personas en Puebla capital, 27 por ciento siguen sin ser encontradas hasta ahora. Los reportes de desaparecidos crecieron poco a poco, mientras en 2012 había un caso a la semana, en 2019 ya eran hasta dos al día en una ciudad identificada como parte del corredor de la trata de personas con fines de explotación sexual en el país y con presencia de grupos del crimen organizado
GUADALUPE JUÁREZ | @LupJMendez
En la capital de Puebla los postes de luz, las casetas telefónicas y las paredes se llenaron de carteles de “Se busca”, un día con el nombre de Claudia, al otro el de Antonio, al año siguiente el de Nadia Guadalupe y así, en los últimos ocho años*, 836 personas siguen desaparecidas.
Desaparecer en la capital del estado es hacerlo en medio de la ruta del corredor de trata de personas en el país, es hacerlo en la ciudad donde se ha anidado el crimen organizado resguardado en mercados municipales subsidiado por el narcomenudeo, de acuerdo con los señalamientos en los últimos dos años del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
Desaparecer, aquí en la ciudad —en donde uno de cada cinco reportes de desaparición, no se resuelve—, es hacerlo mientras operan grupos delictivos dedicados al robo de hidrocarburos sobre todo en juntas auxiliares como Santa María Xonacatepec y en colonias como Villa Frontera al norte de la capital y los grupos delictivos comienzan a organizarse con esquemas similares a los de las pandillas Estados Unidos.
Puedes desaparecer cuando sales de tu casa ubicada al sur o del trabajo en pleno Centro Histórico, si vas a la tienda o a la escuela…
A 439 hombres y 397 mujeres les buscan sus hijos, padres, hermanos, sobrinas y madres que revisan cámaras de seguridad, recorren calles y colonias enteras, tocando de puerta en puerta buscando alguna pista con la esperanza de dar con el paradero de sus seres queridos, ya sea vivos o muertos.
La búsqueda de Galilea
Cony ve en sus sueños a Galilea rodeada de gente en un lugar donde no quiere estar, pidiéndole ayuda. Cuando despierta lo hace llorando, recordando que hace más de dos años, su sobrina, aquella bebé que cargó en brazos cuando apenas era una adolescente y que vio crecer y convertirse en madre, desapareció.
La última vez que supo de ella fue en diciembre de 2018, el día que su cuñado vio a la joven de 21 años de edad hacer sus maletas y subir al vehículo de su pareja Omar Ramírez, con quien ya vivía, pero que había dejado en dos ocasiones por peleas constantes.
En la cena del 24 de diciembre de ese año, su hijo Luis (de 6 años de edad) y la familia Cruz Aguayo —originaria de Veracruz, radicada en la capital poblana desde hace décadas—, esperó que ella regresara para celebrar las fiestas decembrinas y con su hijo, pero su lugar en la mesa estuvo vacío esa noche, y también la de fin de año, y la de Día de Reyes. Galilea ya no regresó.
Galilea Cruz Aguayo desapareció el año en el que lo hicieron otras 768 personas, 338 hombres y 431 mujeres; 559 fueron localizadas, pero 210 no, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) obtenidas vía transparencia.
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Siguen sin aparecer 115 hombres y 95 mujeres, entre ellas Galilea, a quien un día Omar, su pareja, discutiendo la amenazó con “venderla”.
Cony Aguayo García quedó atónita cuando leía el mensaje en el celular que checaba a hurtadillas mientras su sobrina jugaba con Luis.
“Tú sabes a lo que me dedicaba”, le decía Omar a Galilea en una conversación en Facebook; Galilea cerró ese perfil y las conversaciones se perdieron, ya no hay rastro de las amenazas.
Esa frase reflejaba lo que pasaba entre ellos: noches en las que su sobrina llamaba sollozando y pedía a sus padres que fueran por ella porque habían discutido, llamadas justo cuando ella llegaba a la taquería de la familia en el centro, para asegurarse no se había desviado del camino de su casa al negocio, y a veces los muchos días sin verla, porque él le prohibía visitarles.
Galilea conoció a Omar a través de redes sociales, se hicieron amigos, luego pareja y al poco tiempo le pidió vivir con él, aceptó y llevó con ella a su hijo Luis, de 3 años, pero el niño no se adaptó y su madre decidió que se quedara al cuidado de sus tías.
Omar le dijo que la casa donde vivían, ubicada en Amozoc, era de su madre. Pero era mentira.
Cuando los padres de Galilea la fueron a buscar después de meses de ausencia, en febrero de 2019, descubrieron que era rentada, y ¿encontrar alguna pista sobre ellos? En ese momento parecía imposible, sólo tenían el nombre de la hermana de Omar y sabían que era veterinaria.
Así, lograron localizar a Omar. Él le dijo a Cony, la tía de Galilea, que ella ya no estaba con él, negó haber ido por ella a su casa y afirmó que habían terminado desde noviembre porque tenía un hijo con otra mujer y que ya no la había visto, pero que la iba a ayudar a buscarla.
“En ese momento fue cuando nos dimos cuenta que algo está pasando y si no está con el tipo y él niega tener comunicación con ella, ¿dónde está?”, relata su tía.
Pasaron varios meses para que la familia de Galilea decidiera interponer su denuncia, porque los padres de Galilea prefirieron esperar más para ver si su hija regresaba o se comunicaba; en el transcurso de la búsqueda recibieron un supuesto mensaje de texto de ella, pero cuando lo rastrearon descubrieron que lo habían enviado desde una caseta telefónica pública, en la que también es posible enviar mensajes.
“Estoy bien, voy a ir a ver al niño”, pero Galilea no llegó y entonces fue cuando decidieron interponer la denuncia de su desaparición.
Hasta ahora la Fiscalía General del Estado se ha limitado a girar oficios a dependencias estatales, a algunas que ni siquiera existen ya, incluso su personal se deslinda de entregarlos y se lo piden a la familia.
Un municipio en crisis
De 2012 a mayo de 2020, 47.4 por ciento de las personas que desaparecieron en la capital del estado y que siguen sin ser localizadas son mujeres.
En la capital del estado seis de cada 10 mujeres reportadas como desaparecidas de 2012 a mayo de 2020 son menores de 18 años de edad, la mayoría tienen entre 13 y 19 años, de acuerdo con datos de la FGE.
El municipio de Puebla concentra 38 por ciento de los casos de trata de personas, de acuerdo con el Informe del Registro Hemerográfico de trata de personas 2019, del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla.
En 2020, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad hubo 13 carpetas de investigación por el delito de trata de personas, nueve de ellas en la capital.
Ese año identificaron nueve casos de trata de personas en el municipio de Puebla. La fundadora del Colectivo La Voz de los Desaparecidos Puebla, María Núñez, apunta que el delito de desaparición estaría relacionado con otros ilícitos, entre ellos la trata de personas con fines de explotación sexual, secuestros y robos operados por bandas del crimen organizado.
Y comparado con otros municipios, a nivel nacional Puebla es el lugar 10 en secuestros, hostigamiento sexual y trata de personas, el noveno en violación simple y equiparada, el 13 en feminicidios y el cuarto lugar en robo de vehículos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, analizados por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla.
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La capital poblana registró en 2020 la sexta tasa de homicidios dolosos y feminicidios más alta dentro de los 10 municipios más poblados del estado, con 2.30 casos por cada 100 mil habitantes; en secuestro es la tercera con 0.12 y en violación es la quinta con 4.30, según un análisis de la incidencia delictiva del Instituto de Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).
Además, se mantiene activa la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, un mecanismo del gobierno federal que se implementó para intentar contener la violencia de género y delitos como el de trata de personas con fines de explotación sexual.
El gobernador Miguel Barbosa Huerta ha señalado en diversas ocasiones que en los mercados operan grupos delictivos que amagaban a los comerciantes de los centros de abasto con hacerles daño si no les pagaban cuotas.
“Aquí en Puebla (capital) la sede de muchas actividades delincuenciales está en la zona de mercados, las bandas criminales se apoderaron de los mercados y desde ahí operaron la mayoría de sus acciones”, afirmó en abril de 2020.
El pandillerismo también ha sido identificado por las autoridades como un problema de seguridad. El 4 de mayo de 2017, el alcalde Luis Banck Serrato confirmó que identificaron en Azumiatla –al sur de la ciudad—a jóvenes deportados de Estados Unidos “con cultura de calle y de las pandillas”
En 2016, desaparecieron más mujeres que hombres , siendo ellas a las que menos localizaron, con 95 casos contra 90 de los varones.
En 2017 desaparecieron más mujeres (299) y 221 hombres, y de ellas, sólo aparecieron 66 por ciento.
En esos expedientes apilados en algún escritorio en la Fiscalía, está el nombre de Nadia Guadalupe Morales Rosales, tenía 17 años de edad, cuando salió de su casa en Lomas de San Miguel para subir al microbús e ir a la escuela. Se despidió de su mamá, hizo la parada a una unidad de la Ruta 5 y esa fue la última vez que la vieron. Era 27 de octubre de 2017.
Desde ese día, Victoria Rosales Camacho y Javier Morales Flores, padres de Nadia, se enfrentaron a la omisión de las autoridades. Cuando fueron a la FGE para levantar la denuncia, les dijeron que no era necesaria la Alerta AMBER, porque su “vida no corría peligro”.
La Alerta AMBER independientemente de la denuncia o proceso penal que inicien las autoridades, es activada para ayudar a la pronta localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes con la difusión de la fotografía de los menores en medios de comunicación.
El sólo hecho que Nadia fuera una mujer menor de edad era suficiente para que la buscaran, sobre todo por el peligro que significa vivir en el corredor de la trata de personas en el país, pero no fue así, la FGE minimizó el caso.
El padre de Nadia hace un cálculo: si en una hora se viaja de la capital poblana a San Martín Texmelucan, en 10 horas una persona secuestrada puede ser llevada a otro estado o país, y por eso el temor de que, a más de tres años, todavía no encuentren a su hija.
La búsqueda de Nadia Guadalupe en los primeros meses les hizo descubrir que las cámaras del transporte público habilitadas en la unidad de transporte que abordó el día que desapareció, no sirven.
Tampoco han sido de utilidad las cámaras instaladas en la vía pública, pues de los registros obtenidos día a día, sólo falta el de ese 27 de octubre.
Desde que Nadia desapareció, para sus padres, su hermana y su sobrino la vida duele hasta al sentarse a comer, cuando ven la silla vacía en su mesa. La tristeza invadió su hogar y dejaron de adornar su casa en Navidad, porque era lo que más le gustaba hacer a ella.
En su lugar, hay fotos de ella en todas partes, incluso las hojas oficiales de búsqueda están pegadas en la pared como si fuera un altar.
En su recámara los postes con las imágenes de The Beattles –su banda favorita—siguen intactos pegados en la pared.
“Salimos y cada que necesitamos comprar algo, porque el cuerpo necesita alimento, me pregunto si mi hija está comiendo, si la maltratan. La vida cambia totalmente, tus amigos te dejan, se destruye toda la familia”, cuenta su papá.
Brandon y el futbol
La mañana del lunes 12 de junio de 2017, María Elena Ayuso vio a Brandon R. Ayuso levantarse temprano, le dijo que no tardaría y salió de su casa de la unidad habitacional San Bartolo con su mochila sobre la espalda y un sueño: ser portero de un equipo profesional de futbol.
No lo volvió a ver. A las 13:00 horas de esa tarde, llamó al celular de su hijo de 20 años, pero la mandaba a buzón.
Tres horas antes tenía una cita con Raúl, un amigo, quien le dijo que tenía “palancas” en el equipo de Lobos BUAP, le pidió sus documentos y quedaron de ir a entrenar a un club deportivo en La Noria. Pero nunca llegó, aunque alcanzó a decirle a su mamá que sí se encontró con él.
Raúl está detenido y vinculado a proceso desde noviembre del año pasado por la desaparición forzada de Brandon, pero a más de tres años, se sigue sin saber su paradero.
San Pedro Zacachimalpa y sus desaparecidos
En 2019 hubo 829 reportes de desaparición, 691 fueron localizadas y 138 siguen sin aparecer: 87 hombres y 51 mujeres.
El 16 de septiembre de ese año, Juan José Valdez y Luis Ángel Miguel Bolás desaparecieron en el centro de San Pedro Zacachimalpa, una de las 17 juntas auxiliares, ubicada al sur de la ciudad.
Al frente de la presidencia municipal, un edificio de apenas dos pisos, hay una iglesia del siglo VXII en honor a San Pedro Apóstol.
En San Pedro Zacachimalpa se habla de las desapariciones del lugar, de las últimas las de Juan José y Luis Ángel, pero se han registrado otros casos.
Juan José Valdez y Luis Ángel Miguel eran cuñados y los dos se fueron en su automóvil esa noche, relataron sus sobrinos con quienes quemaban pirotecnia.
Emma González, madre de Juan José y suegra de Luis Ángel, esperó y esperó junto a su hija que estaba embarazada y que sólo había entrado al sanitario para irse a casa.
Antes de pensar que algo malo le había pasado a su hijo, creyó que lo más lógico es que se hubiera ido a ver a su novia, quien vivía en el Centro Histórico, por eso no denunció hasta que pasaron tres días y Juan José ya no regresó.
Juan José trabajaba en un taller mecánico y era padre de una niña. A diferencia de otros casos, las autoridades sí revisaron su celular y la última geolocalización del 17 de septiembre arrojó una señal en Guerrero. Pero hasta ahí ha quedado la investigación, mientras Emma lidia con mantener a su familia.
Esa no fue la primera desaparición en la zona. El 1 de abril de 2016, a las 13:00 horas, Guadalupe Meza Flores vio a su hijo Miguel Ángel Campos Meza parado afuera del Centro de Salud, le dijo que iba a Tepeaca, se subió a un automóvil rojo y no lo volvió a ver.
Guadalupe buscó sola por todas partes, acudió a los periódicos impresos, a las televisoras, utilizó redes sociales para que la ayudaran a difundir el cartel con el rostro de su hijo, pero nadie accedió.
Ella es comerciante y se hace cargo de su nieta de 15 años de edad y un niño de dos años y medio.
Los familiares de personas desaparecidas en la capital del estado han encontrado un consuelo, el apoyo de La Voz de los desaparecidos Puebla –el único colectivo que hay en la capital del estado y en la zona metropolitana–, con quienes han podido ejercer presión para visibilizar sus casos, aunque la respuesta de la Fiscalía en cada carpeta es la misma: lentitud y pasividad.
La zona metropolitana
San Andrés Cholula no sólo es el municipio limítrofe con la capital poblana, también es un municipio en el que, como en muchos otros, el maltrato de las autoridades a los familiares, la criminalización y la revictimización, además del incumplimiento de protocolos en cada caso y el nulo avance de las investigaciones es parte del cotidiano.
En San Andrés se concentra el 20 por ciento de los casos de trata, de acuerdo con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia Estatal.
Aquí, desapareció Michell Jiménez Toxtle de 21 años de edad. Era lunes 18 de febrero de 2016. Griselda Toxtle fue al Oxxo e hizo una recarga telefónica al celular de su sobrino, como lo hacía siempre que él se lo pedía en mensaje de texto, pero cuando quiso confirmar que la había recibido, él ya no respondió. Esa fue la última vez que supo de él.
Cuando fue a su trabajo a buscarlo, sus jefes le entregaron los documentos de Michell y le dijeron que había pedido permiso para visitar a un tío, pero nunca llegó con ese familiar.
Dos días después, su tía fue al Ministerio Público, y las personas que la atendieron desestimaron su denuncia, primero le pidieron que buscara con sus amigos y “si no lo encontraba, regresara después”. Lo hizo al día siguiente.
Pero Griselda se enfrentó a la insensibilidad de las autoridades, la persona que lo atendió en el Ministerio Público de San Andrés Cholula, al ver la fotografía le dijo que era “simpático”, que se había ido de fiesta y que aparecería después de unos días. Otro, le dijo que era gay. Uno más, que se pudo haber ido de “mojado” a Estados Unidos.
“Yo les respondí: sea lo que sea, quiero que ustedes lo busquen. La verdad se portaron muy mal, no sienten lo que es el momento cuando tenemos un desaparecido, empiezan a cuestionar en lugar de que lo busquen en ese momento. No buscan a la persona. Si es buena o mala, yo quería que lo buscaran”.
Han pasado casi cinco años y su familia sigue sin saber nada de Michell, ni siquiera han hecho la revisión a la sábana de llamadas de su celular.
En San Andrés Cholula de 2012 a 2020 han reportado 109 desapariciones, de estas personas desaparecidas 85 fueron localizadas, pero 24 no. De ellos 15 son hombres y nueve mujeres.
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Las familias de Galilea, Nadia, Juan José, Luis Ángel y Michell los siguen buscando, pese a todo, el tiempo, los recursos limitados, el dinero para trasladarse a la Fiscalía para buscar informes, el cansancio y a las autoridades que han sido omisas en cada uno de los casos registrados en Puebla, la ciudad del “Se busca” y su zona conurbada.